Julieta Corroza decidió convertir su voto negativo en el Senado en una definición política mucho más amplia: La Neuquinidad no pretende alinearse automáticamente ni con el Gobierno de Javier Milei ni con la oposición nacional cuando considere comprometidos los intereses estratégicos de Neuquén.
La senadora explicó los motivos que la llevaron a rechazar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo nacional que finalmente obtuvo media sanción en la madrugada del viernes con 37 votos afirmativos y 33 negativos. Corroza estuvo entre quienes votaron en contra.
La discusión tuvo una particularidad decisiva: antes de la votación, el oficialismo debió retirar el Capítulo III, referido a la adquisición de tierras por extranjeros, y posteriormente también eliminó el Capítulo IV, que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Así lo confirmó oficialmente el Senado.
Es decir, Corroza terminó rechazando el proyecto completo incluso después de que fueran eliminados dos de los capítulos que habían generado las mayores objeciones de Neuquén.
“No somos ni opositores cerrados ni oficialistas a ciegas; representamos a Neuquén”, sintetizó la legisladora al explicar su posición.
El proyecto ingresó formalmente al Senado el 27 de marzo de 2026, enviado por el Poder Ejecutivo bajo el expediente PE-13/26. Su tratamiento comenzó en abril en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y atravesó meses de negociaciones, exposiciones y modificaciones.
Corroza sostuvo que el texto llegó al recinto después de 17 modificaciones y recordó que distintos senadores dialoguistas habían planteado desde el comienzo reparos particularmente sobre extranjerización de tierras y manejo del fuego.
Ese grupo resultó decisivo.
La Libertad Avanza necesitaba construir una mayoría que no poseía por sí sola y terminó cediendo en los artículos más controvertidos para evitar que todo el proyecto quedara bloqueado.
El resultado fue una ley sustancialmente distinta de la concebida inicialmente por el Ejecutivo.
La negociación parlamentaria demostró que, aun en un Congreso polarizado, las bancadas provinciales pueden convertirse en árbitros cuando ninguna de las grandes fuerzas posee mayoría propia.
Para Corroza, el punto de inflexión ocurrió cuando el gobernador Rolando Figueroa explicitó públicamente que Neuquén no acompañaría una ampliación de las posibilidades de adquisición de tierras rurales por capital extranjero.
La senadora aseguró que aquella definición, lejos de representarle una presión, le produjo “alivio”.
“Tengo un solo jefe político que es Rolando Figueroa, y el jefe de nuestro equipo son los neuquinos. No hay otra persona que condicione nuestro voto”, afirmó.
La frase expone con claridad el posicionamiento que La Neuquinidad intenta instalar en Buenos Aires.
No se presenta como una fuerza opositora permanente a Milei. Tampoco como un aliado incondicional.
Su lógica consiste en negociar proyecto por proyecto y colocar como criterio rector el impacto sobre Neuquén.
Esa identidad provincialista será además una pieza central del discurso político de Figueroa hacia 2027.
Uno de los argumentos centrales de Corroza estuvo relacionado con la concentración territorial existente en sectores estratégicos de la provincia.
La legisladora señaló que más de la mitad de las tierras rurales del departamento Lácar está registrada en manos extranjeras.
Un relevamiento reciente del Observatorio de Tierras, elaborado sobre datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, estimó específicamente una extranjerización del 54,17% en Lácar, equivalente a unas 257.000 hectáreas sobre aproximadamente 475.000.
La concentración tiene especial sensibilidad porque se trata del departamento cuya cabecera es San Martín de los Andes, en plena cordillera neuquina y en una región caracterizada por lagos, bosques, cursos de agua y tierras de elevado valor ambiental, turístico e inmobiliario.
El fenómeno, además, no se distribuye homogéneamente.
El mismo relevamiento ubica una fuerte concentración de capital extranjero en Lácar, Catán Lil, Collón Curá y Los Lagos, cuatro departamentos de particular importancia territorial para Neuquén.
