INFOGO DIARIO | SEGURIDAD Y JUSTICIA

El Gobierno provincial presentó un balance de las acciones contra la comercialización de drogas a pequeña escala desde que Neuquén asumió esa competencia judicial. Entre febrero de 2025 y noviembre de 2026, los operativos permitieron secuestrar casi 277 kilos de estupefacientes, armas, vehículos y dinero. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la coordinación entre los tres poderes del Estado.

La provincia del Neuquén dio a conocer los resultados de su estrategia contra el narcomenudeo, implementada a partir de la transferencia de competencias desde la Justicia federal hacia la órbita provincial. Según el informe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, entre el 28 de febrero de 2025 y el 4 de noviembre de 2026 se realizaron 500 allanamientos, se registraron 218 personas condenadas y se clausuraron 43 puntos de comercialización de drogas.

Los datos oficiales reflejan un promedio aproximado de seis allanamientos semanales, en el marco de una política de seguridad impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que busca fortalecer la investigación y la intervención sobre las redes de venta de estupefacientes que operan en los barrios.

Un cambio en la estrategia judicial y policial

La implementación de la Ley provincial 3488 permitió que Neuquén asumiera la investigación y persecución del narcomenudeo, una competencia que anteriormente correspondía a la Justicia federal.

La medida fue promovida mediante la articulación de los tres poderes del Estado, con responsabilidades diferenciadas: el Legislativo en el marco normativo, el Ejecutivo en materia de prevención y recursos operativos, y el Poder Judicial en la investigación, juzgamiento y aplicación de sanciones.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, defendió la decisión de provincializar la persecución de estos delitos y sostuvo:

“No podíamos seguir esperando los tiempos de la Justicia Federal mientras los vecinos reclamaban respuestas contra la venta de drogas en sus barrios”.

El funcionario remarcó que cada procedimiento y cada condena forman parte de una estrategia orientada a reducir la presencia del narcotráfico en las comunidades.

“Cada punto de venta que se cierra es un avance para la comunidad, y cada condena es un mensaje claro: vender droga en Neuquén tiene consecuencias”.

Drogas, armas y dinero secuestrados

El balance oficial también detalla el volumen de elementos incautados durante las investigaciones y procedimientos policiales.

Los procedimientos también permitieron retirar de circulación 102 armas de fuego y 2.770 municiones, un aspecto que las autoridades consideran relevante por la vinculación entre los puntos de venta de drogas y distintas manifestaciones de violencia.

A las clausuras se sumaron cinco demoliciones de inmuebles, como parte de las intervenciones destinadas a impedir la continuidad de actividades ilegales en esos espacios.

El desafío de sostener los resultados en toda la provincia

Para Nicolini, la continuidad de esta política requiere coordinación institucional, recursos y presencia territorial, respetando las funciones e independencia de cada poder del Estado.

“Necesitamos leyes, recursos, investigaciones y condenas. Cada poder tiene una responsabilidad y los vecinos necesitan que la cumplamos”.

El ministro aseguró que el objetivo es extender las acciones de prevención y persecución penal a todas las localidades neuquinas.

Si bien las cifras oficiales muestran una actividad judicial y policial sostenida, la evaluación integral de esta estrategia también requiere analizar su impacto sobre la reducción de los puntos de venta, la reincidencia delictiva y las condiciones de seguridad en los barrios.

El desafío para la gestión provincial será mantener la capacidad de investigación, evitar la reaparición de estructuras de comercialización y complementar las intervenciones policiales con políticas preventivas.

La lucha contra el narcomenudeo no termina con un allanamiento o una condena: su resultado más importante deberá reflejarse en barrios más seguros y en una reducción sostenida de la violencia asociada al delito.