El problema no es la Ley de Alquileres, el problema es la inflación

La reforma de la Ley de Alquileres que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación, propuesta por Juntos por el Cambio y otros bloques minoritarios, significa un drama adicional para las familias que deben arrendar para vivir.

Las dos cuestiones que se modificaron atentan contra la previsibilidad de las familias y les hace aún más complicado planificar, al menos, unos pocos años de su vida en un tema tan trascendental como la vivienda.

En primer lugar, las actualizaciones de los montos de alquiler cada 4 meses no hacen otra cosa que hacer prácticamente permanente la preocupación por obtener ingresos en línea para no caer en mora. En un contexto como el actual, con una inflación de más de 110% anual, está claro que las actualizaciones cuatrimestrales significarán una angustia siempre presente para las millones de familias que alquilan en Argentina.

Por otra parte, se da una serie de opciones a las “partes” para definir el índice de actualización.

Hasta el momento, era el Índice de Contrato de Locación (ICL), publicado por el Banco Central, una combinación entre el índice de incremento de salarios y costo de vida, por lo que siempre estaba unos puntos por debajo de la inflación en las actualizaciones anuales que establece la Ley actual.

Si se aprueba en el Senado la reforma, el Artículo 14, de ajustes, pasará a quedar redactado de la siguiente manera: "Para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Está más que claro que lo que buscarán los propietarios es fijar el índice de precios al consumidor o mayorista, por lo que siempre, indefectiblemente, el alquiler irá de la mano de la inflación sin contemplar el índice de salarios. Como ejemplo entre la diferencia entre uno y otro, durante el gobierno de Mauricio Macri, los salarios perdieron casi 20 puntos de poder de compra para trabajadores registrados, mientras que, en la actual gestión, la pérdida es de 6,5%.

Otro dato fue la modificación de tres a dos años la vigencia de los contratos de alquiler:

Se vuelve al esquema de tener que negociar cada 24 meses o eventualmente encarar una mudanza. Los tres años actuales, para una familia, son una medida más lógica para la planificación familiar.

Por último, nada de nada se incluyó en las modificaciones de la Ley de Alquileres sobre un fenómeno mundial que en Argentina pega fuerte por el contexto local: los alquileres temporarios ofrecidos por aplicaciones como Airbnb, que permiten además cobro en dólares.

El contexto de inflación alta ha hecho que muchos propietarios, incluso compañías con cientos de propiedades, las retiren del mercado del arriendo tradicional y las ofrezcan a turistas. Si bien es un negocio que hay que administrar y considerar que los inmuebles deben entregarse amoblados, es un negocio interesante y muy redituable por la cantidad de turistas extranjeros que visitan Argentina, muy accesible por el tipo de cambio.

Así, además de la Ley de Alquileres y su actualización anual del monto del contrato, esta particularidad del fenómeno Airbnb hizo que miles de departamentos salieran del mercado.

Ciudades como Nueva York, Barcelona, Berlín, Florencia y Milán, avanzan en regulaciones para garantizar oferta de alquileres tradicionales para sus habitantes.

En el caso de las propiedades para alquileres temporarios, los registros oficiales y el encuadre tributario son los caminos a seguir para regular un mercado hoy absolutamente liberado y con consecuencias catastróficas. La situación se agrava en ciudades chicas y alejadas, con cierto atractivo turístico, donde médicos, enfermeras o policías no encuentran dónde vivir.

En conclusión, una ley propuesta por el dirigente del PRO Daniel Lipovetzky en su momento y aprobada por mayoría a mediados del 2020, con una inflación del 36%, fue vaciada de alcance por la alta inflación registrada en los años posteriores, cuando muchos propietarios decidieron cambiar alquiler tradicional por temporario o incluso hacer contratos ilegales en dólares o con actualizaciones no contempladas por la legislación. La falta de oferta y la constante demanda, hicieron el resto: inquilinos aceptando condiciones ilegales para poder tener un lugar dónde vivir.

Las modificaciones ayer propuestas y aprobadas, nada de esto resuelven, y agravan la situación de millones de familias porque el problema no era la ley, el problema es la inflación.