La interrupción de las actividades de pileta y natación para personas afiliadas al PAMI en Neuquén llegó a la Legislatura provincial.
La diputada Lorena Parrilli, junto con legisladores de distintos bloques, presentó el proyecto de comunicación 18.639 para solicitar explicaciones formales al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) y a su Unidad de Gestión Local en Neuquén.
La presentación no determina todavía por qué se suspendió la prestación. Precisamente busca establecer si existieron razones presupuestarias, médicas, técnicas o jurídicas detrás de la decisión y si el cambio fue dispuesto por la conducción nacional del organismo o adoptado a nivel provincial.
Según los fundamentos del proyecto, la interrupción alcanzaría a alrededor de 300 afiliados, algunos de los cuales utilizaban la actividad acuática como parte de tratamientos o recomendaciones médicas orientadas a sostener movilidad, rehabilitación y calidad de vida. Esa cantidad surge de la estimación realizada por los autores de la iniciativa y deberá ser confirmada oficialmente por PAMI.
Uno de los aspectos más específicos del pedido apunta al impacto económico de la medida.
Los diputados solicitan conocer cuánto demandaba anualmente la prestación, cuál era la partida presupuestaria utilizada y qué ahorro prevé obtener PAMI a partir de su interrupción.
También requieren que el organismo remita los informes y dictámenes que hayan sustentado la decisión, especialmente cualquier evaluación médica, sanitaria o de impacto sobre los adultos mayores alcanzados.
La Legislatura busca además precisar cuántos usuarios tenían una prescripción médica concreta para realizar natación o actividades de pileta, y pide que los datos sean discriminados por edad, género y localidad.
El planteo introduce así una discusión que excede la dimensión recreativa. Para parte de los afiliados, las actividades acuáticas pueden integrar programas de movilidad, rehabilitación o prevención, por lo que los legisladores reclaman conocer si esa dimensión sanitaria fue evaluada antes de interrumpir la cobertura.
El proyecto no se limita a la natación.
También solicita información sobre otras situaciones que, según indican sus autores, vienen siendo objeto de reclamos públicos de afiliados en la provincia.
Entre ellas aparecen:
la cobertura de medicamentos, la disponibilidad de médicos de cabecera, el eventual cobro de sumas adicionales no autorizadas —conocidas como “plus”— y la existencia de cupos mensuales para estudios de alta complejidad.
La intención es conocer cuál es el estado real de esas prestaciones en Neuquén y si existen limitaciones, modificaciones o instrucciones específicas que hayan alterado la atención habitual.
PAMI mantiene herramientas públicas para consultar prestadores y cartilla médica por afiliado, y su portal de datos abiertos registró una actualización del padrón de prestadores por UGL en agosto de 2026. Sin embargo, esa información general no explica por sí sola el conflicto específico por las actividades de pileta.
Además de solicitar información, el proyecto expresa una posición política concreta: propone que PAMI adopte las medidas necesarias para restablecer la actividad.
Parrilli sostiene en los fundamentos que la interrupción se produjo sin una explicación pública suficiente y advierte sobre el impacto que puede generar en adultos mayores que habían incorporado la pileta a sus rutinas de salud.
La iniciativa fue acompañada por Darío Peralta y Darío Martínez, de Unión por la Patria; Cecilia Papa, Federico Méndez y Mónica Guanque, de Democracia Neuquén; y César Gass, de JxC-UCR. Ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura el 16 de septiembre.
Hasta el momento de esta publicación, no encontramos una respuesta pública de PAMI que detalle los fundamentos de la suspensión ni confirme si se trata de una política nacional o de una definición de la conducción local.
Ese será precisamente uno de los puntos centrales que deberá aclararse si el pedido de informes avanza.
El conflicto pone sobre la mesa una discusión sensible: cuándo una prestación destinada a adultos mayores debe evaluarse como gasto y cuándo forma parte de una política preventiva de salud. Para responderla, primero será necesario conocer qué decidió PAMI, por qué lo hizo y cuántas personas quedaron efectivamente alcanzadas.
