El ajuste nacional golpea a Neuquén y Río Negro con fuertes recortes en transferencias y obras

La política de ajuste fiscal impulsada por el presidente Javier Milei comenzó a impactar con mayor fuerza sobre las provincias patagónicas. Un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que Neuquén y Río Negro quedaron entre las jurisdicciones más afectadas del país por la caída de transferencias nacionales durante el primer trimestre de 2026.

El estudio ubica a ambas provincias dentro del podio de distritos más perjudicados por el recorte de partidas automáticas y discrecionales, en el marco de la estrategia de austeridad presupuestaria aplicada por la Casa Rosada.

Según los datos oficiales, las transferencias totales a provincias y municipios crecieron un 22,7% en términos nominales respecto del mismo período del año pasado. Sin embargo, al descontar la inflación, eso se tradujo en una caída real del 7,5%.

La situación se vuelve aún más crítica al analizar las transferencias no automáticas, es decir, los envíos discrecionales que dependen directamente de decisiones del Gobierno nacional.

En ese segmento, la caída real alcanzó el 37,8%, reflejando una fuerte retracción de recursos destinados a infraestructura, programas educativos, cajas previsionales provinciales y asistencia financiera.

Neuquén y Río Negro, entre las más castigadas

El informe de la OPC señala que la jurisdicción más afectada fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por Neuquén y Río Negro.

En el caso neuquino, las transferencias totales registraron una caída real del 9,4%, impulsada principalmente por el derrumbe de los fondos no automáticos, que retrocedieron un 55,1% respecto del mismo período de 2025.

Las transferencias automáticas —compuestas mayoritariamente por coparticipación federal de impuestos— también mostraron una baja del 6,4%.

La situación en Río Negro resultó incluso más severa en materia de partidas discrecionales.

El informe detalla que los envíos no automáticos se desplomaron un 91,3% en términos reales, mientras que las transferencias automáticas retrocedieron un 7%.

La magnitud del ajuste comenzó a generar preocupación en distintos gobiernos provinciales, especialmente por el impacto sobre obras públicas, infraestructura vial y programas de funcionamiento estatal.

Coparticipación en caída y tensión fiscal en las provincias

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, había reconocido días atrás que la baja de recursos vinculados a la coparticipación responde a la caída de la recaudación nacional, particularmente en impuestos como IVA y Ganancias.

No obstante, el mandatario relativizó el impacto estructural sobre las cuentas provinciales y apostó a compensar parte de la pérdida mediante futuras inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En Río Negro, en cambio, la presión financiera obligó a avanzar en acuerdos con el Ministerio de Economía nacional para acceder a adelantos de coparticipación que permitan cubrir compromisos presupuestarios y gastos corrientes.

Nuevos recortes en obras y programas nacionales

La situación fiscal se agravó además tras la oficialización de una nueva ronda de recortes del gasto público publicada esta semana en el Boletín Oficial.

Las reducciones alcanzan programas, organismos y obras con impacto directo en la región patagónica.

Entre las partidas afectadas aparecen fondos destinados al mantenimiento de rutas nacionales, obras de seguridad vial, reparación de puentes y proyectos estratégicos como el Puente de La Rinconada, inaugurado el año pasado.

El ajuste también golpeó recursos asignados a los parques nacionales Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Laguna Blanca, ambos ubicados íntegramente en territorio neuquino.

El escenario profundiza la tensión entre la política de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional y las demandas de las provincias, que advierten sobre el impacto creciente del ajuste en infraestructura, servicios y funcionamiento estatal.

Mientras la Casa Rosada sostiene el objetivo de reducción del gasto público como eje central del programa económico, en las provincias comienza a consolidarse la preocupación por el deterioro de recursos estratégicos para sostener obras, programas y capacidad operativa local.