La Casa Rosada apuesta a más competencia y a precios hasta 30% más bajos, mientras el sindicato metalúrgico fueguino advierte impacto directo en la industria y el empleo local.
El Gobierno nacional avanzará este jueves con la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares. A partir del 15 de enero, los dispositivos que lleguen desde el exterior pasarán a tributar una alícuota del 0%, una decisión que forma parte de la estrategia oficial para fomentar la competencia y empujar una baja de precios al consumidor, estimada en torno al 30%, aunque sin efectos inmediatos.
La medida quedó establecida en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo ya había reducido la tasa aduanera del 16% al 8%. Ese esquema transitorio llegará a su fin esta semana con la quita total del gravamen para los teléfonos inteligentes importados.
En aquella decisión de mayo, el Gobierno también avanzó sobre los impuestos internos. Los celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego dejaron de pagar el tributo interno, que pasó del 9% al 0%. Al mismo tiempo, se redujo la carga impositiva para televisores y consolas de videojuegos que ingresan desde el exterior, del 19% al 9,5%.
La respuesta sindical no tardó en llegar. Desde la seccional Río Grande de la UOM, su secretario adjunto, Marcos Linares, expresó fuertes reparos frente a la eliminación de los aranceles. “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo el dirigente.
El antecedente inmediato suma tensión al escenario. El año pasado, el gremio metalúrgico lanzó un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en las plantas de Río Grande. En ese contexto, el sindicato había advertido que las decisiones del Ejecutivo “afectan gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.
Linares remarcó además el peso estructural del régimen industrial fueguino, al señalar que representa el 78% de la economía provincial y que la industria electrónica sostiene 8500 puestos de trabajo en la isla. Ese esquema fue creado en 1972 y, según la normativa vigente, “exime del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en Tierra del Fuego”.
Desde el Ejecutivo, en tanto, defendieron la decisión al señalar que la quita de aranceles “mejorará las condiciones de oferta, reducirá los precios de mercado y facilitará el acceso de los consumidores”, con el objetivo de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico, además de reforzar la competencia en el sector.