Para la representación provincial, el problema no está únicamente en cuánto territorio neuquino está extranjerizado en términos globales, sino dónde se encuentran esas propiedades y qué recursos estratégicos contienen.
Existe una diferencia que conviene explicar.
La Ley 26.737, actualmente vigente, establece como regla general que la titularidad extranjera de tierras rurales no puede superar el 15% a nivel nacional, provincial y en las correspondientes unidades administrativas. También limita al 30% de ese cupo la concentración correspondiente a una misma nacionalidad extranjera y establece restricciones adicionales sobre determinadas superficies y áreas sensibles.
Los datos oficiales nacionales actualizados hasta agosto de 2025 señalaban que ninguna provincia argentina superaba globalmente el límite del 15%.
Eso no contradice necesariamente la existencia de concentraciones mucho mayores en determinados departamentos. Entre otras razones, la propia legislación preservó derechos adquiridos y no obligó a desprenderse de superficies que ya se encontraban bajo titularidad extranjera antes de la entrada en vigencia del régimen.
Por eso, un promedio provincial relativamente bajo puede convivir con niveles de extranjerización extremadamente altos en sectores geográficos específicos.
Y allí está una de las principales preocupaciones neuquinas.
La actual Ley de Tierras no se limita a fijar porcentajes.
También prohíbe, con las condiciones previstas por la normativa, que extranjeros adquieran determinados inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de establecer restricciones en zonas de seguridad de frontera.
En una provincia cordillerana, esas disposiciones adquieren una dimensión política particular.
Lagos, nacientes, ríos, bosques, montañas y corredores fronterizos convierten buena parte del suelo neuquino en algo más que una mercancía inmobiliaria.
El debate sobre la propiedad termina inevitablemente conectado con la discusión sobre quién controla el acceso a recursos naturales esenciales y territorios estratégicos.
Corroza planteó que, para Neuquén, ampliar el margen de extranjerización carecía de justificación cuando el límite nacional vigente ni siquiera estaba agotado.
La otra gran controversia estuvo relacionada con la Ley de Manejo del Fuego.
Neuquén llegó al debate nacional con una legislación propia reciente: la Ley Provincial 3555, sancionada en diciembre de 2025, que creó el Sistema Provincial de Manejo del Fuego y regula la prevención, presupresión, supresión y sanción de conductas vinculadas con incendios en áreas forestales y rurales.
Corroza sostuvo que durante la negociación la Provincia acercó ese marco legal como referencia y defendió la potestad provincial para regular la aplicación de determinadas medidas dentro de su territorio.
La resistencia no fue exclusivamente neuquina.
El oficialismo terminó retirando por completo el capítulo referido al manejo del fuego antes de la votación general.
En una Patagonia castigada repetidamente por grandes incendios, cualquier modificación sobre el destino posterior de las tierras quemadas adquiere inevitablemente una dimensión ambiental, económica e inmobiliaria.
Finalmente, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra.
Lo hizo, sin embargo, despojada de dos componentes fundamentales del diseño inicial.
El capítulo de extranjerización de tierras fue eliminado antes de llegar a la votación y el de manejo del fuego cayó durante la propia sesión.
El proyecto que continúa su recorrido parlamentario conserva modificaciones vinculadas principalmente con expropiaciones, protección de la propiedad y procedimientos para recuperar inmuebles, entre otros puntos.
Corroza igualmente votó negativamente en general, mientras los otros dos senadores por Neuquén, Nadia Márquez y Pablo Cervi, acompañaron el proyecto.
Así, Neuquén mostró una representación dividida en el resultado final, pero la presión provincial contribuyó a que el capítulo de tierras no llegara a votarse.
Corroza reveló además que las objeciones neuquinas habían comenzado antes.
Según relató, desde las primeras discusiones pidió preservar disposiciones vinculadas con el Registro Nacional de Barrios Populares —RENABAP—, porque entendía que determinadas modificaciones podían entrar en contradicción con políticas provinciales de regularización territorial.
Como ejemplo mencionó barrios neuquinos como 2 de Mayo, 7 de Mayo y El Nido, donde la Provincia desarrolla procesos destinados a avanzar sobre la regularización y el acceso formal a servicios y tierra.
