Redacción
La decisión fue adoptada bajo el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784, una herramienta que permite avanzar judicialmente contra imputados que permanecen prófugos en el extranjero, con defensa técnica y las garantías procesales previstas por la normativa. La causa AMIA constituye su primera aplicación de relevancia.
En una resolución de más de 600 páginas, Rafecas sostuvo que, de acuerdo con la reconstrucción de la investigación, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y su ejecución fue encomendada a Hezbollah. El magistrado calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio, una caracterización jurídica que deberá atravesar las posteriores instancias del proceso.
Entre los principales acusados se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, entonces vinculado a la conducción de la Fuerza Al Quds.
Según la resolución, estos cuatro funcionarios habrían intervenido desde las estructuras de poder iraní en la decisión y organización del ataque, posibilitando las condiciones para su ejecución.
También fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní; y Ahmad Reza Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El juez los ubicó como “cómplices necesarios”, al atribuirles una intervención considerada esencial dentro de la estructura diplomática y de apoyo local.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda y señalado como integrante de Hezbollah. La resolución le atribuye la coordinación de la etapa final del atentado.
En cambio, Rafecas dictó falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Tampoco avanzó sobre la situación procesal de personas señaladas históricamente en la investigación que ya fallecieron.
La resolución judicial reconstruye parte de la logística utilizada para concretar el ataque. Según el fallo, los responsables adquirieron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994 y la acondicionaron con aproximadamente 300 kilos de amonal y TNT.
El vehículo habría quedado preparado el 15 de julio en un estacionamiento situado a unas cuatro cuadras de la AMIA. Tres días después fue utilizado contra la sede de la mutual judía, en un horario de elevada concurrencia.
Para Rafecas, la operación contó con una red regional y local de apoyo, con conexiones en la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú.
La Justicia encuadró los hechos como homicidios y lesiones reiteradas agravados por odio racial o religioso, además de otros delitos vinculados con el peligro común y los daños provocados.
Junto con los procesamientos, el juez dispuso embargos de hasta US$500 millones para cada uno de los acusados, una de las medidas patrimoniales de mayor magnitud dentro de esta etapa de la investigación.
El procesamiento, sin embargo, no constituye una sentencia definitiva. La defensa oficial puede apelar la resolución y, si las instancias superiores la confirman, la causa podrá avanzar hacia la elevación a juicio oral.
La aplicación del juicio en ausencia ya había sido habilitada por Rafecas en 2025 y posteriormente recibió respaldo de la Cámara Federal porteña, mientras la defensa cuestionó la constitucionalidad y el alcance de este mecanismo.
Otro aspecto señalado en la resolución es la posible relación entre la causa AMIA y la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel de 1992.
A partir de un planteo de la UFI AMIA, Rafecas dispuso dar intervención a la Corte Suprema para analizar una eventual conexidad entre ambos expedientes, dado que la Fiscalía sostiene que Hezbollah habría participado en los dos ataques.
La resolución también sostiene que el atentado contra la AMIA habría tenido una posible vinculación temporal y operativa con el ataque ocurrido al día siguiente en Panamá contra un avión de pasajeros, que dejó 20 muertos, entre ellos integrantes de la comunidad judía de ese país.
El avance judicial fue reivindicado por funcionarios del Gobierno nacional. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, calificó el procesamiento como “un hito en la lucha contra la impunidad” y destacó que el mecanismo de juicio en ausencia permite avanzar hacia una instancia oral.
La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también respaldó la decisión y vinculó el avance judicial con la sanción de la Ley de Juicio en Ausencia.
El presidente Javier Milei, por su parte, publicó en X: “La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!”.
Las declaraciones forman parte de la reacción política frente a una decisión que corresponde al Poder Judicial. El próximo capítulo será determinar si los procesamientos quedan firmes y si la causa logra finalmente llegar a juicio oral, una instancia que podría constituir un nuevo punto de inflexión después de más de tres décadas de investigación.
