Avanza la causa: pedirán la imputación formal de Gloria Ruiz por fraude y enriquecimiento ilícito

La exvicegobernadora de Neuquén y actual candidata a diputada nacional por Desarrollo Ciudadano, Gloria Ruiz, afronta un nuevo capítulo en la investigación judicial que la involucra. La Fiscalía de Delitos Económicos solicitará en los próximos días que se fije fecha para la audiencia de formulación de cargos, en la que se le atribuirán los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.

La dirigente, que ya había sido destituida en diciembre pasado por decisión mayoritaria de la Legislatura provincial, vuelve así al centro de un escándalo que marcó un hito en la política neuquina. Junto a ella también serán acusados su hermano, Pablo Ruiz, y la exsecretaria de Cámara, Isabel Richini, además de otros exfuncionarios de la Legislatura.

El patrimonio bajo sospecha
Entre los puntos centrales de la imputación se encuentra la compra de una camioneta Toyota SW4 modelo 2024, valuada en más de 76 millones de pesos al momento de su adquisición. Peritajes contables determinaron que Ruiz no contaba con ingresos suficientes, en su rol de vicegobernadora, para justificar esa operación. Para la fiscalía, este hecho constituye un indicio clave del presunto enriquecimiento ilícito.

Contrataciones directas y presunto fraude
Otro de los ejes de la investigación apunta a las contrataciones realizadas durante su gestión al frente de la Legislatura. Según la fiscalía, Ruiz intervino en acuerdos directos con la empresa BIG SUR Marketing SAS para la producción de piezas publicitarias, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado provincial superior a los 45 millones de pesos.

Los investigadores sostienen que parte de ese material fue utilizado en las redes sociales personales de la exvicegobernadora, incumpliendo la normativa que prohíbe la personalización de actos de gobierno. En este punto, Richini habría actuado como partícipe necesaria, firmando y avalando los contratos.

La trama paralela
El expediente también incluye la actuación de Pablo Ruiz, excoordinador general de la Casa de las Leyes, acusado de gestionar contrataciones irregulares con el proveedor Pedro Ariel Sauer. La investigación reveló que, sin acreditar urgencia ni excepción, se emitieron pagos por más de 45 millones de pesos en servicios de gráfica y publicidad.

 
La definición de la audiencia de formulación de cargos marcará un paso decisivo en una causa que amenaza con tener fuerte repercusión política en plena campaña electoral.