La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de que el juez federal Ariel Lijo comenzara a evaluar seriamente una posible citación a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.
La investigación, que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye sospechas por presunto enriquecimiento ilícito, recepción de dádivas y posibles irregularidades vinculadas a contratos adjudicados en la TV Pública a la productora Imhouse, propiedad del empresario televisivo Marcelo Grandio, reconocido allegado del funcionario nacional.
Fuentes judiciales señalaron que el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir si avanza formalmente con la convocatoria.
En el ámbito judicial interpretan que una eventual indagatoria implicaría un fuerte avance del expediente y una señal concreta de que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.
Uno de los principales focos de la causa está puesto sobre el viaje que Manuel Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval.
La Justicia investiga si el traslado en avión privado habría sido financiado por Marcelo Grandio, productor televisivo y titular de Imhouse, empresa que mantiene contratos vigentes con la TV Pública.
Aunque Adorni aseguró públicamente que el viaje fue pagado con fondos propios, documentación incorporada al expediente contradice esa versión.
El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que la reserva y el pago del vuelo fueron realizados directamente por Grandio.
“El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó el intermediario ante los investigadores judiciales.
Según consta en la causa, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso habría sido facturado posteriormente por aproximadamente 3000 dólares al productor televisivo.
La investigación también se extiende sobre distintos contratos celebrados entre la TV Pública e Imhouse para producciones televisivas, ciclos radiales y contenidos de streaming.
Entre los programas bajo análisis aparecen:
Este último ciclo era conducido por el propio Marcelo Grandio.
Como parte de las medidas ordenadas por el juzgado, se realizan cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre los teléfonos de Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse.
El objetivo judicial es determinar si existieron comunicaciones o encuentros coincidentes con adjudicaciones y negociaciones vinculadas a contratos estatales.
Otro de los ejes sensibles de la investigación se concentra en el patrimonio personal del jefe de Gabinete y particularmente en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Según la causa, la propiedad habría sido escriturada por unos 120.000 dólares y posteriormente sometida a remodelaciones integrales y compra de mobiliario valuadas en aproximadamente 245.000 dólares adicionales.
Parte de esas obras, de acuerdo con el expediente, se habría realizado sin facturación formal.
Los investigadores consideran que el volumen de gastos detectados no resultaría compatible con los ingresos oficialmente declarados por Adorni dentro de la administración pública.
La situación se agrava además por la existencia de hipotecas privadas y operaciones inmobiliarias bajo análisis judicial.
La causa también incorpora otra hipótesis sensible: la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario.
La Justicia intenta determinar si agentes federales fueron destinados a tareas de seguridad privada ajenas a funciones oficiales.
De comprobarse esa utilización irregular de recursos estatales, los investigadores consideran que podría configurarse el delito de peculado.
La posible citación a indagatoria amenaza con profundizar el desgaste político alrededor de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
En Comodoro Py existe expectativa sobre la decisión final de Ariel Lijo, ya que una convocatoria formal representaría un salto institucional importante dentro de una investigación que viene escalando en volumen político, mediático y judicial.
Mientras tanto, el expediente continúa sumando pruebas documentales, análisis patrimoniales y peritajes financieros que buscan determinar si existió una evolución patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el entorno familiar del funcionario.
