El Ministerio Público Fiscal de Neuquén pidió una condena de 12 años de prisión efectiva para Miriam Claudia Alejandra Godoy, declarada penalmente responsable como coautora de 63 hechos de estafa cometidos mediante la Cooperativa 14 de Octubre.
El planteo fue realizado por el fiscal Juan Narvaez, junto con la asistente letrada Tanya Cid, durante la audiencia de determinación de pena. La responsabilidad penal de Godoy ya había quedado establecida en abril y ahora resta que el tribunal defina cuántos años deberá cumplir.
Según la Fiscalía, la gravedad de la maniobra radicó en su planificación, la utilización de la estructura y el prestigio de la cooperativa, el abuso de confianza y la extensión del perjuicio causado a decenas de familias que buscaban acceder a una solución habitacional.
Durante la audiencia declararon 16 víctimas, quienes relataron endeudamiento, pérdida de ahorros y consecuencias directas sobre sus proyectos familiares y su vida cotidiana.
Juan Narvaez sostuvo que el daño provocado “no fue exclusivamente económico”, sino que alcanzó de manera profunda la planificación y estabilidad de las familias damnificadas.
Uno de los elementos que la acusación consideró especialmente relevante fue el movimiento del dinero. La Fiscalía señaló la existencia de transferencias desde cuentas de la Cooperativa 14 de Octubre hacia cuentas personales de Godoy y familiares, y sostuvo que parte de esos recursos terminó siendo utilizada en viajes, compras y gastos particulares.
Para el MPF, esos movimientos permitieron sostener que la maniobra tuvo como finalidad obtener un beneficio económico personal.
Como factores atenuantes, Narvaez consideró que Godoy no tiene antecedentes penales, aceptó su responsabilidad por los 63 hechos y atraviesa determinadas circunstancias personales y familiares. Sin embargo, entendió que esos elementos no compensan la magnitud del fraude ni el daño acumulado durante años.
La Fiscalía también pidió el decomiso y posterior remate del inmueble donde funcionaba la Cooperativa 14 de Octubre, ubicado en Diagonal España 467 de Neuquén capital. La propuesta es que el dinero obtenido sea distribuido proporcionalmente entre las 63 víctimas, una vez establecido el perjuicio correspondiente a cada una.
Las diferencias entre las partes quedaron claramente expuestas al momento de solicitar la pena: la querella reclamó 14 años de prisión efectiva, el Ministerio Público Fiscal pidió 12 años, mientras que la defensa solicitó una condena de seis meses de prisión en suspenso con reglas de conducta.
El tribunal integrado por Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Marco Lupica Cristo dio por finalizada la etapa de cesura y pasó a deliberar. La Oficina Judicial deberá fijar la audiencia en la que será comunicada la pena definitiva.
El expediente llega así a su instancia decisiva: ya está establecida la responsabilidad por 63 estafas; ahora la Justicia deberá definir la magnitud de la sanción y qué herramientas podrán utilizarse para intentar reparar, al menos económicamente, a las familias perjudicadas.
