RedacciónLa administración de las Islas Malvinas, bajo control británico y cuya soberanía es reclamada por la Argentina, anunció la extensión por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore.
La decisión fue comunicada el lunes y, según informó la propia administración isleña, cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido. Los permisos actualmente se encuentran vinculados a tareas de exploración y podrán extenderse por otros dos años, sujetos al cumplimiento de los programas de trabajo establecidos para las compañías.
La medida se conoció en un contexto de creciente tensión entre Buenos Aires y Londres por la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean el archipiélago.
La extensión de las licencias fue defendida por Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, sostuvo Roberts.
La funcionaria también defendió el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos y sostuvo que se trata de recursos que corresponden a los habitantes de las islas.
La Argentina rechaza esa posición y sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona requieren autorización argentina, en el marco de su reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.
Uno de los principales proyectos involucrados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas y desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
Navitas posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper controla el 35% restante.
Las compañías avanzaron con sus planes de desarrollo y prevén comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028. Ambas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración de las islas.
La continuidad del proyecto quedó además alcanzada por una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto, quien ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion.
La resolución judicial surgió a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. La propia información sobre el fallo advierte que su ejecución enfrenta límites vinculados con la cooperación internacional y la actuación de las empresas.
En paralelo con la prórroga de las licencias, la administración isleña autorizó que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65% en el bloque PL001, ubicado junto al proyecto Sea Lion.
La operación fue acordada con JHI Associates, que conservará el 35% restante. Según el comunicado de la administración de las islas, se espera que el ingreso de Navitas permita acelerar la evaluación y el eventual desarrollo del área.
Además de Navitas, Rockhopper y JHI, entre las compañías que poseen permisos exploratorios en la zona figuran Borders & Southern y Desire Petroleum Limited.
La prórroga de las licencias llega después de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Malvinas.
El 4 de septiembre, la Cancillería argentina inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área. Cuatro días después se incorporaron otros 15 sujetos, elevando a 60 el número de personas humanas y jurídicas alcanzadas por esos procedimientos.
Además, el Gobierno argentino presentó denuncias penales contra empresas vinculadas con la exploración en la Cuenca Malvinas Norte, entre ellas distintas sociedades relacionadas con Navitas y JHI.
La Casa Rosada también envió al Congreso un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, incluyendo las actividades desarrolladas en torno a las Malvinas.
El Reino Unido sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las empresas que operan en las islas y respalda la facultad de la administración local para gestionar sus recursos naturales. Las compañías involucradas también han defendido la validez de las licencias otorgadas por las autoridades isleñas.
La Argentina, en cambio, considera ilegítimos esos permisos y sostiene que la explotación de recursos naturales en el área en disputa no puede avanzar unilateralmente.
Entre los fundamentos de la posición argentina se encuentra la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes de la disputa de soberanía a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúa pendiente una solución negociada.
Así, la extensión de las licencias petroleras agrega un nuevo capítulo a una disputa que combina soberanía, explotación de recursos naturales, acciones judiciales y medidas diplomáticas y administrativas, mientras el proyecto Sea Lion permanece como uno de los principales focos de la controversia.
