Fraude millonario con planes sociales: la red que usó la pobreza para enriquecerse

El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén sigue arrojando datos que rozan lo grotesco. Este jueves, la fiscalía expuso que Isabel Montoya, una de las imputadas, aparece como titular de un terreno valuado en 34 mil dólares en un barrio cerrado de Plottier. La operación se habría hecho en 2022, en cuotas y con parte de pago en efectivo y un automóvil. La adquisición, por supuesto, no guarda relación con los ingresos declarados por Montoya, quien además es pareja de Néstor Sánz, sindicado como uno de los cerebros de la maniobra delictiva.

La fiscalía –representada por Andrés Vignaroli y Pablo Kohon– intenta probar que Montoya y Sánz formaron parte de una organización con capacidad logística, contactos políticos y una maquinaria para vaciar fondos destinados a personas sin trabajo. Una estructura tan aceitada que incluso llegó a generar “una apariencia de legalidad”, como sostuvo un auditor de la Contaduría General de la Provincia, otro de los testigos clave de esta jornada.

Planes sociales como caja paralela
El perito declaró que, entre enero y junio de 2022, detectaron que los listados de beneficiarios que llegaban al Ministerio de Desarrollo Social no coincidían con los montos que efectivamente se pagaban. Mientras a unos se les asignaban $7.000, a otros $8.000, sin justificación técnica ni legal, lo cierto es que el monto total girado mes a mes permanecía constante. La sospecha: parte del dinero era recortado y redistribuido hacia otros fines.

Más aún, la investigación ya no se limita a un caso de corrupción administrativa. Lo que está en juego es si los recursos del Estado fueron utilizados para financiar, de forma encubierta, campañas del Movimiento Popular Neuquino (MPN), fuerza que gobernó la provincia hasta 2023 y que tuvo entre sus filas al actual gobernador Rolando Figueroa. Las conexiones políticas y las fechas de los nombramientos dentro de la Dirección de Planes Sociales apuntan a que el desvío fue estructural, planificado y con fines electorales.

Una trama que supera los mil millones
Según los cálculos presentados en el juicio, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, se habrían apropiado de al menos el 18% de los fondos públicos asignados a subsidios por desempleo. Traducido a moneda actualizada, el fraude supera los mil millones de pesos. Una cifra obscena, considerando que los recursos estaban destinados a los sectores más vulnerables de la provincia.

Las imágenes exhibidas en el proceso muestran a Sánz y Montoya retirando dinero de un cajero del BPN, mientras los testimonios revelan que incluso se utilizaban testaferros y maniobras de simulación patrimonial, como la compra del terreno en Fincas del Nogal. La defensa intentó minimizar la operación, alegando que el terreno no está escriturado y es baldío, pero el administrador del barrio fue categórico: recibió el documento de compraventa y el teléfono de Sánz como contacto directo.

Soiza, el exfuncionario que aún no pisa una celda
Mientras tanto, Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, sigue cumpliendo prisión domiciliaria. Su defensor intentó liberarlo este jueves, pero el juez de Garantías, Luis Giorgetti, mantuvo la medida hasta el 25 de septiembre. Argumentó que, como el juicio continúa, los testigos podrían ser llamados nuevamente y no se puede garantizar que no entorpezca la causa.

Una vez más, la Justicia camina por la delgada línea que separa la garantía de los derechos del acusado de la necesidad de castigar con rigor una red de corrupción que no solo robó dinero, sino que también dinamitó la confianza ciudadana en los mecanismos de asistencia social.

La causa avanza y deja al desnudo una verdad incómoda: en Neuquén, durante años, los planes sociales fueron más que un derecho; fueron una caja política. Y como toda caja negra, ahora empieza a abrirse. ¿Hasta dónde llegarán las responsabilidades?