En plena tensión con los gobernadores por el reparto de fondos y mientras la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave, el presidente Javier Milei activó una nueva herramienta de presión: la creación de un cuerpo de auditores que tendrá como objetivo analizar y proponer reformas estructurales en las 24 provincias del país.
La iniciativa será canalizada a través de la Fundación Faro —think tank vinculado directamente a La Libertad Avanza— y llevará el nombre de “Consejo de la Libertad”. El hombre elegido para liderarlo es Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con llegada directa a información sensible del Palacio de Hacienda.
Con este movimiento, Milei da un paso más en su estrategia de intervención política sobre las administraciones provinciales, apuntando a “detectar excesos estatistas”, “revisar impuestos locales” y —en sus palabras— “denunciar la existencia de ñoquis en los estados subnacionales”.
Una auditoría ideológica
Más que una comisión técnica, el Consejo aparece como un instrumento político con una fuerte carga ideológica. En un acto cerrado de la Fundación Faro, Milei presentó al nuevo cuerpo como una “orden de caballeros” encargados de llevar adelante la misión de liberar las provincias del peso del estatismo.
“Si descuidamos las provincias y municipios, ahí se va a esconder la casta. No tengo dudas de que desde esos refugios intentarán deshacer todo lo logrado por nuestro gobierno”, sostuvo el presidente con su ya conocido tono beligerante.
La jugada se da justo antes de que el Congreso debata proyectos sensibles como la restitución de la moratoria previsional, el aumento de jubilaciones vetado por el Ejecutivo y la declaración de emergencia en discapacidad. Además, se suma el debate por la distribución de fondos extraordinarios no ejecutados, lo que reaviva el enfrentamiento con las provincias.
¿Fiscalización o avanzada partidaria?
Aunque el Gobierno presenta la medida como parte de una estrategia de “eficiencia estatal”, crecen las voces que ven detrás de esta comisión una avanzada partidaria disfrazada de auditoría.
No son pocos los que advierten que la ubicación de Núñez en una posición clave dentro del Ministerio de Economía lo coloca en una situación de privilegio para acceder a datos que podrían usarse con fines políticos, especialmente en un contexto de constante confrontación con los gobiernos provinciales.
Núñez, además, es uno de los voceros más activos del oficialismo en redes sociales y conductor del programa “Tres Anclas”, emitido por el canal oficialista Carajo, donde el equipo económico expone su visión sin aceptar preguntas de la prensa.
Un Consejo con nombres aún reservados
Hasta ahora, se desconoce quiénes serán los 24 integrantes que acompañarán a Núñez en esta cruzada federal. El oficialismo promete anunciarlos “en los próximos días”, pero desde la oposición ya exigen transparencia sobre sus funciones, alcances y el posible uso político de la información que manejarán.
La creación del Consejo de la Libertad vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿se trata de un proyecto de federalismo reformista o de un intento de control centralizado sobre las provincias en nombre de la libertad?
Lejos de la pasividad que lo caracterizó tras el desplome electoral en la Ciudad, Mauricio Macri reapareció con una agenda recargada y afilada.
En el marco del aniversario de Chos Malal, el gobernador Rolando Figueroa volvió a dejar en claro que el rumbo de su gestión apunta a desmontar estructuras de poder enquistadas y a avanzar hacia una provincia más justa, sin privilegios ni impunidad.
El frente peronista completó los trámites legales y formalizó su constitución como alianza electoral en Neuquén. Con el aval de la Justicia, podrá presentar listas y competir en las elecciones legislativas.
