Spagnuolo se negó a declarar en la nueva tanda de indagatorias por las coimas en ANDIS
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi comenzaron este martes con una nueva tanda de indagatorias en la causa por la que se investiga el pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya está procesado al igual que otros imputados, llegó esta mañana a los tribunales federales de Retiro para comenzar con su segunda indagatoria en línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Sin embargo, se negó a declarar.
Spagnuolo es señalado por su rol como máxima autoridad de la ANDIS, ya que habría ocupado una posición jerárquica esencial para el funcionamiento del esquema, generando las condiciones estructurales para el direccionamiento de contrataciones a cambio de retornos.
La lista incluye la ampliación de las declaraciones de otras personas ya procesadas en la causa, entre las que se encuentran el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
Además, se citó a declarar a nuevos sospechosos: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.
“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.
Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—”, sostuvo el magistrado.
La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a empresarios que habrían formado parte de esa estructura para pagar sobreprecios en la compra de los medicamentos.
Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.
