La causa judicial que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó en las últimas horas nuevos elementos de análisis luego de que la fiscalía accediera a documentación hallada en el teléfono celular del contratista Matías Tabar.
Entre los archivos secuestrados por la Justicia figura una factura por 8.183.303 pesos correspondiente a una compra de ropa blanca realizada durante 2025 en la firma Rosen The Store, una empresa de origen chileno especializada en productos de descanso de alta gama y proveedora de hoteles de lujo en distintos países de América Latina.
La información fue difundida por el periodista Sergio Farella, quien señaló que la operación habría sido realizada a nombre de una persona del círculo de confianza del funcionario nacional.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la factura figura a nombre de Gisela Kocsis, integrante del área de Medios y Comunicación y funcionaria designada dentro de la estructura que conduce Adorni.
La adquisición corresponde a artículos de ropa blanca premium comercializados por Rosen, una compañía reconocida por abastecer establecimientos hoteleros de categoría superior y por ofrecer líneas de sábanas confeccionadas con materiales de alta calidad, incluyendo algodón egipcio y terminaciones de lujo.
La incorporación de esta documentación se produce en el marco de una investigación más amplia orientada a determinar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y la trazabilidad de determinados gastos y movimientos financieros.
Paralelamente, el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa, avanzó sobre otro de los aspectos centrales del expediente: las inversiones en activos digitales declaradas por Adorni.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para identificar qué plataformas, exchanges, billeteras virtuales y operadores vinculados al mercado de criptomonedas desarrollaban actividades en Argentina desde 2012.
La medida apunta a reconstruir el contexto financiero existente en los años previos al crecimiento masivo del ecosistema cripto y verificar la factibilidad de determinadas operaciones mencionadas por el propio funcionario.
Según trascendió en publicaciones periodísticas, uno de los ejes de la investigación se concentra en una inversión que Adorni habría asegurado haber realizado en Bitcoin durante los primeros años de expansión de esa criptomoneda.
El objetivo de la fiscalía es establecer qué intermediarios estaban habilitados para operar en el mercado local en aquel período y determinar la consistencia documental de los movimientos financieros declarados.
Fuentes judiciales indicaron que la reconstrucción de esas operaciones resulta clave para verificar el origen de determinados fondos y evaluar la evolución patrimonial bajo investigación.
Mientras la causa continúa acumulando documentación y requerimientos de información a distintos organismos, la Justicia busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados, los gastos detectados y las inversiones financieras atribuidas al actual jefe de Gabinete.
Por el momento, la investigación permanece en etapa de instrucción y no existen resoluciones judiciales definitivas sobre la situación procesal de Manuel Adorni.
