Figueroa busca blindar las tierras fiscales de Neuquén frente a compradores extranjeros

El gobernador presentó ante la Legislatura un proyecto para modificar la Ley provincial 263 y reservar la venta, adjudicación y arrendamiento de inmuebles fiscales a personas humanas o jurídicas argentinas. La iniciativa prioriza el arraigo y los proyectos productivos, turísticos y sostenibles, en medio del debate nacional para flexibilizar los límites sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.

El gobernador Rolando Figueroa ingresó este lunes 3 de agosto en la Legislatura de Neuquén un proyecto destinado a modificar el régimen de tierras fiscales y establecer que los inmuebles pertenecientes al patrimonio provincial únicamente puedan ser adjudicados, vendidos o arrendados a personas humanas o jurídicas argentinas.

La propuesta modifica la Ley provincial 263 de Tierras Fiscales y plantea una definición política sobre el destino de los bienes inmobiliarios administrados por el Estado neuquino.

El alcance del proyecto debe interpretarse con precisión: no prohíbe la compra de toda propiedad privada neuquina por parte de extranjeros, sino que establece restricciones sobre las tierras fiscales pertenecientes a la Provincia.

La iniciativa ingresó en un contexto de fuerte discusión nacional. El Senado tiene previsto debatir el jueves 6 de agosto cambios al régimen de tierras rurales impulsados por el Gobierno de Javier Milei, orientados a flexibilizar varias de las restricciones vigentes sobre la adquisición de inmuebles por parte de personas y empresas extranjeras.

“Prioritariamente para neuquinos y argentinos”

Figueroa confirmó la presentación mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, donde vinculó la protección de las tierras fiscales con una estrategia de desarrollo provincial.

“Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible”, expresó Rolando Figueroa.

El proyecto propone que la asignación de tierras no dependa únicamente de la nacionalidad del solicitante, sino también de su vinculación comprobable con Neuquén y de la finalidad económica, social o productiva presentada.

La intención declarada es favorecer a quienes tengan arraigo territorial, cumplan condiciones verificables y desarrollen iniciativas compatibles con la planificación provincial.

La nacionalidad funcionará como requisito de acceso, mientras que el arraigo y la viabilidad del proyecto serán criterios para establecer prioridades entre los postulantes.

Qué propone modificar el Gobierno provincial

La iniciativa busca reformular el artículo 1 de la Ley 263 para establecer que las tierras fiscales solo puedan ser vendidas o arrendadas dentro de la provincia a personas humanas o jurídicas argentinas.

La normativa provincial regula la adjudicación, explotación, transferencia y titulación de los inmuebles pertenecientes al dominio fiscal de Neuquén.

El cambio anunciado alcanzaría tanto a personas individuales como a empresas constituidas bajo legislación argentina. Sin embargo, el debate legislativo deberá precisar cómo se tratarán las sociedades argentinas controladas total o mayoritariamente por capital extranjero.

Esa definición será relevante para evitar que la restricción pueda ser eludida mediante la creación de una sociedad local cuya conducción económica o beneficiarios finales sean extranjeros.

Un proyecto legislativo presentado en Neuquén en 2016 ya había propuesto incorporar restricciones específicas para personas extranjeras y sociedades con participación extranjera mayoritaria en tierras fiscales ubicadas en zonas de frontera y seguridad. Aquel texto incluía controles sobre el capital societario y sancionaba la utilización de titulares argentinos para simular una adquisición nacional.

La eficacia del nuevo régimen dependerá no solamente de la prohibición general, sino también de los mecanismos de control sobre accionistas, beneficiarios finales, fideicomisos y eventuales operaciones encubiertas.

Las tierras fiscales como patrimonio estratégico

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo define las tierras fiscales como un activo del patrimonio provincial que debe ser utilizado para implementar políticas de desarrollo.

El texto enumera actividades vinculadas con:

• Agricultura y ganadería.

