Rolando Figueroa tomó una posición pública contundente frente a la denuncia contra el intendente de Vista Alegre, José “Turco” Asaad, y sostuvo que el jefe comunal debería renunciar si los hechos denunciados se confirman en los términos que trascendieron.
La declaración se produjo este martes, durante la presentación del balance de los primeros 1.000 días de gestión provincial, cuando el gobernador fue consultado sobre la situación del intendente y actual presidente del Partido Justicialista de Neuquén. Asaad ocupa ambos cargos y conduce uno de los sectores del peronismo provincial que durante este año expresó coincidencias políticas con la administración de Figueroa.
Figueroa comenzó marcando una diferencia entre la posición política del Gobierno provincial y las competencias institucionales sobre el municipio.
“Los municipios son autónomos. No hay que hablar sobre cuestiones hipotéticas. Si es tal cual como pareciera que es, yo creo que Asaad tiene que renunciar”.
La formulación contiene una condición importante: el gobernador no dio por acreditados judicialmente los hechos denunciados, sino que expresó qué postura adoptaría si se confirman en los términos que actualmente se conocen.
Asaad fue denunciado el domingo en la Comisaría 49 de Vista Alegre por su expareja, quien relató presuntas agresiones físicas, verbales y psicológicas. La presentación policial conocida hasta ahora constituye una denuncia y deberá ser evaluada por las autoridades judiciales correspondientes; no equivale por sí misma a una determinación de responsabilidad penal.
Durante la misma respuesta, Figueroa profundizó su posición.
“Yo creo que tiene que renunciar. Esas cosas son inviables en la mente de todos nosotros. Por supuesto está la Justicia, que hay que respetar, pero son inviables. Tolerancia cero”.
El gobernador buscó de esa manera establecer una posición política inmediata sin reemplazar la intervención judicial.
La expresión “tolerancia cero” forma parte de un criterio que Figueroa también ha utilizado públicamente para referirse a corrupción y otros hechos que considera incompatibles con el ejercicio de responsabilidades públicas.
En esta oportunidad, sin embargo, el mandatario vinculó directamente esa posición con el caso Asaad.
Otro punto relevante de sus declaraciones fue la respuesta a los cuestionamientos que habían surgido por la falta de un pronunciamiento público inicial de organismos provinciales.
“Nosotros tomamos este tema con muchísima seriedad. Inmediatamente el Estado provincial se puso al servicio de la víctima y estuvimos acompañándola desde el primer minuto”.
La afirmación corresponde al gobernador y describe la actuación que, según indicó, desarrollaron los organismos provinciales.
En las primeras horas posteriores a conocerse el caso habían surgido críticas por la ausencia de una comunicación pública de áreas provinciales vinculadas con violencia de género.
Esa ausencia inicial de comunicación, sin embargo, no permite concluir por sí sola que no haya existido asistencia institucional. La declaración de Figueroa introduce ahora la versión oficial de que el acompañamiento comenzó desde el inicio.
El gobernador vinculó además su posición con decisiones políticas anteriores tomadas durante su administración.
“Lo hemos demostrado cuando ocurrieron cosas. De hecho, me quedé sin vicegobernadora. Soy el que menos mira para el otro lado”.
La referencia alude al conflicto institucional que terminó con la salida de la entonces vicegobernadora Gloria Ruiz, aunque aquel caso tuvo características jurídicas y políticas diferentes y no resulta directamente equiparable con la denuncia que ahora involucra a Asaad.
El argumento utilizado por Figueroa apunta a sostener que su administración aplicará el mismo estándar político cuando una situación grave involucre a dirigentes vinculados con su propio esquema de alianzas.
Y ese dato tiene peso particular en este caso.
Asaad conduce el PJ neuquino y su sector, denominado Peronismo Territorial, viene sosteniendo una estrategia de acercamiento político a la gestión provincial. Días antes de la denuncia, el propio espacio había expresado públicamente su respaldo al rumbo de Figueroa.
La declaración del gobernador marca ahora una distancia política explícita.
Existe además una cuestión institucional que conviene diferenciar.
Vista Alegre es un municipio de segunda categoría, gobernado bajo el régimen establecido por la Ley provincial 53 y con un Concejo Deliberante integrado por siete miembros.
Por esa razón, una declaración del gobernador no remueve al intendente ni produce automáticamente su suspensión.
La Ley 53 establece que el Concejo Deliberante tiene facultades para considerar una eventual renuncia y, en determinados supuestos, disponer una suspensión preventiva o destitución. Para los casos de incapacidad o mal desempeño, la suspensión requiere cinco votos y la destitución también exige cinco concejales, luego de un procedimiento que debe garantizar la defensa del intendente.
Cuando existe una imputación penal, la normativa también establece mecanismos específicos vinculados con la intervención judicial.
La autonomía municipal que mencionó Figueroa tiene, por lo tanto, una consecuencia concreta: la Provincia puede fijar una posición política, pero la continuidad institucional de Asaad debe resolverse mediante los mecanismos previstos para Vista Alegre.
El caso comenzó durante el fin de semana como una presentación ante la Policía, pero en pocas horas se convirtió en un problema institucional y político.
La denuncia puso bajo presión no solamente al intendente sino también a la conducción del Partido Justicialista, debido a que Asaad es su presidente provincial.
Ahora se suma la posición del gobernador.
Figueroa hizo dos afirmaciones simultáneas: pidió respetar la investigación judicial y, en el plano político, consideró que Asaad debería abandonar el cargo si los hechos denunciados se confirman.
Ese matiz será central durante las próximas horas.
Una denuncia no constituye una condena. Pero tampoco impide que los actores políticos adopten posiciones respecto de la permanencia de un funcionario mientras se esclarece un episodio de esta gravedad.
Vista Alegre queda así frente a dos procesos distintos que avanzarán en paralelo: el judicial, que deberá establecer qué ocurrió y eventuales responsabilidades; y el institucional, donde el Concejo Deliberante deberá determinar qué tratamiento dará a la continuidad del intendente.
