Denuncian al intendente de Las Lajas por presunto conflicto de intereses y uso del poder para beneficio propio

La gestión del intendente de Las Lajas, Pablo Cortez, quedó formalmente bajo investigación judicial tras una denuncia penal que lo acusa de posible conflicto de intereses y uso indebido de su función pública en beneficio personal.

La presentación fue realizada por el concejal Juan Cabezas, del bloque Juntos, ante la Fiscalía de Zapala, donde solicitó que se analicen presuntos delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

 El eje de la denuncia: una cantera propia

Según el escrito judicial, el conflicto se originó el 1 de diciembre de 2025, cuando Cortez elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar la explotación de un yacimiento minero.

Lo que encendió las alarmas fue que, en ese mismo expediente, el propio intendente reconoció ser titular del emprendimiento, lo que configuraría una superposición directa entre su rol público y un interés privado.

El denunciante fue categórico:
“El intendente no puede solicitar un permiso en beneficio propio ni directa ni indirectamente a través del Concejo”, sostuvo Cabezas, al cuestionar la legalidad del procedimiento.

Además, remarcó que este tipo de autorizaciones suelen ser otorgadas por el Ejecutivo a terceros, no tramitadas por quien ejerce la máxima autoridad municipal. A esto se suma otro punto sensible: las canteras estarían ubicadas en jurisdicción provincial, lo que pondría en duda la competencia del Concejo Deliberante para habilitarlas.

 Tasa vial y presunto beneficio económico

En una segunda línea de investigación, la denuncia también apunta a la creación de una “tasa vial” del 4,5% sobre combustibles, aplicada en la única estación de servicio de la localidad.

El planteo es aún más delicado: el intendente estaría vinculado a ese comercio, lo que implicaría que actúa simultáneamente como beneficiario económico y autoridad encargada de controlar la recaudación.

Para el concejal denunciante, esta situación configura un escenario de “juez y parte”, incompatible con los principios de ética pública.

 Sin respuestas administrativas y vía judicial

Cabezas explicó que la decisión de acudir a la Justicia se produjo luego de no obtener respuestas a pedidos de informes previos dentro del ámbito institucional.

“Distintos asesores legales coincidieron en la existencia de incompatibilidad”, afirmó, reforzando la base técnica de la denuncia.

 Investigación en curso y tensión política

La causa quedó en manos de la fiscalía, que deberá determinar si existieron irregularidades en la conducta del jefe comunal y si los hechos denunciados configuran delitos penales.

Mientras tanto, el caso genera fuerte impacto en el escenario político local, donde se abre un debate sobre los límites entre la función pública y los intereses privados.

El avance de la investigación será clave para definir no solo responsabilidades individuales, sino también el alcance institucional de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo municipal.