• Forestación.

• Energías renovables.

• Turismo.

• Industria.

• Ordenamiento territorial y ambiental.

• Generación de empleo.

• Prevención de la concentración indebida del suelo.

La concepción oficial trasciende el valor inmobiliario de la tierra y la presenta como una herramienta de planificación económica, social y territorial.

El Gobierno sostiene que los inmuebles fiscales deben ser adjudicados en función de objetivos estratégicos y no considerados únicamente como bienes disponibles para su comercialización.

La propuesta apunta a que el Estado conserve capacidad para decidir qué actividades productivas promover, cómo ordenar el crecimiento territorial y bajo qué condiciones transferir o conceder el uso de un recurso limitado.

El riesgo señalado por el Ejecutivo

En los argumentos enviados a la Legislatura, el Gobierno advierte que una apertura irrestricta a compradores extranjeros podría debilitar la capacidad provincial para definir sus propias políticas productivas y ambientales.

“Permitir una adquisición irrestricta de tierras por capitales internacionales podría subordinar las políticas productivas o ambientales a intereses externos”, señala el proyecto.

El texto también plantea la necesidad de evitar una concentración masiva del suelo en manos no nacionales que pueda poner en riesgo el control estatal sobre el territorio o sobre sectores relevantes de la matriz productiva.

La posición del Ejecutivo neuquino no implica un rechazo general a la inversión extranjera. Plantea una distinción entre permitir inversiones para producir y transferir de manera definitiva la propiedad de bienes fiscales provinciales.

La Provincia ya utiliza diferentes herramientas, como concesiones, permisos de explotación y contratos de inversión, que permiten la participación de capital privado nacional o internacional sin desprenderse necesariamente del dominio sobre los recursos o las tierras involucradas.

Desarrollo económico sin transferencia del patrimonio

Uno de los debates centrales será si la restricción propuesta puede afectar el ingreso de inversiones o si, por el contrario, permite atraer capital sin entregar la propiedad de bienes estratégicos.

El oficialismo sostiene que la inversión productiva no exige necesariamente que una empresa extranjera sea propietaria de la tierra fiscal. El Estado puede habilitar proyectos mediante concesiones, permisos o acuerdos sujetos a condiciones, plazos y controles.

El proyecto intenta separar dos conceptos que suelen presentarse como equivalentes: inversión y propiedad. Una empresa puede invertir, producir y generar empleo sin convertirse en dueña permanente de la tierra pública.

Desde una perspectiva crítica, el debate legislativo también deberá analizar si una prohibición absoluta puede excluir proyectos convenientes para la Provincia o generar desigualdades entre empresas según su estructura societaria.

La norma deberá encontrar un equilibrio entre la defensa del patrimonio provincial, la seguridad jurídica, la competencia económica y la necesidad de impedir operaciones especulativas o concentraciones indebidas.

El contraste con la discusión nacional

La presentación neuquina ocurre mientras el Congreso analiza cambios sobre la Ley nacional 26.737, denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

La legislación nacional vigente establece que la titularidad o posesión extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del territorio nacional, provincial o municipal. También dispone que ninguna nacionalidad extranjera puede concentrar más del 30% de ese cupo y fija, como regla general, un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero.

La ley también restringe la adquisición extranjera de inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de propiedades ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

El proyecto nacional en discusión propone flexibilizar varios de esos límites y reconocer un margen mayor de regulación para las provincias. Según los borradores difundidos, se plantea eliminar el tope nacional del 15%, el cupo por nacionalidad y determinadas restricciones relacionadas con zonas fronterizas o cuerpos de agua.

Mientras la Nación avanza hacia una apertura mayor, Neuquén busca reforzar su capacidad para decidir sobre los inmuebles que integran su propio patrimonio fiscal.

El pedido de Figueroa a Julieta Corroza

La estrategia provincial tiene también una dimensión nacional.

