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Madrid puso fin a 38 días de acampada en la Puerta del Sol: 400 policías participaron del desalojo y hubo dos detenidos

El operativo se realizó durante la madrugada de este martes y permitió retirar el campamento levantado en reclamo por el derecho a la vivienda. La protesta había comenzado tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años. La intervención reavivó el enfrentamiento político entre el oficialismo español y los principales referentes del Partido Popular.

edaae780-baba-11f1-bd21-bdf910f2cec6.jpgLa Puerta del Sol, uno de los espacios públicos más emblemáticos y concurridos de Madrid, recuperó su funcionamiento habitual luego de que la Policía Nacional y la Policía Municipal ejecutaran el desalojo del campamento instalado durante 38 días en reclamo por el acceso a la vivienda. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este martes, con la participación de aproximadamente 400 agentes, y terminó con dos personas detenidas por resistencia a la autoridad.

Aunque no se registraron incidentes de gravedad, la intervención puso fin a una protesta que había adquirido una fuerte dimensión social y política en España, en medio de la creciente preocupación por el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.

La Delegación del Gobierno en Madrid fundamentó el operativo en la decisión de los organizadores de dar por concluida la movilización y en la existencia de “hechos presuntamente delictivos e incidentes”. A través de un comunicado, el organismo aseguró que el procedimiento se llevó adelante de manera gradual y sin violencia.

En ese sentido, explicó que la intervención tuvo como finalidad “garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol”.

Al momento del desalojo, alrededor de 300 personas dormían en el campamento. Sin embargo, una parte de los organizadores ya había anticipado que comenzaría a desmontar progresivamente la instalación, con el propósito de reorganizar la protesta y preparar la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, convocada por los principales sindicatos bajo las consignas de reclamar viviendas y salarios que permitan afrontar su costo.

Una vez que las personas que todavía permanecían en las tiendas abandonaron el espacio público, comenzaron las tareas de limpieza impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid. Los equipos municipales retiraron las estructuras y los materiales que habían quedado en la plaza.

Minutos antes de las 9, los restos del campamento se encontraban concentrados en una franja frente a la Real Casa de Correos. En el lugar trabajaban operarios municipales con dos excavadoras y tres camiones destinados a cargar los elementos retirados.

Una protesta que nació tras el desahucio de una mujer de 87 años

La acampada comenzó el 26 de septiembre, como respuesta al avance de los desalojos y al aumento sostenido de los precios de los alquileres. Su origen estuvo vinculado al caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había residido durante siete décadas en la misma vivienda y cuyo desahucio, seguido de su posterior fallecimiento, generó conmoción y abrió una nueva etapa de reclamos sociales.

El caso se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad habitacional de los adultos mayores y de las consecuencias sociales que puede provocar la falta de respuestas frente a la crisis de acceso a la vivienda.

Con el transcurso de los días, la movilización amplió sus demandas y sumó a organizaciones y colectivos con distintas identidades políticas y sociales. Entre ellos participaron agrupaciones antifascistas, anticomunistas, propalestinas y defensoras de los derechos de las personas LGTBI. También se incorporaron personas en situación de calle que encontraron en el campamento un espacio de permanencia.

La diversidad de sectores involucrados convirtió a la protesta en una expresión más amplia del malestar social, aunque también generó cuestionamientos y tensiones en torno a la ocupación prolongada de uno de los principales espacios públicos de la capital española.

La ocupación abrió un conflicto entre las autoridades de Madrid

La continuidad del campamento durante más de un mes provocó diferencias entre los distintos niveles de gobierno. Tanto la administración regional como el Ayuntamiento de Madrid reclamaban el desmantelamiento de la instalación, mientras que el entonces delegado del Gobierno central, Francisco Martín, mantenía una posición contraria a ejecutar el desalojo mientras no estuvieran comprometidas las condiciones de seguridad y el orden público.

La discusión adquirió especial relevancia por las características de la Puerta del Sol, un punto neurálgico de la actividad comercial y turística madrileña, que recibe diariamente a residentes, visitantes de otras regiones españolas y turistas internacionales.

La ocupación prolongada también alimentó los cuestionamientos sobre las condiciones de salubridad, la utilización del espacio público y el impacto de la protesta sobre la actividad económica de la zona.

Ayuso y Feijóo respaldaron el operativo y apuntaron contra Sánchez

El desalojo fue celebrado por los principales referentes del Partido Popular (PP), que aprovecharon la finalización del campamento para cuestionar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y responsabilizarlo por haber permitido que la ocupación se extendiera durante 38 días.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su rechazo a la permanencia de la protesta y apuntó directamente contra el Ejecutivo nacional.

“Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad”, escribió en sus redes sociales.

En la misma línea se pronunció Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, quien sostuvo que el desalojo podría haberse concretado antes. El dirigente cuestionó la falta de una intervención anticipada y denunció problemas de seguridad, insalubridad y daños al patrimonio. Además, consideró que las autoridades deberían dar explicaciones ante la Justicia por las decisiones adoptadas durante la permanencia del campamento.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó el procedimiento como “una buena noticia para la salubridad pública” y celebró que, a partir de la intervención, “vuelva a funcionar el Estado de derecho”.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, el dirigente también destacó que el levantamiento del campamento favorecía a los comerciantes, al sector de la hostelería y a la imagen internacional de Madrid.

Feijóo consideró que las decisiones impulsadas por el Ayuntamiento y el Gobierno regional habían conseguido el resultado esperado. También sostuvo que las demandas y denuncias presentadas ante la Justicia generaron preocupación entre quienes debían responder por la situación.

El desalojo cerró una ocupación que durante 38 días trasladó al centro político, comercial y turístico de Madrid el debate sobre el derecho a la vivienda, los límites de la protesta en el espacio público y las responsabilidades de las distintas administraciones.

La recuperación de la Puerta del Sol puso fin a la acampada, pero no al conflicto de fondo: la crisis habitacional continúa siendo uno de los principales focos de tensión social y política en España.

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