La discusión revela que el proyecto nacional reunía dentro de una misma iniciativa asuntos muy diferentes: propiedad privada, ocupaciones, expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y áreas afectadas por incendios.
Esa amplitud fue precisamente una de las razones por las que atravesó meses de negociación y numerosos cambios.
La explicación de Corroza excedió el proyecto puntual.
La senadora cuestionó la lógica con la que habitualmente se interpreta cada votación del Congreso.
Según su planteo, acompañar una iniciativa del Ejecutivo convierte inmediatamente a un legislador en “mileísta”, mientras rechazarla lo ubica automáticamente como “kirchnerista”.
Su respuesta fue reafirmar la pertenencia al proyecto provincial de Comunidad y La Neuquinidad.
“No pertenezco a ningún partido nacional; mi única respuesta es hacia Neuquén”, planteó.
La definición tiene un contenido electoral evidente.
Figueroa construyó su llegada al Gobierno provincial rompiendo la hegemonía histórica del Movimiento Popular Neuquino, pero conservando una parte central de su tradición política: el provincialismo y la defensa de una agenda neuquina frente al poder central.
Corroza incluso evitó desconocer esa herencia.
Reconoció que hubo aspectos positivos y negativos de las administraciones anteriores, pero sostuvo que el ciclo actual pretende superar las estructuras partidarias tradicionales mediante un frente más amplio.
La senadora también dejó en claro que la confrontación por las tierras no implica romper la relación con el Gobierno nacional.
Por el contrario, destacó la importancia del diálogo entre Rolando Figueroa y la administración de Javier Milei para garantizar condiciones de inversión y estabilidad para el desarrollo de Vaca Muerta.
La posición provincial combina así dos discursos que podrían parecer contradictorios, pero que forman parte de una misma estrategia.
Neuquén necesita inversión privada, capital internacional y seguridad jurídica para expandir su industria energética; al mismo tiempo, pretende preservar capacidad política para definir qué ocurre con su tierra, su agua y sus recursos naturales.
Corroza sintetizó esa idea vinculando la riqueza energética con el impacto cotidiano que debe producir sobre la sociedad neuquina: rutas, escuelas, infraestructura y servicios.
El mensaje es claro: Vaca Muerta no sería un fin en sí mismo, sino una herramienta para financiar una transformación territorial más amplia.
El episodio deja también una enseñanza sobre el poder que adquieren los bloques provinciales.
Con un Senado dividido y un Gobierno que necesita votos ajenos para aprobar buena parte de sus iniciativas, legisladores como Corroza pueden adquirir un peso superior al tamaño numérico de sus bancadas.
La senadora aseguró que seguirá participando de las conversaciones con sectores dialoguistas y que evitará fijar posiciones definitivas mientras los proyectos estén todavía en comisión y sujetos a cambios.
Ese método le permite negociar sin quedar incorporada estructuralmente a una coalición nacional.
Pero también eleva la responsabilidad: cada voto deberá ser explicado en términos provinciales y no solamente partidarios.
La discusión de las tierras terminó ofreciendo al oficialismo neuquino una oportunidad para reforzar su identidad.
Puede acompañar políticas económicas nacionales vinculadas con inversión, energía o equilibrio de las cuentas, pero al mismo tiempo necesita demostrar que posee límites propios.
En esta oportunidad, esos límites fueron la tierra, el agua, el ambiente y la capacidad provincial para administrar sus recursos.
La frase de Corroza resume la doctrina que La Neuquinidad pretende trasladar al Congreso:
ni oposición automática ni obediencia automática.
El desafío será sostener ese criterio cuando las discusiones sean menos cómodas, los costos políticos mayores y las negociaciones involucren recursos que Nación y Provincia necesiten mutuamente.
La tierra le permitió a Neuquén marcar una frontera política. De ahora en adelante, cada votación pondrá a prueba si “el límite es Neuquén” constituye una convicción permanente o solamente una consigna eficaz para una ley particularmente sensible.
