Malvinas: Argentina protestó ante el Reino Unido por nuevas licencias petroleras y advirtió con sanciones

Cancillería rechazó la extensión por cinco años de permisos hidrocarburíferos offshore y la incorporación de Navitas Petroleum Atlantic Limited al bloque PL001. El reclamo fue entregado a la Embajada británica mientras se desarrolla la Asamblea General de Naciones Unidas. Londres sostiene que los isleños tienen derecho a explotar sus recursos y rechaza la posición argentina.

Argentina elevó una nueva protesta diplomática al Reino Unido por el avance de actividades hidrocarburíferas alrededor de las Islas Malvinas, después de que las autoridades isleñas anunciaran la extensión de las actuales licencias offshore y aprobaran una operación empresarial vinculada con la petrolera Navitas.

La nota fue presentada ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por instrucción del canciller Pablo Quirno. La decisión coincidió con el inicio del debate general de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde el presidente Javier Milei participa de la semana de alto nivel.

Cancillería expresó su “enérgico rechazo” a dos decisiones concretas: la prórroga de las licencias para actividades petroleras offshore y la autorización otorgada a Navitas Petroleum Atlantic Limited para adquirir una participación mayoritaria en la licencia PL001.

“La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”, sostuvo el Gobierno.

Esa es la posición jurídica argentina. El Reino Unido y las autoridades de las islas la rechazan y sostienen una interpretación diferente sobre soberanía, autodeterminación y explotación de recursos.

Qué decidió el gobierno de las islas

El 21 de septiembre, el Falkland Islands Government anunció oficialmente que extenderá todas las licencias hidrocarburíferas offshore existentes por un período inicial de cinco años, con la posibilidad de adicionar otros dos años dependiendo del cumplimiento de los programas de trabajo de las empresas.

La decisión, según el propio comunicado, cuenta con “pleno respaldo” del Gobierno británico.

Además, aprobó la adquisición por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited de un 65% de participación en la licencia PL001.

La operación no surgió ahora. Navitas había informado en marzo que el 27 de febrero firmó documentación vinculante con JHI Associates para comprar ese porcentaje del bloque. PL001 se encuentra próximo al proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

Desde las islas, la responsable del área de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, sostuvo que las extensiones brindarán previsibilidad a los operadores y defendió el desarrollo de los recursos como una decisión de los habitantes del territorio.

La Resolución 31/49, nuevamente en el centro

Argentina fundamentó parte del reclamo en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1976.

Esa resolución pide a Argentina y al Reino Unido abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanece pendiente la resolución de la controversia.

Cancillería considera que las nuevas licencias petroleras entran dentro de esa categoría.

El reclamo también remite a la Resolución 2065 (XX) y al conjunto de decisiones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a Argentina y al Reino Unido a buscar una solución negociada.

La diferencia diplomática continúa siendo profunda.

Buenos Aires sostiene que los recursos de los espacios marítimos en disputa no pueden ser explotados unilateralmente, mientras Londres afirma que las islas son un territorio británico de ultramar y que sus habitantes tienen derecho a administrar y desarrollar sus recursos naturales en función del principio de autodeterminación.

Argentina ya tiene un régimen de sanciones

La advertencia argentina no queda limitada al plano diplomático.

La Ley 26.659, posteriormente modificada, prohíbe bajo el ordenamiento argentino realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental reclamada por el país sin autorización nacional. La legislación también alcanza determinadas participaciones directas o indirectas y servicios vinculados con esas operaciones.

Las sanciones administrativas pueden incluir inhabilitaciones de entre cinco y veinte años.

Además, el Gobierno modificó el esquema apenas semanas atrás mediante el Decreto 868/2026, que designó a Cancillería como autoridad de aplicación de esa legislación y estableció un procedimiento específico para investigar y eventualmente sancionar empresas involucradas.

La norma tiene incluso efectos sobre otras relaciones económicas: obliga a verificar el cumplimiento de la Ley 26.659 en determinados permisos hidrocarburíferos y dentro del régimen de grandes inversiones.

Existe además un antecedente directamente relacionado con Navitas.

En 2022, la Secretaría de Energía argentina declaró ilegales y “clandestinas” las actividades de Navitas Petroleum LP vinculadas con Malvinas y la inhabilitó durante 20 años para desarrollar actividades en Argentina.

Eso no significa automáticamente que cualquier sociedad vinculada quede alcanzada sin un procedimiento. Navitas Petroleum Atlantic Limited es la compañía que aparece específicamente en la nueva operación sobre PL001, y cualquier eventual sanción adicional deberá tramitarse conforme al régimen vigente.

Una escalada que viene de semanas atrás

La protesta de este martes no aparece aislada.

El 15 de septiembre, Cancillería ya había rechazado una guía publicada por Londres para promover inversiones y actividades comerciales en las islas y anunció que profundizaría las medidas vinculadas con empresas que participen en proyectos hidrocarburíferos.

El Reino Unido respondió públicamente que considera legítimas esas actividades y afirmó que respaldará a compañías y personas que mantengan negocios con las islas. Londres sostiene que el desarrollo de hidrocarburos forma parte del derecho de autodeterminación de los isleños.

Se enfrentan, por lo tanto, dos posiciones jurídicas y diplomáticas claramente contrapuestas.

Argentina invoca la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, las resoluciones que llaman a negociar y la prohibición de modificaciones unilaterales. El Reino Unido afirma su soberanía sobre las islas y prioriza la voluntad de sus habitantes como fundamento para rechazar cualquier negociación que ellos no acepten.

Malvinas vuelve al centro de la agenda internacional

El momento elegido por Argentina agrega peso político al reclamo.

La protesta fue presentada mientras Nueva York concentra a buena parte de los principales líderes internacionales por la Asamblea General de Naciones Unidas y en la víspera de la intervención presidencial argentina.

Pero el movimiento diplomático concreto fue bilateral: una nota formal dirigida al Reino Unido.

La novedad de fondo está en otro lugar: las autoridades isleñas ampliaron por cinco años el horizonte de las licencias petroleras y autorizaron una nueva participación de Navitas en PL001, mientras Argentina acaba de reforzar por decreto los mecanismos administrativos para sancionar a compañías que considere involucradas en explotación hidrocarburífera sin su autorización.

El nuevo capítulo de la disputa ya no se limita al reclamo territorial: petróleo, inversiones, empresas y posibles sanciones vuelven a colocar a los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la tensión entre Buenos Aires y Londres.