El “Caso Adorni” impacta sobre Milei y erosiona el discurso anti-casta del Gobierno

El escándalo político y judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a mostrar efectos directos sobre la credibilidad del Gobierno nacional y sobre uno de los pilares discursivos que sostuvo el ascenso político de Javier Milei: la promesa de combatir “la casta” y terminar con los privilegios de la dirigencia tradicional.

Un estudio elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires reveló que 7 de cada 10 argentinos consideran culpable a Adorni, mientras que casi el 80% cree que el caso afecta de manera directa la imagen y el relato moral del oficialismo libertario.

La investigación, realizada sobre 4.711 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), expone además un nivel de conocimiento prácticamente total del caso: el 97,3% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído sobre el escándalo. El dato refleja la magnitud política y mediática que adquirió la situación en las últimas semanas.

Según el informe, el impacto más severo no se limita a la figura del funcionario, sino al daño estructural que el episodio provoca sobre el discurso identitario del Gobierno.

El 79,9% de los consultados consideró que el “Caso Adorni” afecta “mucho” o “algo” la narrativa anti-casta con la que Milei llegó al poder.

La encuesta marca así un punto de tensión sensible para la administración libertaria, que construyó buena parte de su legitimidad política sobre la denuncia de la corrupción, el privilegio y las prácticas tradicionales de la dirigencia argentina.

Una mayoría social cree en las acusaciones

El estudio del OPSA también profundizó sobre la percepción pública respecto de las denuncias que rodean al jefe de Gabinete.

El 66,5% de los encuestados consideró que los hechos denunciados son “reales y graves”, mientras que solo una minoría interpreta el episodio como una operación política destinada a perjudicar al Gobierno.

Además, el trabajo revela un fuerte deterioro en la credibilidad pública del funcionario.

El 70,3% sostiene que Manuel Adorni es “totalmente culpable”, mientras que el 65,8% afirma no creerle “nada” cuando intenta defenderse públicamente de las acusaciones.

La causa judicial investiga movimientos patrimoniales bajo sospecha, entre ellos un patrimonio superior a los 840 mil dólares, refacciones de lujo abonadas en efectivo sin facturación formal en un country de Exaltación de la Cruz, operaciones inmobiliarias cuestionadas y presuntas triangulaciones con organismos estatales como YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La investigación se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan además el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, hacia Nueva York.

El desgaste político ya impacta sobre la Casa Rosada

El relevamiento también midió el efecto institucional y político del caso sobre el Gobierno nacional.

El 62,5% de los encuestados afirmó que el escándalo empeoró la imagen del Gobierno, mientras que el 74,9% consideró que perjudica políticamente a la administración de Javier Milei.

El informe establece incluso una comparación simbólica con la denominada “foto de Olivos” que terminó golpeando la legitimidad política del expresidente Alberto Fernández durante la pandemia.

Según el análisis del OPSA, ambos episodios comparten un mismo efecto: la percepción social de contradicción entre el discurso oficial y las conductas reales de quienes integran el poder político.

La diferencia, advierte el estudio, es que Milei aún sostenía hasta ahora buena parte de su capital político sobre la idea de outsider incorruptible enfrentado al sistema tradicional. Precisamente allí es donde el “Caso Adorni” parece haber impactado con mayor profundidad.

Impunidad, corrupción y crisis de confianza

El trabajo también deja al descubierto una fuerte desconfianza social sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino.

El 71,8% de los encuestados consideró que la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanciones efectivas, mientras que el 81,2% sostuvo que penas más severas podrían ayudar a reducir los hechos de corrupción.

La conclusión política del informe resulta incómoda para el oficialismo: la demanda de transparencia, castigo e institucionalidad que Milei supo capitalizar electoralmente empieza ahora a transformarse en un factor de presión directa sobre su propia gestión.

El “Caso Adorni”, que inicialmente aparecía como un episodio defensivo para la Casa Rosada, comienza así a consolidarse como un foco de desgaste político con capacidad de afectar el núcleo simbólico del proyecto libertario.