Villarruel impone autoridad en el Senado y obliga a devolver despachos y bienes antes del recambio parlamentario

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La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dispuso una resolución sin precedentes en la Cámara alta, en vísperas del recambio legislativo que se concretará tras las elecciones de octubre y la renovación parlamentaria del 10 de diciembre.

La decisión establece que los senadores cuyo mandato finaliza deberán restituir sus despachos, oficinas y todo el equipamiento asignado por la institución durante su período en funciones. La norma incluye mobiliario, computadoras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y demás bienes inventariados bajo la órbita administrativa del Senado.

La medida fue instrumentada a través del Decreto Presidencial 488/25, que otorga facultades a la Dirección General de Administración del Senado para realizar un relevamiento integral de las oficinas en el Palacio Legislativo y sus anexos.

Un cambio de paradigma en la Cámara alta
La disposición de Villarruel rompe con una práctica histórica no escrita: la de considerar los despachos parlamentarios como un “trofeo de guerra” dentro de las disputas de poder en la Cámara. Hasta ahora, los espacios más codiciados —especialmente los ubicados en el edificio central del Congreso— solían ser objeto de negociaciones políticas entre bloques, con escaso control institucional.

En esta oportunidad, la medida impacta por igual a oficialistas y opositores, generando resistencia en sectores que aspiraban a mantener oficinas estratégicas tras la finalización de sus mandatos.

La justificación institucional
En los fundamentos, la Vicepresidencia argumenta que la restitución de bienes responde al deber institucional de garantizar que los recursos del Senado sean administrados como patrimonio del Estado, evitando su apropiación por legisladores salientes o sus equipos de asesores.

La resolución refuerza además la autoridad de la Presidencia del Senado sobre la administración interna, luego de meses de tensión con la secretaría administrativa, área que históricamente manejó la caja legislativa y que hoy permanece vacante tras la salida de Emilio Viramonte Olmos.

Repercusiones políticas
El movimiento de Villarruel se interpreta como un mensaje político contundente hacia la corporación legislativa: la reasignación de despachos no será negociada, sino regulada bajo criterios administrativos formales.

Con esta decisión, la Vicepresidenta busca ordenar la estructura edilicia y administrativa de la Cámara alta, pero al mismo tiempo consolida su control en un escenario de fricciones crecientes entre el Senado y la Casa Rosada.

El recambio de diciembre marcará el inicio de una nueva etapa en la que Villarruel pretende dejar en claro que los espacios y bienes legislativos son propiedad institucional y no privilegios individuales de la política.

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