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JUNÍN DE LOS ANDES | NARCOMENUDEO

La organización operaba mediante una estructura de distribución de drogas en distintos sectores de la ciudad. La investigación permitió establecer que comercializaban cocaína en plazas y espacios públicos, utilizando billeteras virtuales para transferir el dinero recaudado. Dos integrantes recibieron penas de prisión efectiva y otros cuatro fueron condenados en suspenso.

Una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Neuquén culminó con la condena de seis personas vinculadas a una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Junín de los Andes, que operó durante los primeros meses de 2026.

El acuerdo judicial fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y contempló el reconocimiento de responsabilidad penal de los seis acusados, con penas que van desde tres años de prisión condicional hasta seis años de cumplimiento efectivo.

Cómo funcionaba la organización

Según acreditó la investigación, la estructura delictiva operó entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026, mediante una distribución organizada de funciones que incluía adquisición, almacenamiento, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Miguel Ángel Aguirre, identificado como líder del grupo, coordinaba la obtención de cocaína y su preparación en dosis de aproximadamente 0,5 gramos, utilizando distintos domicilios como puntos de acopio.

La comercialización se concretaba principalmente en plazas y en la vía pública, mientras que el dinero obtenido por los vendedores era transferido al organizador mediante billeteras virtuales.

Durante los allanamientos realizados el 2 de mayo, las fuerzas de seguridad secuestraron 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína, además de elementos relacionados con la actividad investigada.

Las seis condenas acordadas

El tribunal estableció distintas penas de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada integrante:

- Miguel Ángel Aguirre: 6 años de prisión efectiva y multa, como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

- Tomás Fausto Giménez: 3 años y 6 meses de prisión efectiva y multa. Fue considerado partícipe secundario del comercio agravado de drogas, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Cumplía tareas de almacenamiento y fraccionamiento en el barrio Nehuenche.

- Mario Rubén Aguirre: 3 años de prisión condicional, multa y reglas de conducta durante cuatro años, por participación secundaria en el comercio agravado de estupefacientes.

- Armando Héctor Ricci: 3 años de prisión condicional, multa y reglas de conducta por tres años, bajo la misma calificación legal.

- Jeremías Emanuel Dinamarca: 3 años de prisión condicional, multa y reglas de conducta por dos años, como partícipe secundario.

- Eric Ezequiel Arriagada: 3 años de prisión condicional, multa y reglas de conducta por dos años, también como partícipe secundario.

Decomiso de dinero, armas y elementos utilizados para la venta

Como parte de la resolución, el tribunal ordenó el decomiso de más de 5,2 millones de pesos y 400 dólares, considerados producto de la actividad ilícita.

También dispuso la incautación y destrucción de balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares y una pistola calibre .22.

Los cuatro condenados a penas de ejecución condicional deberán cumplir medidas de control, entre ellas fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, someterse al seguimiento de la Dirección de Población Judicializada, evitar cualquier contacto entre integrantes de la organización y respetar las restricciones vinculadas con sustancias estupefacientes.

Cuándo comenzarán a cumplir las penas de prisión efectiva

Debido a que las partes no renunciaron a los plazos legales de impugnación, las penas de cumplimiento efectivo impuestas a Miguel Ángel Aguirre y Tomás Fausto Giménez comenzarán a ejecutarse una vez vencidos esos términos procesales.

Para el 18 de noviembre de 2026 está prevista la audiencia de constitución de detenidos.

La resolución judicial representa el cierre de una etapa central de la investigación contra una estructura organizada de narcomenudeo, cuyo funcionamiento combinaba puntos de almacenamiento, vendedores en espacios públicos y mecanismos digitales para administrar el dinero obtenido de la comercialización de drogas.