El Gobierno de Milei impulsa un reclamo multimillonario contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de avanzar en la demanda civil contra Cristina Kirchner por más de 22.000 millones de pesos.

Cuando la Cámara de Casación confirmó la sentencia condenatoria en el caso Vialidad contra la ex vice, los abogados de Vialidad Nacional -bajo la actual gestión-, remitieron esa resolución al juez Civil y Comercial, Marcelo Dos Santos, con el fin de avanzar en este expediente. La condena -que después fue ratificada y que ahora será materia de análisis para la Corte Suprema-, expone a criterio del organismo estatal, la responsabilidad penal de Kirchner y los demás acusados “que motivaron tanto la acción penal como la acción civil”.

En diciembre de 2022, después de conocerse la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) contra la ex vicepresidenta, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, entre otros responsables de la maniobra defraudatoria, la Corte Suprema reactivó la demanda civil que en 2019, había iniciado la administración de Mauricio Macri contra los acusados.
Lo que sostuvo en aquel momento es que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili, es el que debe intervenir en la acción civil que inició Vialidad Nacional contra Cristina Kirchner, por los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional a raíz de los contratos viales adjudicados, en suelo santacruceño, a su ex socio comercial Lázaro Báez.
 
Sin embargo, tiempo después, el expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Civil y Comercial 2 a cargo del juez Marcelo Bruno Dos Santos quien, como contó Clarín, recientemente rechazó un pedido de Cristina Kirchner para que se declare la caducidad del proceso.

En ese planteo el abogado de la actual presidenta del Partido Justicialista, sostuvo que el expediente no había contado con ningún movimiento desde octubre de 2023, cuando gobernaba Alberto Fernández.
Como se trata de una demanda civil que el Estado (durante la gestión macrista) le inició a Cristina Kirchner, es el propio gobierno quien debe impulsar el avance del reclamo, a través del Procurador del Tesoro que es el jefe de los abogados del Estado: durante la administración anterior ese puesto lo ocupó Carlos Zannini.

Por ese motivo, la defensa expuso que el expediente se encuentra sin avance alguno desde el 19/10/23. En consecuencia, dijo que el último movimiento en este expediente fue el 18/10/23.
Entre otros aspectos, el abogado de Cristina indicó que quienes la demandaron “no efectuaron presentación alguna, es decir que han pasado más de cinco años desde la última presentación”. Por esos argumentos expuestos, la defensa entiende que debe declararse la caducidad del proceso.

Pero el juez Dos Santos sostuvo que los cálculos realizados por las defensas para plantear la inacción del expediente, son incorrectos. “Creo necesario recordar que la inactividad, como presupuesto de la caducidad de la instancia, significa la paralización total de la instancia respectiva”, explicó.

Esa decisión fue apelada por la defensa, pero recibió la misma respuesta por parte del juzgado: el rechazo.
Ahora, se sumó un nuevo movimiento al expediente: Marcelo Saenz Urquiza actual Gerente Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad, con la representación letrada de Ana Lucía Martínez Ortíz, “en el marco de los presentes actuados y a los fines de continuar el impulso de los mismos”, se informó sobre la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner.
“No obstante que ello es de público y notorio conocimiento, se adjunta la mencionada resolución para mejor dominio en estas actuaciones”, señaló la abogada en el escrito. 

En ese cuadro de situación y quedando solo pendiente la intervención de la Corte Suprema donde ingresaron los recursos de queja esta semana, después de que la Cámara de Casación rechazó hace dos semanas los recursos extraordinarios que apelaban la confirmación de la sentencia, Vialidad Nacional solicitó en la presentación que “se tenga presente lo resuelto en dichas actuaciones penales”.

Al analizar los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, la asesora letrada del organismo vial, sostuvo que de “la lectura de lo allí expuesto luce la ponderación material probatorio de los extremos fácticos que motivaron tanto la acción penal como la acción civil que aquí nos ocupa”.

Este reclamo inició en agosto de 2019 cuando en el fuero contencioso administrativo, la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) radicó una demanda por daños y perjuicios de $ 22.300 millones, contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y otros imputados en los hechos de corrupción en la obra pública vial, con la que se benefició al Grupo Austral y que fueron condenados después de tres años de juicio oral.

La cifra exigida por la gestión Macri en concepto de indemnización al Estado, responde al 50% de los contratos adjudicados que no se terminaron, pero se pagaron con sobreprecios, por eso se sostuvo que los acusados de forma solidaria, deben resarcir dicho daño económico.
Cuando inició el juicio en la justicia penal la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.

Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.

Ante la consulta de Clarín respecto a si el gobierno de Javier Milei avanzará con esta demanda, fuentes oficiales señalaron: “Es una causa de acción pública y sigue su curso”.
En este sentido se entendió que hasta que no haya un pronunciamiento sobre la causa penal, conocida como “Vialidad”, no se concluirá la demanda civil ya que tiene la primaria incidencia en ésta.
Además, cuando concluya el proceso penal, según señalaron fuentes oficiales a Clarín, “la cifra demandada en el fuero Civil y Comercial, deberá actualizarse”, es decir: superará los 22.300 millones de pesos.
La voz de la Corte

La carátula de la causa es “Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños”. Se trata de una demanda civil que incluye de forma solidaria en la responsabilidad, a todas las personas que, en el caso Vialidad, el TOF 2 encontró responsables del delito de administración fraudulenta con diversos grados de participación.
La demanda multimillonaria se concentra en los daños y perjuicios que ocasionó que Lázaro Báez abandonara 24 rutas por las que percibió fondos públicos. Ese reclamo por una indemnización de 22.300 millones de pesos transita en el fuero Civil.

El máximo tribunal ya se había pronunciado respecto a este caso, al rechazar uno de los tantos reclamos con los que Cristina Kirchner buscó voltear el juicio Vialidad que concluyó con una sentencia condenatoria en su contra y que ahora está siendo analizada por la Cámara de Casación.
Pese a que la ex presidenta y vicepresidenta insistía en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó- debía tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Civil, la Corte Suprema adoptó otro criterio.
Las dos claves del cálculo
Cuando se buscó colocar una cifra al perjuicio ocasionado en el marco de la demanda civil, se señaló que se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado.
El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.
El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública, “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.
 
Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos, y además, suma la determinación política del gobierno de Javier Milei de avanzar en el reclamo de la indemnización al Estado por el daño ocasionado.
Cuando se radicó esta demanda por daños y perjuicios, la gestión macrista indicó que las maniobras confirmadas ahora en la sentencia por corrupción, ocasionaron “perjuicios financieros” al Estado y por eso se reclamó a los acusados el resarcimiento de 22.300 millones de pesos. La cifra no es azarosa. La misma se fijó después de un informe técnico de Vialidad.
En función de ese estudio técnico se explicó que el dinero volcado a favor del Grupo Austral (46.000 millones), menos las obras no concluidas (24 en total), los años que se presupuestaron, los daños ocasionados por los retrasos y los costos administrativos, entre otros aspectos.