La Legislatura de Neuquén continúa debatiendo el proyecto que busca establecer un marco de protección para las tierras productivas de la provincia, una iniciativa del Poder Ejecutivo que apunta a preservar, conservar y recuperar áreas estratégicas para la actividad agrícola y productiva.
La discusión se desarrolla en la Comisión de Producción, Industria y Comercio, presidida por la diputada Carina Riccomini, donde comenzó a analizarse una nueva redacción que incorpora aportes de los bloques PRO-NCN, MPN y Cumplir.
Uno de los principales defensores de la propuesta es el diputado Francisco Lepore, de Avanzar, quien vinculó directamente la iniciativa con la intención de diversificar la matriz económica neuquina mediante el fortalecimiento de la producción y el turismo.
“El espíritu de la ley es proteger, conservar y recuperar las tierras productivas”, sostuvo Lepore, quien además afirmó que “hace 50 años que Neuquén no toma una medida así”.
El legislador remarcó que el objetivo es evitar que áreas con potencial o infraestructura productiva terminen perdiendo esa función frente al avance de otros usos del suelo.
Sin embargo, el proyecto abrió cuestionamientos sobre hasta dónde puede intervenir la Provincia en decisiones vinculadas con el territorio y la propiedad privada.
La diputada Brenda Buchiniz, de Cumplir, valoró los consensos alcanzados, pero volvió a reclamar que intendentes y Concejos Deliberantes tengan participación directa en la discusión.
“Con esta ley, nos estamos metiendo en una competencia de otra jurisdicción”, advirtió.
Buchiniz se manifestó a favor de incentivar la continuidad de las chacras mediante créditos blandos, beneficios y exenciones impositivas, aunque expresó reparos sobre una prohibición general del cambio de uso de la tierra.
Desde el PRO-NCN, el diputado Marcelo Bermúdez planteó una de las objeciones más fuertes al considerar que algunos aspectos del texto podrían afectar el derecho de propiedad.
“Es una atribución del municipio la de zonificar su ciudad”, señaló Bermúdez, quien cuestionó especialmente que determinadas delimitaciones territoriales puedan resolverse mediante decretos del Poder Ejecutivo provincial.
Pese a sus críticas, el legislador sostuvo que la Provincia necesita una normativa que proteja la actividad productiva y consideró necesario avanzar con la ley, pero con modificaciones que eviten ambigüedades y conflictos de competencias.
La diputada Verónica Lichter, del mismo bloque, pidió diferenciar las áreas actualmente vinculadas con sistemas de riego de otras tierras que eventualmente podrían adquirir usos diferentes. Su planteo apunta a que las restricciones se concentren principalmente sobre tierras irrigadas y con infraestructura productiva existente.
También expresó reparos el diputado Darío Martínez, de Unión por la Patria, quien sostuvo que antes de establecer restricciones generales debería avanzarse sobre una planificación territorial integral.
El legislador pidió compatibilizar previamente los Planes Urbanos Ambientales de cada localidad, para que la definición de las áreas productivas tenga sustento técnico y coordinación con los gobiernos municipales.
El debate, en consecuencia, ya no gira únicamente alrededor de si Neuquén debe proteger sus tierras productivas, cuestión sobre la que existe coincidencia entre distintos sectores, sino sobre qué mecanismo jurídico utilizar, quién debe definir las zonas protegidas y cuáles serán los límites de intervención estatal sobre tierras privadas.
La propuesta continuará bajo análisis de la comisión y no tiene todavía despacho definitivo.
Neuquén enfrenta así una discusión estratégica: preservar suelo para diversificar su economía sin generar una normativa que entre en conflicto con las autonomías municipales, la planificación urbana o los derechos de los propietarios.
