La Corte dejó firme el decomiso millonario y el kirchnerismo denuncia una ofensiva política

El máximo tribunal rechazó los recursos de las defensas y sostuvo el cálculo actualizado de casi $685 mil millones en la causa Vialidad. La medida alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados. Desde el kirchnerismo cuestionaron el fallo y lo calificaron como una “venganza” judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una de las decisiones patrimoniales más sensibles de la causa Vialidad: el cálculo actualizado del decomiso que deberán afrontar Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en el expediente por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los planteos de las defensas y mantuvieron vigente el monto actualizado, fijado en casi $685 mil millones. La cifra surge de la actualización del decomiso originalmente establecido por el Tribunal Oral Federal N° 2, que en 2022 había calculado el perjuicio al Estado en $84.835 millones, con la posibilidad de ajustar ese monto al momento de la ejecución de la sentencia.

El fallo no solo consolida el frente penal de la causa, sino que abre una etapa de alto impacto político y patrimonial: la ejecución sobre bienes vinculados a los condenados.

El proceso involucra más de un centenar de inmuebles bajo análisis judicial, con embargos y eventuales subastas como parte del mecanismo para cubrir el monto establecido. Dentro de ese universo aparecen propiedades atribuidas a Lázaro Báez, bienes vinculados a la expresidenta y activos relacionados con Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, entre ellos el Hotel Los Sauces, de acuerdo con las versiones periodísticas sobre el expediente.

La decisión vuelve a colocar a la causa Vialidad en el centro de la tensión entre Justicia y política. Para el máximo tribunal, los recursos extraordinarios presentados por las defensas no lograron abrir una instancia de revisión. Para el kirchnerismo, en cambio, el decomiso se inscribe en una ofensiva judicial contra la principal figura del espacio.

Desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner cuestionaron el criterio aplicado y apuntaron contra lo que consideran una contradicción del sistema judicial: por un lado, remarcan que la exmandataria fue sobreseída en expedientes vinculados a su patrimonio y declaraciones juradas; por otro, sostienen que ahora se pretende avanzar sobre bienes sin una prueba directa de origen ilícito.

Una legisladora cercana a Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la declaración jurada y, por otro, la misma Justicia la decomisa”.

En la misma línea, fuentes del kirchnerismo sostienen que el decomiso debería demostrar que cada bien es producto directo del delito investigado. Desde esa posición, afirman que no alcanza con la condena penal para avanzar indiscriminadamente sobre el patrimonio si no existe una trazabilidad concreta entre los bienes y los hechos probados en la causa.

Desde el entorno de la expresidenta señalaron: “El decomiso debe probar que la cosa es producto del delito, pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes”.

La lectura política del kirchnerismo es aún más dura. Dirigentes del espacio interpretan la resolución como una “venganza” de la Corte Suprema, a la que el oficialismo peronista intentó someter a juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández. Esa confrontación institucional, lejos de haberse desactivado, vuelve a tensarse con cada decisión vinculada a la expresidenta.

En términos procesales, la Corte rechazó el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, defensores de Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal apeló al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que le permite desestimar recursos extraordinarios sin ingresar en un desarrollo argumental amplio sobre el fondo del planteo.

El pronunciamiento sostiene que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, resultaba inadmisible. En consecuencia, la Corte desestimó la presentación directa y dejó firme la resolución que había validado el cálculo del decomiso.

El voto de Ricardo Lorenzetti, acompañado en sus fundamentos por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, incluyó una aclaración técnica sobre el alcance del artículo 280. Allí se recordó que la desestimación de un recurso mediante esa norma no implica necesariamente que la Corte confirme la justicia o el acierto de la decisión recurrida, sino que el tribunal decide no abrir la instancia extraordinaria.

Ese punto es relevante porque marca una diferencia jurídica: la Corte no reescribió los fundamentos del decomiso, pero sí dejó sin efecto práctico los intentos de las defensas por frenar la actualización y la ejecución patrimonial.

La actualización del monto fue realizada con intervención de peritos de la Corte Suprema, representantes técnicos de las defensas y del Ministerio Público. El cálculo tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, lo que llevó la cifra desde los $84.835 millones originales hasta casi $685 mil millones.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner cuestionó esa metodología e intentó desactivar el criterio de actualización. Sin embargo, el planteo no prosperó. El máximo tribunal terminó sosteniendo la validez del monto y dejó habilitado el avance de la etapa de ejecución.

El Tribunal Oral Federal N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había dispuesto el decomiso como parte de la sentencia por perjuicio al Estado en la causa Vialidad. La condena incluyó a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios, bajo la acusación de administración fraudulenta vinculada al direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.

Ahora se abre un período de duración incierta para concretar la ejecución integral. Fuentes judiciales advierten que no resulta sencillo fijar un plazo preciso, ya que el proceso puede incluir tasaciones, planteos pendientes, determinación de titularidades, intervenciones administrativas y eventuales discusiones sobre el destino de cada bien.

También aparece en el expediente el rol de la Unidad de Información Financiera, dado que la investigación tuvo conexiones con la posible existencia de maniobras de lavado de activos. Ese componente agrega complejidad técnica y política a una causa que, desde su inicio, excede el plano estrictamente judicial.

En paralelo, el kirchnerismo volvió a denunciar que Cristina Fernández de Kirchner enfrenta condiciones judiciales más severas que otros condenados por delitos de extrema gravedad. Esa línea discursiva refuerza la denuncia de persecución política que el espacio viene sosteniendo desde que la condena quedó firme.

Sin embargo, desde la perspectiva institucional, el fallo de la Corte consolida un dato objetivo: el decomiso actualizado quedó firme y el expediente ingresó en una fase patrimonial decisiva.

La discusión ya no se limita a la condena penal. Ahora la disputa se traslada al terreno de los bienes, el dinero, la reparación al Estado y el alcance real de una sentencia que sigue dividiendo a la política argentina.