Casación le otorgó la prisión domiciliaria a Julio De Vido por su delicado estado de salud
POLÍTICA / JUDICIALES
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió conceder la prisión domiciliaria al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien cumple una condena firme por la causa vinculada a la Tragedia de Once. La decisión judicial se apoyó en informes médicos que advirtieron sobre la imposibilidad de garantizar un tratamiento adecuado dentro del sistema penitenciario.
El exfuncionario, de 76 años, dejará el penal de Ezeiza luego de que la Sala III del máximo tribunal penal considerara que las condiciones de detención actuales representan un riesgo concreto para su salud debido a patologías cardíacas crónicas y antecedentes clínicos recientes de gravedad.
La resolución reabre el debate público y judicial sobre los criterios humanitarios aplicados a personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública, particularmente en casos donde confluyen edad avanzada y deterioro físico.
Los jueces fundamentaron el fallo en informes médicos oficiales
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación, quienes analizaron distintos estudios elaborados por el Cuerpo Médico Forense.
Según surge de la resolución, los informes concluyeron que el exministro requiere controles permanentes, tratamiento farmacológico continuo, alimentación específica e infraestructura sanitaria especializada para reducir riesgos cardiovasculares.
Uno de los elementos centrales que inclinó la decisión judicial fue el cuadro cardíaco sufrido recientemente por Julio De Vido, quien atravesó una arritmia severa que derivó en una angioplastia con colocación de stent y tratamiento anticoagulante.
Los magistrados sostuvieron que la permanencia en un establecimiento penitenciario podría agravar su estado de salud y provocar consecuencias irreversibles.
El tribunal entendió que el entorno carcelario no reúne las condiciones adecuadas para atender patologías complejas y minimizar riesgos de descompensación cardiovascular.
No obstante, la Cámara aclaró que el beneficio no implica el cese de la condena ni la liberación plena del exfuncionario, ya que continuará bajo control judicial.
Será ahora el juez de ejecución quien deberá fijar las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria, incluyendo reglas de conducta, monitoreo y controles periódicos.
La condena por la Tragedia de Once
La situación judicial de Julio De Vido está directamente vinculada a la causa derivada de la Tragedia de Once, uno de los episodios más graves de la historia ferroviaria argentina reciente.
El 22 de febrero de 2012, una formación de la línea Sarmiento impactó contra el andén de la estación Once, provocando la muerte de 51 personas y dejando centenares de heridos.
En noviembre del año pasado, la Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra el exministro por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 4 concluyó que, durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación Federal, De Vido incumplió su deber de control sobre los fondos públicos destinados a la concesionaria ferroviaria TBA.
Absolución por las muertes y condena por administración fraudulenta
Aunque la condena quedó firme por administración fraudulenta, el exfuncionario fue absuelto del cargo de estrago culposo relacionado directamente con las muertes ocasionadas por el siniestro ferroviario.
La investigación sobre su rol comenzó formalmente tras la primera sentencia del caso dictada en 2015, cuando ya habían sido condenados otros funcionarios y empresarios vinculados al sistema ferroviario.
Con el paso de los años, la causa avanzó sobre responsabilidades políticas y administrativas vinculadas al control estatal de las concesiones ferroviarias.
La decisión de otorgarle prisión domiciliaria vuelve a instalar una fuerte discusión pública sobre los límites entre garantías humanitarias, cumplimiento efectivo de penas y el impacto político de los fallos judiciales vinculados a exfuncionarios condenados por corrupción.
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