Figueroa le solicitó a la senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, que durante el tratamiento en la Cámara Alta proponga mantener un límite cuantificable para la concentración de tierras rurales en manos extranjeras.

El planteo se realizará de manera independiente a la reforma provincial. La iniciativa neuquina se limita a los bienes fiscales de la Provincia, mientras que la discusión nacional comprende también propiedades rurales privadas y los límites generales de extranjerización.

Corroza tendrá así la responsabilidad de sostener en el Senado una posición que combine la defensa de las facultades provinciales con la existencia de parámetros nacionales destinados a evitar niveles críticos de concentración territorial.

La discusión pondrá nuevamente en tensión dos principios: la apertura a las inversiones y la protección de la soberanía sobre el suelo, el agua, las áreas fronterizas y otros recursos estratégicos.

Prioridad para el arraigo y la producción

El proyecto provincial impulsa que las tierras fiscales sean asignadas prioritariamente a personas que tengan una vinculación efectiva con Neuquén y presenten propuestas compatibles con el desarrollo sostenible.

La evaluación debería considerar la residencia, los antecedentes productivos, la generación de empleo, el impacto ambiental, el cumplimiento fiscal y la relación del proyecto con las necesidades de cada región.

La referencia al arraigo busca impedir que la adjudicación recaiga sobre operadores sin presencia real en el territorio o sobre emprendimientos puramente especulativos.

Sin embargo, el concepto deberá ser definido con criterios objetivos. Una fórmula demasiado abierta podría otorgar una discrecionalidad excesiva a la administración encargada de seleccionar beneficiarios.

La transparencia de los concursos, la publicidad de los expedientes, los mecanismos de control y la rendición de cuentas serán elementos indispensables para evitar favoritismos o adjudicaciones sin suficiente justificación.

El recorrido que tendrá en la Legislatura

El proyecto ingresó formalmente este lunes y podría tomar estado parlamentario durante la próxima semana.

Una vez cumplido ese paso, será derivado a las comisiones legislativas correspondientes, donde los diputados podrán convocar a funcionarios, especialistas, productores, organizaciones ambientales y representantes de distintos sectores económicos.

El tratamiento en comisión podría comenzar hacia mediados de agosto, aunque los plazos dependerán de la agenda parlamentaria y de los acuerdos políticos que construya el oficialismo.

La iniciativa deberá resolver interrogantes jurídicos y operativos centrales: qué se entiende por persona jurídica argentina, cómo se comprobará el arraigo, qué ocurrirá con los trámites iniciados y qué controles impedirán adquisiciones indirectas por capital extranjero.

También deberá establecerse si las restricciones alcanzarán solamente a las futuras adjudicaciones o si tendrán algún efecto sobre concesiones, arrendamientos y expedientes actualmente en curso.

Una definición política sobre el territorio

La presentación del proyecto coloca a Neuquén en una posición diferenciada frente a la apertura promovida desde el Gobierno nacional.

El Ejecutivo provincial sostiene que el crecimiento económico no puede quedar separado de la planificación territorial ni de la protección de los recursos naturales.

La tierra fiscal no es solamente una parcela disponible: es patrimonio público, capacidad de planificación y una herramienta para decidir qué modelo productivo se desarrollará sobre el territorio.

La propuesta de Figueroa abre una discusión necesaria, pero su eficacia dependerá de la calidad del texto que finalmente apruebe la Legislatura. La nacionalidad por sí sola no garantiza inversión, arraigo ni desarrollo, del mismo modo que el origen extranjero de un capital no determina automáticamente un perjuicio para la Provincia.

El desafío será construir una norma que proteja el patrimonio neuquino sin generar espacios de discrecionalidad, simulaciones societarias o adjudicaciones alejadas del interés público.

Defender la soberanía territorial exige establecer límites, pero también garantizar controles, transparencia y un destino productivo verificable para cada hectárea administrada por el Estado.