Corrupción en Andacollo: dos comerciantes evitaron el juicio tras acordar un pago millonario al municipio
La causa judicial por presuntas maniobras defraudatorias contra la Municipalidad de Andacollo sumó un giro clave luego de que dos comerciantes imputados lograran evitar el juicio oral mediante un acuerdo económico millonario homologado por la Justicia neuquina.
Los acusados, identificados como K.C.V. y J.C.V., aceptaron abonar 137 millones de pesos al municipio como reparación económica y cumplir durante un año una serie de condiciones de conducta para acceder al beneficio de la suspensión de juicio a prueba, conocida legalmente como probation.
La resolución fue avalada por una jueza de garantías tras el consentimiento del Ministerio Público Fiscal y de la propia Municipalidad de Andacollo, que interviene como querellante en el expediente.
La investigación apunta a maniobras millonarias contra el municipio
Los comerciantes son propietarios de un corralón que mantenía relaciones comerciales con la comuna y habían sido imputados formalmente en noviembre del año pasado por presuntas maniobras que, según la investigación, generaron un perjuicio económico superior a los 128 millones de pesos para las arcas municipales.
De acuerdo con la acusación fiscal, existía una estructura organizada donde distintos involucrados cumplían roles específicos para concretar operaciones irregulares vinculadas a contrataciones y utilización de recursos municipales.
Entre las maniobras detectadas aparecen:
- Certificaciones de supuestas horas de alquiler de maquinaria vial que nunca se habrían realizado.
- Disposición irregular de áridos provenientes de la cantera municipal.
- Operaciones administrativas presuntamente simuladas para justificar pagos y movimientos económicos.
La investigación se originó tras una denuncia impulsada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, quien presentó formalmente las sospechas sobre posibles irregularidades dentro de la administración municipal.
Qué implica el acuerdo judicial
La salida procesal acordada corresponde a una Suspensión de Juicio a Prueba, una herramienta prevista por el Código Procesal para determinados delitos cuando los imputados reúnen ciertas condiciones legales.
En este caso, los comerciantes accedieron al beneficio debido a que:
- No poseen antecedentes penales.
- No eran funcionarios públicos.
- Las penas previstas podrían ser de cumplimiento condicional.
Como parte del acuerdo homologado judicialmente, deberán:
- Pagar $137 millones a la Municipalidad de Andacollo.
- Presentarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada.
- Informar cualquier cambio de domicilio.
- No cometer nuevos delitos.
- Abstenerse del consumo de estupefacientes.
- Evitar excesos en el consumo de alcohol.
La probation podrá ser revocada si incumplen cualquiera de las pautas fijadas por la Justicia durante el período establecido.
La causa sigue contra dos exfuncionarios municipales
Aunque la situación judicial de los comerciantes quedó temporalmente encauzada mediante el acuerdo, la investigación penal continuará respecto de otros dos imputados que permanecen acusados en el expediente.
Se trata de:
- Eduardo Argentino Zenteno, exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes.
- Carlos Daniel Leiva, exdirector de Redes del municipio.
Ambos eran funcionarios públicos al momento de los hechos investigados y continúan bajo investigación por las presuntas maniobras que habrían provocado un millonario daño económico contra el municipio del norte neuquino.
La Fiscalía sostiene que la estructura investigada involucraba tanto a particulares como a integrantes de la administración pública municipal, motivo por el cual el expediente todavía mantiene abiertas distintas líneas de investigación.
Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el control de fondos públicos
La causa impactó políticamente en Andacollo por el volumen económico involucrado y por el alcance de las presuntas irregularidades dentro de áreas operativas municipales.
El acuerdo económico homologado ahora evita el avance a juicio oral para los comerciantes, aunque no implica el cierre definitivo de la investigación penal ni extingue las responsabilidades que todavía se analizan respecto de los exfuncionarios acusados.
Mientras tanto, la Justicia continuará avanzando sobre la reconstrucción de los circuitos administrativos y financieros utilizados en las operaciones bajo sospecha.
