Una investigación penal y administrativa avanza en Neuquén para determinar si existió un circuito irregular mediante el cual vehículos que permanecían bajo custodia policial eran retirados de los depósitos oficiales con supuesto destino de compactación y terminaban posteriormente en desarmaderos.
El caso ya derivó en el pase a disponibilidad de tres policías, mientras que en el expediente penal aparecen investigados hasta el momento dos efectivos y un comerciante vinculado con el traslado de las unidades.
La causa comenzó a partir de una situación inesperada. Un policía de la Dirección de Tránsito encontró publicado en Facebook Marketplace su propio Peugeot 207, que había sido secuestrado en 2024 luego de un siniestro vial.
Cuando realizó el reclamo y se dirigió al predio de secuestros ubicado en el Parque Industrial, constató que el vehículo no sólo había salido del circuito de custodia, sino que además presentaba faltantes de piezas esenciales.
La denuncia, realizada tanto por vía penal como administrativa, abrió una pesquisa mucho más amplia.
El comisario mayor Dante Catalán confirmó que las actuaciones comenzaron a partir de un requerimiento del 27 de agosto, con intervención del Departamento de Delitos Económicos y del fiscal Diego Azcárate.
La hipótesis central apunta a determinar si vehículos retenidos por infracciones o causas judiciales eran retirados del predio policial bajo la justificación de que serían enviados a compactación, pero finalmente terminaban en talleres o desarmaderos.
“Son autos que tenían que estar compactados”, señaló Catalán al describir una de las irregularidades que se investigan.
Durante los procedimientos realizados en dos desarmaderos de Centenario, el predio policial del Parque Industrial y tres domicilios particulares, los investigadores localizaron cerca de 100 automóviles y 15 motocicletas que presentaban indicios de haber permanecido bajo tutela estatal.
“Tenían números de serie, algunos borrosos y otros que indicaban que eran del predio de secuestro de Parque Industrial”, explicó el jefe policial.
La investigación deberá determinar ahora qué situación legal correspondía a cada unidad, cuáles efectivamente debían compactarse y si alguna tenía que ser restituida a sus propietarios.
Una de las líneas de investigación se concentra sobre un comerciante que habría retirado vehículos desde los depósitos policiales.
Según la información conocida hasta el momento, no contaba con habilitación municipal ni con una relación formal con la Policía que lo autorizara a realizar esos retiros.
También se analiza el grado de conocimiento que pudieron tener los desarmaderos receptores.
Las primeras hipótesis señalan que algunos establecimientos podrían haber recibido los rodados creyendo que su procedencia era legítima, precisamente porque los vehículos llegaban vinculados con un circuito policial. Ese punto deberá ser esclarecido durante el avance de la investigación.
Los allanamientos permitieron secuestrar además computadoras, teléfonos celulares, documentación y vehículos con fajas de secuestro policial, elementos que serán analizados para reconstruir el movimiento de cada unidad.
En el expediente penal, dos policías y el comerciante fueron notificados y permanecen en libertad sujetos al avance de la causa.
Catalán remarcó que todavía resta reconstruir la mecánica utilizada.
“Hay que determinar cómo trabajaba el circuito y qué documentación dejaban para llevar a cabo esa acción”, indicó.
Por el momento tampoco existe una calificación legal definitiva, ya que investigadores y fiscales deben analizar el volumen de documentación y elementos recolectados.
En forma paralela avanza una investigación interna de la fuerza.
El jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, dispuso el pase a disponibilidad de tres uniformados: dos efectivos de alto rango mencionados dentro de la causa penal y un tercero, de menor jerarquía y perteneciente a la Dirección de Tránsito, que según la información disponible no está judicializado hasta el momento.
La medida tiene carácter preventivo y supone el apartamiento de funciones mientras continúa el expediente disciplinario a cargo de Asuntos Internos.
Este punto marca una diferencia importante: la investigación penal y la administrativa no tienen exactamente el mismo alcance. Hasta ahora, dos policías aparecen vinculados judicialmente a la pesquisa, mientras que un tercer efectivo fue apartado únicamente dentro del procedimiento interno.
El expediente deberá establecer ahora algo central: quién autorizaba la salida de los vehículos, qué documentación respaldaba esos movimientos y si se trató de irregularidades aisladas o de un circuito organizado para desviar bienes que estaban bajo custodia del Estado.
