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Gesto Político: El Gobernador Rolando Figueroa renuncia a jubilación de privilegio.

El actual Gobernador, Rolando Figueroa, anunció su decisión de autoexcluirse de la jubilación de privilegio en virtud de su propio proyecto, la cual fue tratada y aprobada en la Legislatura esta mañana, pero, la nueva ley, no afectará a la actual administración sino a la próxima.

Análisis Ale Carrupán
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Figueroa, quien ha desempeñado roles destacados como diputado, intendente y vicegobernador, formalizó su renuncia al beneficio a través de una nota enviada directamente a la Presidencia de la Legislatura.

La iniciativa no eliminará derechos adquiridos, sin embargo el gobernador ya adelantó que rechazará ese beneficio y cuando llegué el momento, optará por el régimen jubilatorio ordinario.

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En la comunicación, el gobernador expresó: "Con motivo de haber presentado el proyecto para la eliminación de las jubilaciones de privilegio, sin prejuicio de que tal eliminación prevé la no afectación de derechos adquiridos, es mi voluntad expresa autoexcluirme de tal beneficio como Gobernador de esta provincia, Vicegobernador Mandato Cumplido, Diputado Provincial Mandato Cumplido y todo otro cargo electivo que haya ejercido y someterme al régimen Jubilatorio ordinario".

Este gesto seguramente generara considerable atención y reconocimiento tanto en la esfera política como en la ciudadanía, destacando la coherencia del gobernador al alinearse con las políticas de austeridad y transparencia que ha impulsado desde el inicio de su mandato. Aunque el resto de diputados podrían haber imitado a Figueroa, prefirieron dictar normas hacia adelante, que no los afecta por los derechos adquiridos, "por lo que esta ley no afectará a la actual administración sino a la próxima...no vaya a ser que pasado mañana tengamos una lluvia de amparos y planteos de gente que se considera con derecho a acceder a esa jubilación".

En un momento en el que la mayoría de las medidas adoptadas afectan principalmente a la población en general, surge la pregunta sobre la posibilidad de implementar rebajas salariales en los principales sueldos de políticos y judiciales como una estrategia para mitigar los efectos de la crisis en los ciudadanos de a pie.

Esta propuesta, respaldada por algunos sectores de la sociedad, plantea la idea de que la austeridad debería comenzar desde las altas esferas del gobierno, no alcanza con "Congelar salario político". Si hay que realizar un esfuerzo patriótico, deberíamos dar señales contundentes, al menos este primer año.

La reducción de salarios en el ámbito político y judicial podría liberar recursos que podrían destinarse a programas de ayuda social, inversión en infraestructura y otros proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía.

Sin embargo, esta sugerencia no está exenta de controversia. Algunos argumentan que una reducción salarial podría afectar la calidad y la eficiencia del servicio público, mientras que otros señalan que la crisis económica requiere medidas drásticas y equitativas para distribuir la carga de manera justa.

La discusión sobre la necesidad de reformas en el ámbito de los beneficios y salarios de los funcionarios públicos está ganando fuerza, y se espera que este caso sirva como un catalizador para un diálogo más amplio sobre la responsabilidad fiscal y la equidad en tiempos de crisis.

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