Un nuevo capítulo judicial volvió a colocar en el centro de la escena a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), después de que su defensa realizara una presentación en la que sostuvo que la voz que aparece en los audios difundidos públicamente “pareciera ser” la suya.
La declaración surgió dentro de una causa paralela que investiga si las grabaciones fueron obtenidas mediante maniobras ilegales de inteligencia. Spagnuolo pretendía ingresar a ese expediente como querellante, bajo el argumento de que habría sido víctima de una captación irregular de conversaciones privadas.
En su presentación, señaló:
“Del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto”.
La frase adquirió relevancia porque hasta ahora la defensa había cuestionado la autenticidad y la integridad de las grabaciones, planteando incluso la posibilidad de ediciones y utilización de inteligencia artificial. Sin embargo, la Cámara Federal aclaró que esa expresión no equivale a un reconocimiento formal y definitivo de la voz.
Los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah confirmaron el rechazo al pedido para que Spagnuolo sea admitido como querellante.
Boico señaló que todavía permanece pendiente establecer mediante peritajes si la voz pertenece efectivamente al exfuncionario y sostuvo que, mientras esa cuestión no esté definida, no puede ser considerado formalmente como víctima de una eventual maniobra de espionaje.
Las grabaciones que originaron el escándalo fueron atribuidas públicamente a Spagnuolo y contienen referencias a presuntos pagos irregulares vinculados con contrataciones de ANDIS, además de menciones a Karina Milei y a dirigentes cercanos al Gobierno.
Es importante distinguir, sin embargo, entre lo expresado en los audios y una determinación judicial sobre responsabilidades individuales. La mención de la secretaria general de la Presidencia en esas grabaciones no constituye por sí misma una constatación judicial de participación en los hechos investigados.
La causa principal está actualmente a cargo del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi, y busca determinar si existieron direccionamientos, sobreprecios y pagos de retornos en compras realizadas por la Agencia.
Esta semana, además, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otras 18 personas en el expediente principal. La investigación analiza presuntas maniobras de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración y cohecho, entre otros delitos atribuidos a distintos imputados.
En paralelo, continúa el análisis técnico de los registros.
La Justicia ordenó peritar decenas de archivos para determinar autenticidad, integridad, posibles ediciones y correspondencia de las voces. La defensa de Spagnuolo había objetado la medida y se opuso a entregar voluntariamente una muestra de voz para realizar el cotejo.
La Cámara Federal, sin embargo, avaló la continuidad de esa pericia y mantuvo abierta la posibilidad de realizar comparaciones con registros públicos del exfuncionario.
Los primeros análisis técnicos detectaron cortes y ediciones en al menos parte del material examinado, aunque eso no permite concluir por sí solo que el contenido haya sido generado artificialmente ni que las expresiones atribuidas sean falsas. La pericia integral continúa en desarrollo.
El escenario judicial presenta así dos discusiones diferentes pero estrechamente relacionadas.
Por un lado, la investigación sobre las presuntas irregularidades en ANDIS y las responsabilidades de funcionarios y empresarios.
Por el otro, la causa destinada a establecer cómo fueron obtenidas y difundidas las grabaciones.
La presentación de Spagnuolo conectó ambos expedientes al sostener que podría ser la persona registrada en esos audios para intentar, al mismo tiempo, ser reconocido como posible víctima de una captación ilegal.
El dato políticamente relevante no es que la Justicia haya confirmado todo lo que dicen las grabaciones —algo que todavía no ocurrió—, sino que la estrategia judicial de Spagnuolo quedó atravesada por una contradicción cada vez más difícil de separar: cuestiona la validez del material mientras sostiene que la voz allí registrada “pareciera ser” la suya.
La investigación continúa y será la prueba judicial, no las interpretaciones políticas, la que deberá establecer qué parte de los audios es auténtica, cómo fueron obtenidos y qué responsabilidades penales pueden derivarse de los hechos investigados.
