Portezuelo Grande: Neuquén destrabó una obra de seguridad hídrica paralizada durante 17 años

Después de casi dos décadas de incumplimiento, el proyecto para ampliar la capacidad de evacuación de agua de la presa Portezuelo Grande ingresó en una nueva etapa institucional. El gobernador Rolando Figueroa firmó este lunes un convenio de colaboración con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para avanzar con la construcción del denominado Canal Aliviador de Vaca Muerta, una infraestructura considerada estratégica para la seguridad hídrica del norte de la Patagonia.

El acuerdo busca resolver una obligación pendiente del Estado nacional desde 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia que ordenó ejecutar las intervenciones necesarias para ampliar la capacidad de evacuación de la presa y garantizar condiciones de seguridad frente a eventuales crecidas extraordinarias.

La formalización del convenio representa un paso para reactivar una obra que lleva 17 años pendiente y cuya importancia excede el funcionamiento del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. Su ejecución apunta a disminuir la exposición de las poblaciones ubicadas aguas abajo del río Neuquén, proteger infraestructura estratégica y resguardar las actividades productivas y energéticas vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta.

Tras la firma, Figueroa destacó el alcance de la iniciativa y sostuvo: “Firmamos además el convenio marco para ejecutar el Canal Aliviador de Vaca Muerta en la presa Portezuelo Grande, una obra hídrica clave para el manejo del agua y la seguridad de nuestra región”.

Por su parte, Caputo explicó que el entendimiento establece las condiciones de cooperación entre la Provincia y el Ministerio de Economía para avanzar con el proyecto. En ese sentido, afirmó: “Establece un marco de colaboración entre Neuquén y el ministerio de Economía que permitirá avanzar con una obra de infraestructura hídrica clave para garantizar el desarrollo sostenido de Vaca Muerta y potenciar la actividad regional”.

El ministro también enmarcó el acuerdo dentro de la política de articulación con las provincias y agregó: “Seguimos trabajando junto a los gobernadores para alcanzar acuerdos que permitan llevar adelante estas obras estratégicas para el desarrollo productivo del país”.

Una tercera vía para responder ante crecidas extraordinarias

El convenio establece una intervención de aproximadamente 1.620 metros de extensión sobre la margen derecha de Portezuelo Grande, con capacidad para transportar hasta 4.000 metros cúbicos de agua por segundo.

El objetivo técnico es incorporar una tercera alternativa de evacuación que complemente las vías existentes y permita responder ante episodios hidrológicos extremos. De esta manera, se busca evitar que el nivel del embalse alcance situaciones que puedan comprometer la seguridad de la presa.

El proyecto fue elaborado por la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, por encargo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Los estudios realizados identificaron que la principal limitación del complejo Cerros Colorados frente a grandes crecidas no se encuentra en la capacidad de almacenamiento de sus embalses, sino en las posibilidades de evacuar grandes volúmenes de agua.

En ese diagnóstico se sustenta la necesidad de construir el nuevo canal, que funcionará como una tercera vía de descarga hacia el embalse Los Barreales.

Su funcionamiento estará vinculado con un sistema de terraplén fusible, una estructura diseñada para habilitar el paso del agua cuando se alcancen determinados niveles de crecida. Este mecanismo permitirá incorporar una alternativa adicional para el manejo de grandes caudales y reducir las presiones sobre la infraestructura existente.

Nación y Provincia: responsabilidades definidas

El acuerdo también establece la distribución de responsabilidades administrativas y operativas entre ambas jurisdicciones, un aspecto central para avanzar desde la etapa de planificación hacia la ejecución de los trabajos.

El Estado nacional, mediante la Secretaría de Obras Públicas, tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo, los procedimientos de contratación, la inspección y la supervisión de la obra.

En materia financiera, la Secretaría de Energía de la Nación deberá gestionar los mecanismos necesarios para garantizar los recursos. El esquema previsto contempla la utilización de los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue y los instrumentos financieros correspondientes.

La Provincia del Neuquén, por su parte, asumirá las gestiones vinculadas con el Estudio de Impacto Ambiental y Social, los permisos para el uso del agua y del cauce, la disponibilidad de los terrenos y las autorizaciones requeridas para concretar la intervención.

La infraestructura tendrá incidencia directa sobre la seguridad de las localidades ubicadas aguas abajo, particularmente en el Alto Valle, además de contribuir a la protección de rutas, instalaciones y actividades económicas relacionadas con la producción hidrocarburífera.

La firma del convenio abre una instancia de coordinación entre Nación y Provincia para avanzar con una infraestructura cuya necesidad fue establecida judicialmente hace 17 años. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de ese objetivo dependerá ahora del desarrollo del proyecto ejecutivo, la definición del financiamiento, los procedimientos de contratación y la posterior ejecución de los trabajos.

La discusión sobre Portezuelo Grande ya no se limita a una obra hidroeléctrica pendiente: involucra la seguridad de las poblaciones, la protección de infraestructura regional y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento productivo y energético de Neuquén.