Desde cuándo hay ballotage presidencial y por qué: los casos de 2003 y 2015

Instaurado por la reforma de la Constitución de 1994, la segunda vuelta o ballotage definió hasta ahora una sola elección presidencial en la Argentina.

En 2015, el binomio integrado por Mauricio Macri y Gabriela Michetti (Cambiemos) le ganó a la dupla Daniel Scioli-Carlos Zannini (Frente para la Victoria) por menos de 700 mil votos: 12.988.349 contra 12.309.575. La participación fue del 81,07% del padrón.

Fue la primera vez porque 12 años antes la segunda vuelta se truncó. En 2003, Carlos Menem y Juan Carlos Romero se impusieron en la primera vuelta con 24,25% de los votos, poco más de dos puntos por encima de la fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli. El ballotage quedó habilitado, pero el expresidente Menem no se presentó.
El riojano eludió la derrota segura y dejó a Kirchner sin posibilidades de legitimar su figura como presidente electo por mayoría. De ahí la definición tantas veces evocada por Cristina Fernández de Kirchner: el santacruceño asumió con menos votos (22%), que cantidad de pobres (más del 60%, tras la crisis de 2001).

Cómo se incorporó el ballotage
El sistema de segunda vuelta o ballotage para definir la elección de la fórmula presidencial en Argentina fue una de las condiciones que le impuso el entonces presidente Raúl Alfonsín a Menem para acceder a que se reformara la Constitución en 1994, que, entre otros temas, habilitó la reelección presidencial, tal como quería el riojano. La Carta Magna de 1853, vigente hasta ese momento, se lo impedía.
Era un país bipartidista. Alfonsín y Menem acordaron en el Pacto de Olivos (Núcleo de Coincidencias Básicas) incluir el sistema de ballotage en la Constitución.

Le encomendaron a dos juristas, Alberto García Lema por el PJ y Ricardo Gil Lavedra por la UCR, que establecieran la letra chica. Gil Laveedra, contó en un charla en la Universidad Torcuato Di Tella que Alfonsín en 1987 ya había acordado con el entonces gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero, la necesidad de imponer el sistema de ballotage.
En la Constitución se estableció que la segunda vuelta se debe realizar cuando el ganador de la primera vuelta electoral no alcanza el 45% de los votos o cuando el ganador obtiene el 40%, pero no logra establecer una diferencia de más de 10 puntos respecto del segundo más votado. El Código Electoral Nacional determina que sólo participan de la segunda vuelta las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta.

Según el testimonio del propio García Lema, Menem aceptó la iniciativa mientras miraba un partido de River Plate en la platea del Monumental. Lo interrumpió el entonces secretario General de la Presidencia Eduardo Bauzá para contarle lo acordado.

La negociación por la cifra de corte tuvo sus bemoles. La UCR quería imponer la necesidad de ballotage si no se alcanzaba el 50% de los votos (un umbral de mayoría absoluta). El peronismo quería el 40%, piso electoral histórico del partido en ese momento. La solución fue el salomónico 45% vigente desde entonces.

Otros casos
En 1972, el dictador Alejandro Lanusse decretó cambios en la Constitución e introdujo -entre otros ítems- el sistema de segunda vuelta electoral en caso de que el ganador no alcanzara el 51% de los votos.

El 11 de marzo de 1973 la fórmula integrada por Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima (Frejuli) obtuvo el 49,5% de los sufragios y le ganó a la dupla radical de Ricardo Balbín y Eduardo Gamond. Se imponía la segunda vuelta, pero Balbín desistió de competir.

En Argentina, además de la elección presidencial, se definen por doble vuelta las elecciones ejecutivas de las provincias de Chaco, Corrientes,Tierra del Fuego y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los dos primeros casos copian el sistema que rige a nivel nacional: para evitar el ballotage hace falta alcanzar el 45% de los sufragios o el 40% y diez puntos de diferencia con el segundo. Los otros dos elevan la vara: requieren el 50% más uno de los votos.

En Chubut, la doble vuelta se utilizó en una sola elección (1991) y luego fue eliminada.

En América Latina rige en Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Perú, El Salvador, Uruguay, Haití, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua.