Sea Lion desafía la presión argentina y golpea a Rockhopper en la Bolsa de Londres

La compañía británica ratificó su participación en el proyecto y mantiene como objetivo que la primera producción de crudo comience durante el primer trimestre de 2028. Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que Navitas Petroleum, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, controla el 65% restante.

La decisión empresarial se produce mientras la Argentina incrementa la presión sobre las compañías que participan de actividades hidrocarburíferas en las islas y sus espacios marítimos circundantes, en el marco de su reclamo histórico de soberanía.

Un proyecto de gran escala frente a un conflicto político creciente

Sea Lion constituye uno de los principales desarrollos petroleros proyectados en el área de las Malvinas. De acuerdo con la evaluación independiente citada por Rockhopper, el yacimiento cuenta con reservas probadas y probables estimadas en unos 314 millones de barriles.

La primera etapa contempla utilizar el Aoka Mizu, un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga —FPSO— que será adaptado para las necesidades del proyecto. La compañía mantiene el objetivo de iniciar la producción en el primer trimestre de 2028, mientras que las tareas de perforación están previstas para comenzar a principios de 2027.

La segunda fase incorpora un segundo FPSO, el OSX-1, adquirido por Navitas en agosto. La decisión final de inversión para esa etapa está prevista para 2028 y la producción inicial se proyecta para 2030.

Según las previsiones difundidas por Rockhopper, la incorporación de ambas unidades permitiría llevar la capacidad potencial de producción de Sea Lion hasta aproximadamente 180.000 barriles diarios.

La presión de Argentina entra en la ecuación empresarial

El avance del proyecto ocurre en paralelo con una escalada de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Malvinas.

La administración nacional sostiene que las actividades desarrolladas por el Reino Unido en las islas y en los espacios marítimos circundantes se realizan sobre un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

En septiembre, el Gobierno argentino anunció además iniciativas para endurecer el régimen de sanciones creado en 2011, con medidas dirigidas no solamente contra compañías sino también contra accionistas y proveedores vinculados con esas operaciones.

La disputa también llegó al ámbito judicial. Una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion, en una causa vinculada con posibles impactos ambientales y cuestiones de soberanía.

Rockhopper sostiene el desarrollo pese al escenario adverso

La empresa británica comunicó que mantiene su hoja de ruta para Sea Lion y que continúa trabajando junto con Navitas para avanzar con el proyecto.

En una actualización difundida este lunes, Rockhopper señaló que el Gobierno argentino continúa con sus acciones para imponer sanciones a quienes participan del proyecto, al tiempo que informó que el operador está tomando medidas para sustituir a dos contratistas que dejaron de participar.

La compañía también aseguró previamente que la primera etapa permanece financiada y encaminada hacia el objetivo de obtener el primer petróleo en 2028.

Para sostener ese desarrollo, Rockhopper concretó una ampliación de capital por USD 200 millones, con la que, según la empresa, cuenta con financiamiento hasta mediados de 2028.

El esquema financiero busca acompañar tanto las tareas vinculadas con la primera etapa como la preparación de la expansión posterior del campo.

El segundo FPSO busca acelerar la producción

El OSX-1 representa una pieza central de la estrategia de expansión de Sea Lion. Navitas prevé utilizarlo en el área central del yacimiento para acelerar el desarrollo de recursos adicionales.

La compañía israelí informó que el desarrollo de esa zona podría incorporar nuevas fases de producción y que apunta a una decisión final de inversión durante el primer semestre de 2028, con producción posible hacia 2030.

La combinación de ambos FPSO es la que sustenta la expectativa empresarial de alcanzar una capacidad cercana a 180.000 barriles diarios, una escala que incrementaría sustancialmente la dimensión económica del proyecto.

Un conflicto que trasciende al mercado petrolero

La caída de las acciones de Rockhopper refleja así un escenario en el que confluyen factores empresariales, financieros, jurídicos y geopolíticos.

Por un lado, la compañía sostiene un proyecto de largo plazo con objetivos concretos de producción, nuevas inversiones y ampliación de capacidad. Por otro, enfrenta presiones regulatorias y judiciales impulsadas desde la Argentina, además de un contexto político cada vez más complejo alrededor de la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

La cuestión central excede, por lo tanto, el comportamiento de una acción en la Bolsa de Londres. Sea Lion se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre la estrategia energética de las empresas involucradas y el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

Mientras Rockhopper y Navitas sostienen el horizonte de producción para 2028, la Argentina continúa desplegando herramientas políticas, administrativas y judiciales para intentar impedir el avance de una explotación que considera ilegítima.

El desarrollo del proyecto y su impacto económico quedarán así condicionados no solamente por la capacidad técnica y financiera de las compañías, sino también por la evolución de la disputa diplomática, las sanciones, las decisiones judiciales y el reclamo de soberanía argentino.