Pablo Ruiz reconoció el desvío de fondos públicos y fue condenado: la Justicia ordenó decomisar más de $57 millones

La resolución fue homologada este viernes por el juez de garantías Lucas Yancarelli, luego de un acuerdo pleno alcanzado entre la defensa y la fiscalía de Delitos Económicos. Como resultado, Ruiz recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que le impedirá volver a desempeñarse dentro de la administración estatal.

La investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal concluyó que el exfuncionario utilizó fondos que estaban destinados a programas comunitarios, actividades culturales y proyectos de capacitación para jóvenes con fines ajenos a los objetivos para los cuales habían sido asignados.

Según la acusación fiscal, una de las maniobras más relevantes consistió en el desvío de más de 52 millones de pesos que debían financiar iniciativas impulsadas por la Casa de las Leyes. Los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias particulares y posteriormente colocados en instrumentos financieros con el objetivo de generar rendimientos económicos.

La causa también incorporó una segunda línea de investigación vinculada a presuntas irregularidades en contrataciones publicitarias. En este punto, la fiscalía atribuyó a Ruiz una maniobra de administración fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio superior a los 45 millones de pesos, mediante procedimientos que habrían evitado los controles administrativos previstos para las contrataciones públicas.

De acuerdo con las pericias y registros incorporados al expediente, las operaciones investigadas se habrían desarrollado entre finales de 2023 y noviembre de 2024.

Los investigadores sostuvieron que, en una primera etapa, el exfuncionario realizó transferencias directas desde cuentas oficiales hacia su propia cuenta sueldo. Posteriormente, luego de observaciones efectuadas por el Banco Provincia del Neuquén (BPN) respecto de esos movimientos, el mecanismo habría mutado hacia la emisión de cheques al portador que eran cobrados por terceros y posteriormente entregados al imputado.

La admisión de los hechos por parte de Pablo Ruiz permitió cerrar una parte de la investigación mediante un acuerdo judicial que quedó firme de manera inmediata.

Como parte de la sentencia, el magistrado ordenó el decomiso de 57,7 millones de pesos que permanecían embargados en cuentas judiciales. La suma comprende tanto el dinero recuperado durante la investigación como los intereses generados mientras los fondos permanecieron inmovilizados por disposición de la Justicia.

Además de la condena principal, Ruiz deberá cumplir tareas comunitarias y permanecer bajo supervisión judicial durante el plazo establecido en la sentencia.

Impacto sobre la investigación principal

La resolución judicial tiene relevancia para el desarrollo de la causa principal, que continúa abierta respecto de otros imputados.

Entre las personas alcanzadas por la investigación permanecen bajo análisis judicial la exvicegobernadora Gloria Ruiz, la exsecretaria de Cámara Isabel Ricchini y la exprosecretaria Eliana Sánchez, entre otros involucrados.

Para la fiscalía, el reconocimiento formal de los hechos por parte del excoordinador constituye un elemento de peso dentro del expediente y se suma a la evidencia reunida durante la investigación, integrada por auditorías contables, registros bancarios, documentación administrativa y pericias técnicas.

Con la renuncia de todas las partes a los plazos procesales de apelación, la condena adquirió firmeza inmediata, cerrando uno de los capítulos más significativos de una investigación que continúa avanzando sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.