Redacción
El Senado de la Nación avanzó con uno de los movimientos institucionales más relevantes sobre la estructura judicial desde el inicio de la actual gestión: aprobó 67 pliegos de magistrados y fiscales y dejó encaminada la cobertura de vacantes en fueros considerados estratégicos.
La votación general reunió 66 votos afirmativos, en un acuerdo que permitió al Poder Ejecutivo nacional avanzar con su estrategia de completar cargos vacantes en la Justicia y el Ministerio Público.
Con esta nueva tanda, la administración de Javier Milei alcanza 177 designaciones en el Poder Judicial durante sus primeros años de gestión. El número podría incrementarse próximamente, ya que existe otro paquete de 22 postulaciones que ya tomó estado parlamentario.
Más allá del volumen de nombramientos, el impacto político de la sesión estuvo concentrado en la incorporación de dos nombres a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal: Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola.
La importancia de ambos cargos excede la composición formal del tribunal. La Sala I interviene en expedientes de elevada sensibilidad política y tiene capacidad para definir el futuro procesal de investigaciones que alcanzan a funcionarios del actual Gobierno, exintegrantes de administraciones anteriores y dirigentes de distintos espacios.
El pliego de Pablo Bertuzzi tuvo un tratamiento diferenciado respecto del resto de la nómina debido al rechazo expresado por el bloque de Unión por la Patria.
El jefe de esa bancada, José Mayans, cuestionó específicamente la trayectoria del magistrado y recordó su traslado, dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri, desde el Tribunal Oral Federal 4.
“Nuestro bloque no va a entorpecer las carreras de estas personas, pero nos vamos a oponer expresamente a Pablo Bertuzzi por lo que es de público conocimiento de su actuación en el Poder Judicial”.
El rechazo opositor, sin embargo, no logró impedir la aprobación. El Senado convalidó el nombramiento por 44 votos a favor y 23 en contra, con respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y tres senadores peronistas de Convicción Federal: Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.
La aprobación implica que Bertuzzi titulariza el cargo que ocupaba mediante traslado desde 2018, mientras que Yadarola llegará a la Cámara Federal desde el fuero Penal Económico.
Con ambos movimientos, la Sala I quedará integrada también por Mariano Llorens, completando una conformación que tendrá bajo su órbita algunos de los expedientes judiciales de mayor repercusión política del país.
La relevancia de los nuevos nombramientos se explica, en buena medida, por las facultades de la Sala I dentro del esquema judicial federal.
El tribunal funciona como instancia de revisión de decisiones adoptadas durante las investigaciones: puede confirmar o revocar procesamientos, sobreseimientos y resoluciones vinculadas con la elevación de causas a juicio oral.
Por ese motivo, la nueva composición tendrá incidencia sobre expedientes que involucran directamente a dirigentes del oficialismo y a figuras de administraciones anteriores.
Uno de los casos de mayor repercusión es la investigación relacionada con las operaciones vinculadas a la criptomoneda $LIBRA, expediente que adquirió particular relevancia institucional por la incorporación de registros telefónicos y otros elementos probatorios que mencionan al presidente Javier Milei en el marco de una investigación por una presunta maniobra de estafa.
En ese expediente, la Sala I deberá resolver próximamente sobre la admisión de las querellas promovidas por damnificados particulares y por dirigentes opositores, entre ellos Juan Grabois.
La decisión tendrá consecuencias procesales relevantes, dado que definirá si esas acusaciones particulares quedan habilitadas dentro de la causa y si puede avanzar una eventual convocatoria a declaración indagatoria de los involucrados.
Otro de los focos de atención estará puesto sobre expedientes relacionados con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Uno de ellos se vincula con la apelación presentada por el fiscal Carlos Rívolo contra el sobreseimiento del funcionario en una investigación por presuntas negociaciones incompatibles relacionadas con el cobro de honorarios de asesoramiento durante la gestión de Cambiemos.
A ese expediente se suma otra investigación vinculada con el acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este caso, la jueza María Eugenia Capuchetti había dispuesto el archivo de la causa, decisión que fue recurrida por el fiscal Franco Picardi, con el respaldo del fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe.
El expediente también involucra al expresidente Mauricio Macri, al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al ex titular del Banco Central Guido Sandleris.
La intervención de la Cámara Federal será determinante para establecer si la decisión de primera instancia queda firme o si la investigación retoma otro curso procesal.
La agenda de la Sala I no se limita a los expedientes relacionados con funcionarios actuales.
El tribunal también deberá intervenir en planteos de nulidad formulados por defensas empresariales dentro de la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, una investigación de gran extensión que atravesó distintas etapas judiciales y políticas.
A ese expediente se suman investigaciones vinculadas con presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de vacunas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Otro caso de relevancia está relacionado con el ingreso del Grupo Petersen en la estructura accionaria de YPF. La causa, instruida por el juez Ariel Lijo, investiga una hipótesis vinculada con el presunto financiamiento de esa operación mediante el desvío de fondos públicos provinciales.
El conjunto de expedientes evidencia el peso que tendrá la Sala I dentro del esquema de decisiones de la Justicia Federal porteña y explica por qué la definición de sus integrantes adquiere una dimensión que excede una cuestión meramente administrativa.
La sesión no quedó circunscripta a los nombramientos judiciales.
Durante el debate, la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anticipó que el Senado podría volver a discutir dentro de aproximadamente dos semanas el proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno.
Entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentran la eliminación de las PASO —Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias— y la incorporación de disposiciones vinculadas con Ficha Limpia.
El eventual tratamiento de ese proyecto abrirá otro frente de negociación política para el oficialismo en la Cámara alta, donde la construcción de mayorías continuará siendo determinante para avanzar con iniciativas estructurales.
La jornada parlamentaria también estuvo atravesada por cuestionamientos de la oposición en relación con el manejo de recursos públicos.
Durante el segmento de cuestiones de privilegio, el senador Daniel Bensusán, de La Pampa, acusó al Palacio de Hacienda de haber desviado más de un billón de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles que, según sostuvo, debían ser destinados a infraestructura vial.
El legislador formuló una dura crítica contra la administración de esos recursos:
“Siguen manejando los fondos públicos como una mesa de dinero; son fondos públicos con un destino y no pueden hacer lo que quieran”.
El planteo sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la distribución y utilización de recursos nacionales, particularmente en un contexto marcado por la tensión entre el Gobierno central y las provincias por el financiamiento de obras y servicios.
La aprobación de los 67 pliegos representa, en términos institucionales, un avance significativo para el proceso de cobertura de vacantes judiciales impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Pero el verdadero alcance de la decisión comenzará a observarse en el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
Con Bertuzzi y Yadarola incorporados a una Sala I que deberá revisar causas vinculadas con el actual Gobierno, administraciones anteriores, empresarios y dirigentes opositores, Comodoro Py entra en una nueva etapa de definiciones judiciales de alto impacto político.
El Senado, mientras tanto, dejó abierta otra discusión: la reforma del sistema electoral y las condiciones bajo las cuales se desarrollará la próxima competencia política.
Justicia, poder y política vuelven a quedar estrechamente vinculados en el Congreso. La composición de los tribunales y las decisiones que de allí surjan tendrán impacto directo sobre algunas de las causas que concentran mayor atención pública.
