Milei prepara otro paquete de desregulación y pide más poder para avanzar por decreto

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un nuevo paquete de reformas orientadas a profundizar la desregulación económica, una iniciativa que contempla modificaciones en múltiples sectores productivos y comerciales y que incorpora un pedido de facultades delegadas por seis meses para que el Poder Ejecutivo pueda dictar medidas con fuerza legislativa en materia administrativa y de competencia.

La propuesta, que se encuentra en evaluación para ser enviada al Congreso, busca reducir regulaciones, fomentar la competencia, eliminar barreras de ingreso a distintos mercados y disminuir costos operativos, en línea con la estrategia económica que impulsa la administración del presidente Javier Milei.

El proyecto comprende cambios en actividades consideradas sensibles, entre ellas la comercialización de medicamentos, el mercado editorial, el régimen de garrafas, la navegación fluvial, los arrendamientos rurales, el sistema financiero, la industria vitivinícola, el mercado inmobiliario, las cooperativas y el ejercicio de los traductores públicos.

El Ejecutivo busca seis meses de facultades delegadas

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa se encuentra en su capítulo final, donde el Gobierno solicita al Congreso la declaración de una emergencia administrativa y de competencia por un plazo de seis meses, mecanismo previsto en la Constitución Nacional que habilita al Presidente a ejercer funciones legislativas en materias específicas y por un tiempo determinado.

Durante ese período, el Poder Ejecutivo podría modificar o derogar normas que considere restrictivas para la competencia o que representen barreras de acceso a diferentes mercados, sin necesidad de impulsar una ley para cada cambio.

Como mecanismo de control institucional, los decretos dictados bajo ese régimen deberán ser supervisados por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso encargada del seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia, mientras que el Ejecutivo deberá presentar informes trimestrales detallando las medidas adoptadas.

La estrategia reproduce parcialmente el esquema que el oficialismo impulsó durante el tratamiento de la Ley Bases, aunque en esta oportunidad el alcance estaría circunscripto exclusivamente al proceso de desregulación económica.

Reformas que aún esperan tratamiento parlamentario

El nuevo paquete llega en un contexto en el que varias iniciativas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, permanecen pendientes de tratamiento legislativo por falta de consensos políticos.

Entre ellas figura el proyecto sobre propiedad privada, que propone agilizar procesos de desalojo y habilitar la venta de tierras nacionales a ciudadanos extranjeros, además del denominado proyecto "Hojarasca", orientado a eliminar normas que el Gobierno considera obsoletas o limitantes para la actividad económica.

También continúa sin avances la propuesta de una nueva Ley General de Sociedades, destinada a flexibilizar la constitución de empresas e incorporar herramientas vinculadas con blockchain e inteligencia artificial.

Medicamentos: vuelve el debate sobre la venta en góndolas

Uno de los puntos que mayor discusión genera es la modificación del régimen de comercialización de medicamentos.

La iniciativa propone que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas y comercializarse con mayor flexibilidad, además de ampliar la posibilidad de ventas por medios digitales con entrega a domicilio.

Actualmente, salvo el caso particular de Farmacity —que obtuvo autorización judicial mediante un amparo—, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias bajo supervisión profesional.

Parte de estas modificaciones ya habían sido incorporadas en el DNU 70/2023, aunque su aplicación quedó parcialmente suspendida por medidas cautelares promovidas por entidades farmacéuticas. Ahora el Gobierno busca otorgarles respaldo legal mediante una ley del Congreso.

Libros y garrafas: menos intervención estatal

El proyecto también elimina el régimen de precio uniforme para los libros, permitiendo que cada librería establezca libremente el valor de venta de un mismo ejemplar, así como promociones y descuentos sin las restricciones actuales.

Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que la competencia entre comercios favorecería una reducción de precios para los consumidores.

En paralelo, el Ejecutivo plantea una profunda modificación del régimen del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El Estado dejaría de intervenir en la fijación de precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de garrafas, limitando su participación exclusivamente a los controles vinculados con la seguridad técnica del producto.

Criptomonedas como garantía y modernización financiera

El paquete incorpora además una reforma del sistema de prendas y warrants, orientada a digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.

Entre las principales innovaciones figura la incorporación de activos virtuales, como criptomonedas, como garantía válida para operaciones financieras, además de la utilización de contratos inteligentes, firmas digitales y la creación de un registro federal unificado de garantías.

Asimismo, el proyecto prevé la digitalización de certificados de depósito y warrants utilizados por distintos sectores productivos.

Según el Gobierno, estas medidas permitirán ampliar el acceso al financiamiento y reducir los costos administrativos de las operaciones crediticias.

Cambios para el campo y el transporte fluvial

En materia agropecuaria, el Ejecutivo propone derogar la Ley de Arrendamientos Rurales, eliminando los plazos mínimos obligatorios y otras condiciones actualmente previstas para el alquiler de campos.

De aprobarse la iniciativa, propietarios y productores podrán pactar libremente la duración de los contratos, el precio y las modalidades de pago, mientras que los acuerdos actualmente vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.

En el ámbito del transporte, el proyecto recupera parte de las reformas contenidas en el DNU 340/2025, posteriormente rechazado por el Congreso.

La propuesta habilita la participación temporal de embarcaciones extranjeras en el cabotaje nacional, estableciendo un sistema progresivo de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia de los buques en aguas nacionales.

Desde la Casa Rosada sostienen que la medida apunta a disminuir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas, aunque anticipan que el tema volverá a generar un intenso debate político y sectorial.