Argentina fijó 14 días al Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

El Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva diplomática y jurídica contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La administración nacional intimó formalmente a Londres a detener en un plazo de 14 días las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion y anunció que, si no obtiene una respuesta favorable, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

La medida fue acompañada por la decisión de iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo expresado por el Ejecutivo es impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas medidas que, según la posición argentina, profundicen la disputa por la soberanía.

El canciller Pablo Quirno confirmó que, si el Reino Unido no suspende las operaciones dentro del plazo establecido, la Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal del Mar para preservar los derechos que el país sostiene sobre su plataforma continental. El proyecto Sea Lion es desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, compañías que proyectan avanzar con la producción de petróleo en la zona.

“Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación”, afirmó Quirno.

El canciller remarcó además que se trata de una instancia inédita para la Argentina, al llevar ante un tribunal internacional la cuestión vinculada con la explotación de hidrocarburos en el marco de la disputa por las Islas Malvinas.

La estrategia jurídica y el respaldo en las resoluciones de la ONU

La Casa Rosada fundamentó su posición en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, particularmente en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49.

La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llama a ambos países a buscar una solución mediante negociaciones. La segunda insta a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso de búsqueda de una solución.

En ese marco, el Gobierno argentino sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales en las áreas en disputa afecta los derechos de soberanía que reclama el país.

El Ejecutivo también rechazó nuevamente la denominación británica de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y sostuvo que el referéndum realizado en 2013 no modifica la existencia de la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

Presión sobre las empresas y el financiamiento del proyecto

La estrategia oficial no se limita al plano diplomático. La Cancillería también busca incrementar la presión sobre las compañías que participan del desarrollo de Sea Lion y sobre las entidades financieras que eventualmente aporten fondos para su ejecución.

En ese sentido, Quirno planteó que las empresas internacionales deberán evaluar entre participar de proyectos vinculados con la explotación hidrocarburífera en Malvinas bajo licencias británicas o aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

El Gobierno busca así trasladar la disputa al terreno comercial y financiero, con el argumento de que las compañías que participen en actividades que Argentina considera ilegítimas podrían quedar expuestas a consecuencias dentro del mercado argentino.

La otra disputa: vuelos entre Malvinas y Punta Arenas

La escalada diplomática se produjo en paralelo con una denuncia del Gobierno argentino por vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile.

Según informó el Ejecutivo, una aeronave con matrícula británica vinculada a Thales UK Limited realizó operaciones entre el archipiélago y la ciudad chilena sin contar con autorización de las autoridades argentinas.

Frente a esa situación, el Presidente instruyó el inicio de procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas. La medida agregó un nuevo frente de conflicto en torno a las actividades vinculadas con las islas.

El vínculo con Chile quedó bajo observación

La situación también impactó en la relación con Chile, luego de las actividades comerciales desarrolladas en Punta Arenas con participación de empresas vinculadas a las Islas Malvinas.

Quirno señaló que la Argentina mantiene acuerdos vigentes con Chile y manifestó que espera que esos compromisos sean respetados. En paralelo, desde el Gobierno se sigue de cerca la relación comercial entre empresarios chilenos, británicos y proveedores vinculados con Sea Lion.

El escenario deja planteada una nueva instancia de la disputa por Malvinas, ahora con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion como eje central y con la Argentina dispuesta a llevar el reclamo al ámbito del Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no acata el requerimiento dentro de los próximos 14 días.