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Giorgia Meloni endurece las políticas migratorias y educativas en Italia: prepara un paquete escolar con cupos para extranjeros y prohíbe el velo islámico en las aulas

El gobierno de la República Italiana, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, elevará al Consejo de Ministros un paquete legislativo de alto impacto político y social destinado a reformar el sistema educativo. La iniciativa gubernamental se estructurará sobre tres ejes vertebrales: un tope legal de alumnos extranjeros por clase, la obligatoriedad de que los padres con déficit de inserción escolar aprendan italiano y la prohibición explícita del burka y el hiyab en los establecimientos educativos.

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El anuncio fue formalizado por la mandataria durante su exposición en Fenix, el tradicional festival político organizado por Gioventù Nazionale, la rama juvenil de la fuerza oficialista Fratelli d’Italia. Al fundamentar la medida ante la militancia, Meloni justificó la intervención estatal bajo premisas de soberanía cultural e integración efectiva: "Está a punto de llegar al Consejo de Ministros una medida que establece por ley el número máximo de alumnos extranjeros por clase y una medida que introduce la obligación para los padres de estudiantes extranjeros con graves problemas de inserción escolar de aprender italiano y que introduce la prohibición del burka y del hiyab en la escuela", sentenció.

La controversia por la minoría nativa y la igualdad de género

En uno de los tramos más enérgicos de su discurso, la jefa de Gobierno cuestionó el modelo multicultural imperante y arremetió contra los sectores críticos de la oposición. "No puede ser que en una clase italiana quienes se sientan en un rincón sean los niños italianos porque se han convertido en minoría. No se puede hacer", aseveró, a la vez que desestimó los cuestionamientos ideológicos externos al calificar las críticas actuales como "una mentira cómoda para quienes viven de ideología, para quienes nos dan lecciones de moral desde los salones y luego envían a sus hijos a escuelas en las que este problema no existe".

Bajo esta óptica, el Ejecutivo italiano argumentó que un alumno aislado sin dominio del idioma nacional puede asimilarse al grupo, pero advirtió que la conformación de mayorías alóctonas desnaturaliza el proceso pedagógico: "Ya no es integración, es abandono". Asimismo, en relación a la prohibición de las prendas de cobertura facial e integral, Meloni blindó la decisión institucional bajo un principio de orden constitucional: "En Italia nadie, en nombre de una tradición verdadera o presunta, puede decidir que una joven deba ocultarse", y remarcó con firmeza: "La paridad entre hombre y mujer no es negociable. No lo es en nuestras calles, no lo es en nuestras escuelas".

Antecedentes normativos y el mapa comparativo en la Unión Europea

La ofensiva legislativa del oficialismo se inscribe en una escalada de medidas impulsadas por el centroderecha en los últimos meses. Ya en el mes de agosto, el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, había deslizado la intención de intervenir sobre el uso del velo mediante enmiendas a proyectos de seguridad, una línea impulsada a fines de julio por el espacio Futuro Nazionale —liderado por el eurodiputado Roberto Vannacci— y respaldada por formaciones aliadas como la Liga, que previamente había propuesto modificar la histórica ley Reale de 1975 sobre prohibición de enmascaramiento en espacios públicos.

Si bien en Italia regía formalmente desde 2010 una circular emitida por la entonces ministra Mariastella Gelmini que fijaba un límite indicativo del 30% de estudiantes sin ciudadanía por aula, su aplicación práctica había sido heterogénea. Informes de la Fondazione ISMU sitúan a este segmento estudiantil en torno al 11,6% a nivel nacional, aunque con agudos bolsones de concentración segregada en las periferias urbanas.

De concretarse la sanción parlamentaria del nuevo techo legal, Italia se transformaría en el primer Estado miembro de la Unión Europea en legislar cuotas estrictas de esta naturaleza a escala nacional, distanciándose de modelos comparados como el danés —que aplica topes de hasta el 50% de origen no occidental en educación secundaria— o el esquema francés, que proscribe distinciones étnicas por vía constitucional priorizando la zonificación escolar.

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