INFOGO DIARIO | ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

MINERÍA | LEGISLATURA DEL NEUQUÉN

La Cámara de Productores Mineros de Zapala llevó a la Legislatura del Neuquén una serie de propuestas para modificar el proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Minero, con el objetivo de reducir obstáculos administrativos, garantizar seguridad jurídica y establecer condiciones equitativas para el desarrollo de la actividad.

La exposición se realizó ante la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, que recibió a representantes de la Cámara de Comercio de Zapala y de la entidad minera en formación.

Durante el encuentro, Juan Lozano, Julio Álvarez, Fernando Pestalardo y Juan Colombino plantearon la necesidad de revisar distintos aspectos de la iniciativa, particularmente aquellos que podrían afectar la continuidad productiva de los emprendimientos de menor escala.

Una actividad con 400 productores y necesidades diferentes al sector petrolero

Juan Lozano, referente de la Cámara de Productores Mineros, recordó que en la provincia existen aproximadamente 400 productores activos, principalmente vinculados con la extracción de arcillas y piedra laja destinadas a la industria de la construcción.

En ese contexto, reclamó una normativa que contemple las particularidades económicas y operativas de la minería tradicional.

Entre sus pedidos se destacan la simplificación de trámites, la adecuación de los plazos de notificación y la revisión del régimen de multas, al considerar que no corresponde aplicar criterios similares a los utilizados para actividades extractivas de mayor escala, como la petrolera.

Por su parte, Fernando Pestalardo explicó que el sector está conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, además de productores unipersonales, cuya capacidad administrativa y financiera es considerablemente menor que la de los grandes emprendimientos.

El representante acompañó el objetivo del proyecto de combatir la especulación en el otorgamiento de concesiones mineras, aunque solicitó instrumentos alternativos que permitan alcanzar ese propósito sin perjudicar a quienes efectivamente desarrollan la actividad.

Expedientes demorados y obstáculos para comercializar minerales

Uno de los cuestionamientos centrales estuvo vinculado con los tiempos de respuesta del Estado provincial.

Pestalardo advirtió que las demoras administrativas pueden generar dificultades logísticas y económicas, especialmente cuando afectan la emisión de las guías necesarias para retirar y transportar minerales desde los yacimientos.

Fernando Pestalardo: “No podemos sacar ni un gramo de mineral del yacimiento sin esta aprobación”.

En la misma línea, Juan Colombino señaló que actualmente existen entre 50 y 60 expedientes demorados en dependencias administrativas.

Según explicó, parte del problema responde a la duplicación de requerimientos que deben presentarse tanto ante organismos de Medio Ambiente como de Minería, lo que prolonga los procedimientos y dificulta la actividad productiva.

Los representantes también solicitaron mayor flexibilidad en la utilización del expediente electrónico, instancias intermedias de mediación y una definición jurídicamente precisa del concepto de “yacimiento en reserva”.

Cuestionamientos al trato preferencial de Cormine SE

Otro de los puntos que concentró la discusión fue el papel asignado a Cormine SE, la empresa minera estatal provincial, frente a concesiones que quedan vacantes, vencen o registran falta de inversión.

Los productores cuestionaron que la compañía pueda contar con prioridad para acceder a esas áreas y reclamaron igualdad de oportunidades entre el sector público y los operadores privados.

Colombino sostuvo que, de mantenerse algún mecanismo de preferencia para la empresa estatal, deberían exigírsele las mismas obligaciones administrativas, técnicas y legales que deben cumplir los concesionarios privados.

El planteo introduce una discusión sobre el equilibrio entre la participación del Estado en la actividad minera y las condiciones de competencia para los productores locales.

La Legislatura analiza cambios al proyecto

Al comenzar la reunión, el presidente de la comisión, Damián Canuto (PRO-NCN), anticipó que se trabaja en un despacho alternativo para modificar aspectos del texto original.

Entre las principales novedades figura la propuesta de incorporar como norma supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo N.º 1289, en reemplazo del Código Procesal Civil Adversarial aprobado el año pasado.

La discusión continuará en el ámbito legislativo, donde deberán evaluarse las observaciones del sector antes de avanzar con la nueva regulación.

El debate excede la simplificación de trámites: también pone en discusión la competitividad de la minería de baja escala, la seguridad jurídica de las concesiones y el equilibrio entre las obligaciones que impone el Estado y las condiciones reales en las que trabajan los productores.

Para Zapala y su zona de influencia, donde la actividad minera constituye parte de la estructura productiva regional, el resultado de este proceso legislativo tendrá incidencia sobre la continuidad de los emprendimientos y sus posibilidades de desarrollo.