El consulado de Miami es una opción. También hablan de mandarlo de embajador en comisión. Los nombres para reemplazar a Quirno si va a la jefatura de gabinete.
La defensa de Bertolini va por la cabeza de Vignaroli y hay cuarto intermedio hasta el martes
POLÍTICA / JUDICIALES
La audiencia clave en la causa contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, terminó envuelta en un giro inesperado que frenó el avance judicial y abrió un nuevo frente de conflicto institucional: la defensa pidió el apartamiento del fiscal jefe Pablo Vignaroli, cuestionando su objetividad y el encuadre legal del proceso.
El trámite, que se desarrollaba en la Ciudad Judicial de Neuquén, quedó interrumpido por decisión de la jueza de garantías Carina Álvarez, quien dispuso un cuarto intermedio y deberá resolver este martes a las 8.30 si el fiscal continúa o no al frente del caso.
Una audiencia que se desordenó y volvió a dilatar el proceso
El clima previo anticipaba tensión: mayor presencia policial, versiones sobre una eventual detención y un expediente con alto impacto político. Sin embargo, la ausencia inicial de la Fiscalía de Estado desarticuló la audiencia y derivó en planteos de nulidad.
El abogado defensor Javier Pino Muñoz invocó el artículo 136 de la Constitución provincial, que exige la intervención de ese organismo en causas donde se investigan fondos públicos.
“Es una manda constitucional que hay que cumplir”, sostuvo, apoyándose en antecedentes judiciales.
La escena derivó en una postal incómoda para el proceso: el apoderado Gustavo Kohon ingresó de manera tardía, “sin conocimiento previo del expediente”, y se constituyó como querellante tras un breve lapso de lectura, lo que fue utilizado por la defensa para cuestionar la solidez institucional del procedimiento.
La acusación: contratos millonarios sin control y presuntas comisiones
Antes de la interrupción, el fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero lograron exponer el núcleo de la imputación:
negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación apunta a una presunta maniobra que involucra:
- 160 contrataciones directas sin licitación ni concursos
- Empresas vinculadas al empresario Pedro Vilches (Valco y Altus SA)
- Un monto total de $2.309.989.093
Según la fiscalía, los expedientes presentaban irregularidades administrativas, sin trazabilidad completa ni actas de recepción.
El esquema incluiría además:
- 92 transferencias por $1.500 millones
- 20 dispositivos electrónicos secuestrados
- Vínculos societarios entre Vilches y Mauricio López, hijo de la subsecretaria Gladys Ramírez
Uno de los puntos más sensibles de la acusación es la presunta existencia de “comisiones” de entre el 1,8% y el 21% para sostener el circuito de contrataciones.
El eje político de la defensa: “linchamiento judicial” y condena anticipada
El planteo más fuerte de la defensa no fue técnico, sino político.
Pino Muñoz avanzó contra el rol del fiscal y pidió la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 2893, que limita el apartamiento de fiscales jefes al ámbito administrativo del Ministerio Público.
El objetivo: forzar la salida de Vignaroli del caso.
El argumento central fue que el fiscal interviene mediáticamente en momentos institucionales sensibles, generando lo que definió como:
“un derrocamiento público”.
“En los diarios se dice una cosa y acá otra, para generar una condena anticipatoria”, afirmó el defensor.
Y profundizó:
“Tiene que haber un límite ético para que no haya una condena anticipada. Estamos en democracia”.
La defensa sostuvo que el intendente “necesita un juicio objetivo que Vignaroli no le garantiza”, reforzando la idea de un proceso contaminado por la exposición pública.
La respuesta fiscal: transparencia informativa y rechazo a dilaciones
Desde la fiscalía, si bien no se respondió de manera integral en audiencia, Vignaroli rechazó implícitamente los cuestionamientos y defendió la comunicación pública de las investigaciones:
informar a la sociedad fortalece el sistema democrático, sostuvo.
En paralelo, dejó entrever su lectura del escenario:
una estrategia dilatoria de la defensa que ya lleva semanas postergando la formulación de cargos.
Lo que viene: una definición clave y posible detención domiciliaria
La jueza Carina Álvarez deberá resolver en las próximas horas dos cuestiones centrales:
- Si hace lugar al pedido de apartamiento del fiscal.
- Si rechaza los planteos, habilitar la continuidad de la audiencia.
En ese escenario, la fiscalía anticipó que solicitará detención domiciliaria para Bertolini, bajo el argumento de riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Lectura política: justicia, poder y narrativa pública
El caso expone una tensión estructural:
la disputa entre el poder judicial y el poder político en el terreno de la opinión pública.
Mientras la fiscalía sostiene que la evidencia es contundente —contratos, transferencias y vínculos societarios—, la defensa busca instalar la idea de un proceso viciado por la exposición mediática.
En el fondo, se debate algo más amplio:
quién controla a los fiscales, cómo se construye legitimidad en causas de alto impacto y dónde está el límite entre informar y condicionar.
Artículos relacionados
El "efecto cripto": Adorni multiplicó su patrimonio y escala posiciones entre los más ricos del Gabinete
POLÍTICA / JUDICIALESDeclaró más de $944 millones, un salto del 775% en pesos respecto a su ingreso a la función pública.
La continuidad de Adorni vuelve a quedar bajo la lupa y en el oficialismo ya analizan posibles reemplazos
POLÍTICA / JUDICIALESLos hermanos tienen problemas para convencer al nuevo jefe de gabinete. Quirno es el único que tiene ganas, pero Pettovello tiene más chances.
Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad: “Tenemos la facultad de intervenir”
POLÍTICA / JUDICIALESEl diputado con pasado en el kirchnerismo dijo que la condena de la expresidenta "pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad".
Asegura que el Congreso tiene la atribución de anular un fallo de la Corte.
Asegura que el Congreso tiene la atribución de anular un fallo de la Corte.
El diario británico destacó la admisión de fondos no declarados por parte del funcionario. También advirtió sobre el impacto político del escándalo en la gestión libertaria.
