Neuquén debate bloquear celulares clandestinos dentro de las cárceles provinciales

Neuquén abrió un nuevo debate sobre el control de las comunicaciones dentro de las cárceles provinciales. La diputada Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir, presentó dos proyectos destinados a evaluar la implementación de un sistema que permita detectar teléfonos celulares y tarjetas SIM utilizados de manera clandestina dentro de los establecimientos penitenciarios y gestionar posteriormente su bloqueo.

Las iniciativas ingresaron este 2 de noviembre bajo los números 18.776 y 18.777 y contemplan, por un lado, la adhesión provincial al esquema federal vigente y, por otro, un pedido de información sobre su factibilidad técnica, económica y operativa.

La propuesta toma como referencia el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, creado por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 806/2026. El sistema permite que las provincias que adhieran detecten dispositivos activos dentro de las cárceles y comuniquen esos datos a Nación para que las compañías telefónicas procedan a su inhabilitación.

Qué son el IMEI y el IMSI

El mecanismo no apunta solamente al número de teléfono.

El IMEI funciona como una identificación única del aparato físico, mientras que el IMSI permite identificar la tarjeta SIM asociada a una línea móvil.

Cuando un equipo no autorizado es detectado dentro del perímetro de una cárcel, el procedimiento nacional contempla que puedan bloquearse el dispositivo, la tarjeta SIM y la línea asociada, evitando que simplemente se cambie el chip y el mismo teléfono vuelva a utilizarse.

La normativa nacional establece que las prestadoras de servicios móviles deben proceder al bloqueo cuando reciben la solicitud correspondiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El argumento: impedir delitos organizados desde prisión

Buchiniz fundamenta su propuesta en el riesgo que implica el ingreso clandestino de teléfonos celulares a las unidades de detención.

Según plantea la legisladora, estos dispositivos pueden ser utilizados para estafas telefónicas, extorsiones, amenazas o coordinación de actividades delictivas con personas que se encuentran fuera de los establecimientos penitenciarios.

El propio programa nacional fue creado con ese objetivo: impedir que organizaciones criminales con integrantes detenidos utilicen tecnologías de comunicación para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde el interior de las cárceles.

La diputada sostiene además que las requisas físicas tradicionales tienen limitaciones frente a equipos cada vez más pequeños y fáciles de ocultar, por lo que propone complementar esos controles con herramientas tecnológicas.

No se trata de intervenir llamadas

Uno de los puntos que el proyecto busca diferenciar es el bloqueo técnico de los equipos de la interceptación de comunicaciones.

La iniciativa no habilita la escucha de conversaciones ni el acceso al contenido de mensajes sin intervención judicial.

El objetivo es identificar dispositivos o líneas que se encuentran activos dentro de sectores penitenciarios donde su utilización no está autorizada y tramitar su baja.

El esquema también contempla mantener las comunicaciones legales de las personas privadas de su libertad mediante los canales oficiales habilitados, preservando al mismo tiempo las garantías previstas por la legislación vigente.

Cómo funcionaría el sistema

Si Neuquén adhiere al programa, la Provincia mantendría el control operativo de sus establecimientos penitenciarios y debería instrumentar los mecanismos técnicos para detectar los dispositivos.

El Ministerio de Seguridad Nacional actuaría como intermediario ante las compañías telefónicas para solicitar los bloqueos correspondientes.

La Resolución 806/2026 establece precisamente una ventanilla única nacional para recibir la información proveniente de las provincias adheridas y canalizarla hacia las empresas de telefonía móvil.

Además, el sistema debe quedar limitado territorialmente a las zonas de detención y a los sectores de acceso restringido, con el objetivo de evitar que las medidas afecten comunicaciones legítimas fuera del perímetro carcelario.

Un pedido para conocer la situación actual

Junto con la propuesta legislativa, Buchiniz presentó un proyecto de resolución para conocer qué mecanismos funcionan actualmente en las cárceles neuquinas para impedir el ingreso y utilización ilegal de teléfonos celulares.

También solicita información sobre eventuales gestiones del Ejecutivo provincial ante Nación y sobre la viabilidad económica y técnica de incorporar el nuevo sistema.

La decisión final, por lo tanto, todavía está lejos de encontrarse implementada: las iniciativas deberán atravesar el tratamiento legislativo y, en caso de avanzar, Neuquén tendrá que formalizar su adhesión y definir cómo instrumentará el procedimiento dentro de sus unidades de detención.

La diputada Brenda Buchiniz integra actualmente el bloque Cumplir en la Legislatura provincial.

El debate que comienza en Neuquén apunta así a trasladar parte del control penitenciario al terreno tecnológico: no sólo encontrar el celular durante una requisa, sino detectar cuándo se activa dentro de una cárcel y dejarlo técnicamente fuera de servicio.