Causa Viento Sur: Di Luca vuelve a ser imputado y apunta al decreto firmado por el exgobernador Gutiérrez

El exministro de Desarrollo Social de Neuquén habló por primera vez tras la nueva imputación por presunta administración fraudulenta. Cuestionó a la fiscalía, sostuvo que el programa fue creado por decreto y deslizó responsabilidades políticas en la gestión anterior.

El exministro de Desarrollo Social de Neuquén Orlando Abel Di Luca fue imputado nuevamente por presunta administración fraudulenta en el marco de la causa que investiga el manejo de fondos destinados a capacitaciones gestionadas a través de la cooperativa Viento Sur.

Se trata de la segunda acusación penal que enfrenta en los últimos meses. El exfuncionario ya cuenta con una condena a cinco años de prisión —aún no firme— en el caso conocido como el escándalo de los planes sociales.

La nueva imputación fue formulada este miércoles por el equipo de fiscales de Delitos Económicos, quienes sostienen que durante el último tramo de la gestión provincial anterior se habrían girado fondos millonarios para capacitaciones que, según la investigación, no se habrían realizado.

En este expediente también fue imputado Germán Chapino, quien reemplazó a Di Luca en el ministerio tras su salida del cargo.

La defensa: el decreto también llevaba la firma del gobernador

En diálogo con el diario Río Negro, Di Luca decidió romper el silencio que había mantenido durante el proceso judicial anterior. En sus declaraciones cuestionó el enfoque de la investigación y sostuvo que las responsabilidades no pueden recaer únicamente en su figura.

“El programa fue creado por decreto. Yo lo que hice fue refrendar ese decreto”, afirmó el exfuncionario.

El documento al que hace referencia es el decreto 1672/22, que dio origen al programa de capacitaciones investigado. Según consta en el registro oficial, Di Luca firmó digitalmente la norma el 18 de agosto de 2022 a las 17:40, mientras que el entonces gobernador Omar Gutiérrez lo hizo una hora y 53 minutos después.

Pese a ello, el exmandatario provincial no forma parte de la imputación.

El abogado defensor de Di Luca, Gonzalo Rodríguez, respaldó esa línea argumental y sostuvo que la firma del ministro se limita a refrendar una decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

“El decreto lo emite el gobernador; el ministro lo refrenda como parte de sus funciones”, explicó el letrado.

“La investigación es selectiva”

El exministro también cuestionó el alcance de la investigación judicial y sostuvo que el proceso se centra en un número limitado de funcionarios.

“Fueron selectivos otra vez”, afirmó al referirse al trabajo de la fiscalía.

En ese contexto, deslizó que existen otros actores políticos que deberían ser investigados en el marco de la causa. Entre ellos mencionó al actual ministro de Trabajo de la provincia, Lucas Castelli.

Según Di Luca, el programa de capacitaciones continuó ejecutándose incluso después del cambio de gobierno en diciembre de 2023.

La fiscalía, sin embargo, sostiene que durante la nueva gestión solo se abonó un pago residual correspondiente a compromisos anteriores.

El monto investigado

De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra investigada se habría desarrollado entre julio de 2022 y diciembre de 2023.

Durante ese período, se habrían transferido fondos por 1.208.657.600 pesos a la cooperativa Viento Sur y a diversas organizaciones sociales para capacitaciones que presuntamente no se concretaron.

El monto fue ajustado recientemente por la fiscalía, que inicialmente había estimado la cifra en 1.300 millones de pesos.

El equipo acusador está integrado por los fiscales Pablo Vignaroli, Rocío Rivero, Agustina Jara y Fernando Bernat, mientras que la Fiscalía de Estado participa como querellante a través de Martín Moya Asseff.

La audiencia se desarrolló ante el juez Raúl Aufranc.

Otros imputados en la causa

La investigación también alcanza a dirigentes sociales vinculados al programa.

Entre ellos se encuentran Diego Mauro, presidente de la cooperativa Cae Babylon y referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y la exdiputada provincial Gabriela Suppicich.

Las defensas están a cargo de los abogados Mariano Pedrero, Fernando Diez, Federico Egea y Marcos Pastorutti.

Desde el punto de vista jurídico, la fiscalía encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El plazo de investigación fijado por la Justicia se extenderá hasta el 8 de abril próximo.

La situación personal de Di Luca

En sus declaraciones, el exministro también hizo referencia a su situación personal tras el proceso judicial que enfrenta.

Según relató, actualmente no cuenta con ingresos estables ni cobertura médica y realiza trabajos ocasionales.

“Conseguí trabajo limpiando un galpón. Tengo siete hijos que me ayudan”, sostuvo.

También expresó críticas hacia el Movimiento Popular Neuquino, fuerza política a la que pertenecía cuando integró el gabinete provincial.

“Yo era militante. Un día me pidieron que fuera concejal, después ministro. Y ahora soy el que tiene la culpa de todo”, afirmó.