Revés judicial para los ganaderos patagónicos: la Justicia convalida la flexibilización sanitaria de Nación

Un nuevo capítulo se suma a la tensión entre el gobierno nacional y los productores patagónicos: la Justicia federal desestimó el amparo presentado por sociedades rurales de Río Negro contra la flexibilización de la histórica barrera sanitaria que impedía el ingreso de carne con hueso a la región.

El juez Hugo Greca, con asiento en Viedma, avaló la polémica resolución del SENASA al considerar que el organismo actuó dentro de sus competencias y que no hay elementos objetivos que demuestren un riesgo sanitario real. Más aún, señaló que no se acreditó la circulación del virus de fiebre aftosa en el país, lo cual refuerza el cambio de política implementado por Nación.

Las entidades rurales habían cuestionado no solo el fondo de la medida, sino también la forma: sostuvieron que el SENASA no estaba habilitado a modificar el status sanitario sin un proceso de consulta, especialmente tras la sanción de la Ley Bases, que exige participación previa de sectores involucrados en decisiones administrativas de alto impacto.

Pero Greca fue contundente. En su fallo de nueve páginas, dejó en claro que la Ley 23.899 faculta expresamente al SENASA para "programar y ejecutar acciones tendientes a prevenir y erradicar enfermedades animales", y que, por lo tanto, la resolución cuestionada no vulnera ningún principio legal.

La sentencia también desarma uno a uno los argumentos técnicos de los ruralistas. El juez respaldó el informe elaborado por la Dirección de Planificación y Estrategia de Sanidad Animal del SENASA, que asegura que los cambios en el Programa Nacional responden a criterios epidemiológicos y alineamientos con normativas internacionales de la OMSA.

“La parte actora no aportó ni un solo elemento técnico que refute con solvencia el informe presentado”, advirtió el magistrado. Y agregó: “Solo se limitan a invocar un supuesto perjuicio económico sin base sanitaria demostrada”.

Incluso desestimó el planteo que vincula la medida con una supuesta afectación al derecho de propiedad de los ganaderos patagónicos. Según Greca, ese capital intangible —el status de zona libre de aftosa sin vacunación— no fue vulnerado, ya que no se demostró que la resolución provoque un daño concreto o verificable.

 
📌 Opinión: ¿se cae el relato del “muro sanitario”?
Este fallo judicial no solo da un espaldarazo al SENASA, sino que deja expuesto el trasfondo político del reclamo ganadero: ¿defensa sanitaria o proteccionismo disfrazado?

En un contexto donde Nación apuesta a mayor integración comercial y reducción de barreras internas, la resistencia patagónica parece más motivada por intereses de mercado que por criterios técnicos. El blindaje sanitario fue durante años una fortaleza económica para los productores del sur. Pero con una nueva realidad epidemiológica y un fallo judicial que respalda la mirada nacional, esa muralla comienza a resquebrajarse.