El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y dispuso una restricción migratoria sobre el exjefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La medida se conoció en medio de versiones sobre una posible mudanza a Uruguay y profundiza el escenario judicial abierto tras su salida del Gobierno.
La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de alto impacto político. El juez federal Ariel Lijo resolvió prohibirle al exjefe de Gabinete la salida del país sin autorización previa, en el marco de la causa en la que se investiga su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión fue adoptada a última hora del viernes, luego de un pedido formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien interviene en la investigación. A partir de esta resolución, Adorni no podrá abandonar la Argentina sin requerir autorización judicial y deberá informar cada movimiento al exterior ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Lijo.
La medida se conoció en un contexto sensible: en los últimos días circularon versiones sobre la posibilidad de que el exfuncionario analizara radicarse en Uruguay, presuntamente por el hostigamiento que, según su entorno, estaría atravesando su familia. Sin embargo, la Justicia avanzó con una restricción concreta para asegurar su sujeción al proceso.
Según trascendió, en caso de solicitar permiso para viajar al exterior, Adorni deberá presentar los pasajes de regreso y notificar formalmente al juzgado una vez que retorne a su domicilio. Es decir, no se trata de una detención ni de una condena, pero sí de una medida procesal que limita su movilidad internacional mientras avanza la investigación.
El expediente apunta a determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por el exjefe de Gabinete y una serie de gastos, compras e inversiones que quedaron bajo análisis judicial. También están bajo la lupa su esposa, Bettina Angeletti, y su hermano, Francisco Adorni.
En los próximos días, el fiscal Gerardo Pollicita espera recibir un informe elaborado por contadores del Ministerio Público Fiscal, donde se analizarán los ingresos, movimientos patrimoniales, consumos con tarjetas y adquisiciones atribuidas al exfuncionario. A partir de ese relevamiento, la fiscalía podría requerir explicaciones formales sobre el origen de los fondos utilizados.
La investigación se profundizó luego de la declaración testimonial de Gisela Kocsis, secretaria privada de Adorni, quien compareció el miércoles pasado ante los tribunales federales de Comodoro Py.
De acuerdo con su testimonio, Kocsis confirmó que realizaba “gestiones personales” para el exjefe de Gabinete y admitió que le habría cedido sus tarjetas de crédito para concretar compras de montos significativos. Según declaró, luego Adorni le reintegraba esos gastos en efectivo.
Ese mecanismo también habría sido mencionado por la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, y por un empleado de la Vocería Presidencial, Luis Aluju, quienes señalaron que el exfuncionario utilizaba tarjetas de terceros y luego devolvía el dinero.
Entre los gastos mencionados en la causa figuran compras destinadas a equipar y decorar una vivienda que Adorni habría adquirido en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Entre los consumos detallados aparecen más de $8.183.303,25 en sábanas y accesorios en Rosen The Store, además de la compra de un lavarropas y un lavavajillas Whirlpool por aproximadamente $3.100.000, y almohadas por cerca de $400.000.
El testimonio de Kocsis incorporó elementos sensibles para la fiscalía, porque podría ayudar a reconstruir el circuito de gastos personales, pagos en efectivo y utilización de medios de pago ajenos dentro del entorno del exfuncionario.
Desde el punto de vista político, el avance de la causa golpea a una figura que ocupó un lugar central dentro del gobierno de Javier Milei. La prohibición de salida del país se suma a las consecuencias abiertas tras su renuncia como jefe de Gabinete y vuelve a colocar al oficialismo frente a un expediente de fuerte impacto público.
Por ahora, Manuel Adorni continúa siendo investigado y conserva el principio constitucional de inocencia. No obstante, la resolución judicial marca un endurecimiento del control sobre sus movimientos y confirma que la causa patrimonial ingresó en una etapa de mayor intensidad.
Cierre InfoGo: Cuando la Justicia empieza a revisar el origen del patrimonio de un funcionario, el debate deja de ser solo judicial: también se vuelve político, institucional y ético. En democracia, el poder se ejerce con responsabilidad, pero también debe rendir cuentas.
