Celulares fuera del aula y ley contra la violencia escolar

La Legislatura de Neuquén sancionó este miércoles dos leyes claves: la regulación del uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, y un régimen para prevenir y sancionar agresiones contra docentes. Ambas medidas obtuvieron un amplio respaldo legislativo y fueron celebradas como parte de una política pública que busca priorizar el aprendizaje, la salud mental y el respeto dentro del ámbito escolar.

CELULARES PROHIBIDOS: UNA LEY CON CONSENSO Y ALCANCE NACIONAL
Con 23 votos a favor y apenas uno en contra, Neuquén se convirtió en la primera provincia del país en aprobar por ley la limitación del uso de teléfonos móviles dentro de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. La medida abarca todos los niveles: en los jardines de infantes el uso estará completamente prohibido; en el nivel primario, solo se permitirá con fines pedagógicos específicos y con autorización familiar; mientras que en la secundaria será necesaria una justificación pedagógica, aunque no se requerirá aval parental.

Quedarán exceptuadas las situaciones de emergencia o los casos de estudiantes con discapacidad que necesiten el celular como herramienta de apoyo.

La reglamentación –que quedará en manos del Ministerio de Educación provincial– será la clave para determinar aspectos operativos: si alcanza con que el dispositivo esté apagado y guardado, o si se establecerá un lugar específico para depositarlos durante la jornada escolar.

La normativa apunta a combatir las distracciones, reducir problemas de salud asociados al uso excesivo de pantallas (como miopías tempranas y trastornos de ansiedad) y, sobre todo, a recuperar la centralidad del vínculo pedagógico.

Carlos Coggiola (Neuquén Federal), uno de los impulsores del proyecto, subrayó el fuerte respaldo social a la ley: “Hace falta una normativa que respalde a la autoridad educativa. Esto no es censura, es sentido común y cuidado”.

Desde Juntos por el Cambio, César Gass también defendió la norma citando estudios que demuestran cómo el uso del celular en el aula deteriora el rendimiento escolar y la capacidad de concentración.

Gisselle Stillger (Arriba), encargada de sintetizar los distintos proyectos, resumió el espíritu de la norma como “una ley buena, bonita y barata”. Y agregó: “No es una ocurrencia ni un salto al vacío, está basada en evidencia científica y apunta al interés superior del niño”.

Solo Andrés Blanco (PTS-FIT) votó en contra, al considerar que la medida podría generar tensiones en la relación entre estudiantes y docentes.

LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOCENTE: RESPALDO POLÍTICO TRAS CASOS GRAVES
En la misma jornada legislativa, se sancionó también una ley que establece sanciones contravencionales para quienes ejerzan violencia –física o verbal– contra docentes, dentro o fuera del ámbito escolar. La iniciativa, que surgió del sindicato ATEN, fue modificada por el oficialismo para incluir además la creación de una comisión que diseñe políticas de prevención.

La votación fue aún más abrumadora: 25 votos positivos, un rechazo desde las filas libertarias y dos abstenciones de la izquierda. La norma prevé multas, tareas comunitarias e incluso arrestos para los agresores, en una provincia donde ya se registraron episodios alarmantes de violencia escolar, como el ocurrido en el colegio San Martín, donde una madre golpeó a un grupo de docentes.

UN MENSAJE POLÍTICO CLARO EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Ambas leyes representan algo más que medidas escolares: son señales políticas en tiempos de incertidumbre. Con una sociedad atravesada por la hiperconectividad, la ansiedad y los conflictos crecientes en ámbitos antes considerados seguros, el Estado neuquino asume una postura clara: proteger la educación como espacio de aprendizaje, salud y respeto.

En un clima legislativo donde muchas veces reinan las disputas estériles, la aprobación de estas normas con amplio consenso deja una conclusión política ineludible: cuando la educación se pone en el centro, las diferencias partidarias se pueden dejar de lado. Y es allí donde el poder político vuelve a conectarse con la ciudadanía.