La defensa de Cristina Fernández de Kirchner abrió una nueva instancia judicial para intentar revisar la condena firme de la causa Vialidad, a partir de documentación que surgió durante el juicio conocido como Cuadernos y que posteriormente fue sometida a un análisis económico-financiero encargado por sus abogados.
El equipo integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego anticipó que presentará un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y que incorporará el nuevo informe al planteo que tramita ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Cristina Kirchner tiene una condena firme de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por su defensa.
El origen del nuevo planteo está en una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad que fue explicada el 6 de agosto durante el juicio de los Cuadernos por un funcionario citado como testigo por la Fiscalía.
A partir de esa documentación, la defensa encargó a Specs Consultoría un análisis de la denominada Fuente 14, vinculada con el financiamiento del Sistema Vial Integrado durante el período comprendido entre 2009 y 2015.
Según ese informe, la fuente analizada financió 367 obras ejecutadas por 114 empresas constructoras, mediante 3.855 certificados, por un monto total cercano a US$2.200 millones.
De ese universo, 17 obras estuvieron vinculadas con empresas del Grupo Austral, relacionadas con Lázaro Báez, y recibieron US$18,66 millones, equivalentes al 0,85% de los desembolsos estudiados.
“Cuando vimos qué era lo que se le había asignado a Lázaro, era menos del 1%”, sostuvo Carlos Beraldi al presentar las conclusiones del estudio.
El ranking elaborado sobre esa misma fuente ubica a IECSA en primer lugar, con una participación del 16,36%, equivalente a aproximadamente US$360 millones. Le siguen JCR, Benito Roggio e Hijos y José Cartellone Construcciones Civiles, entre otras firmas. Las empresas del Grupo Austral no aparecen dentro de las primeras 15 del listado.
IECSA estuvo durante años vinculada empresarialmente a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, un dato que la defensa utilizó durante su exposición para cuestionar la tesis de que esa fuente de recursos habría sido diseñada específicamente para favorecer a Báez.
Para los abogados de Cristina Kirchner, los números permiten discutir uno de los argumentos que atribuyen a la sentencia: que el mecanismo establecido a partir del Decreto 54/2009 habría sido utilizado para canalizar recursos hacia las empresas vinculadas con Báez.
“Hoy tenemos un elemento de prueba nuevo que no existía al momento en que se emitió la sentencia”, sostuvo Beraldi.
Sin embargo, el informe no modifica por sí mismo la condena ni constituye todavía una nueva decisión judicial. Fue elaborado a pedido de la propia defensa y analiza específicamente los desembolsos de la Fuente 14; no comprende necesariamente todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de la prueba valorada en la causa Vialidad.
La condena se refirió a irregularidades en 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz, y fue confirmada sucesivamente por el Tribunal Oral, la Cámara Federal de Casación y finalmente la Corte Suprema.
Será ahora la Justicia la que deberá determinar si el nuevo material reúne los requisitos necesarios para habilitar la revisión de una sentencia firme.
El planteo anunciado por la defensa tiene respaldo procesal como vía extraordinaria.
El artículo 479 del Código Procesal Penal de la Nación establece que una condena firme puede ser revisada cuando, después de dictada, aparecen nuevos hechos o elementos de prueba que, por sí solos o junto con los ya examinados, hagan evidente que el condenado no cometió el hecho o que corresponde una solución penal más favorable.
Además, el artículo 484 dispone que, antes de resolver el recurso, el tribunal puede suspender la ejecución de la sentencia y disponer la libertad provisional del condenado. Se trata de una facultad del tribunal, no de una consecuencia automática de presentar el recurso.
Ese será uno de los objetivos de la defensa: pedir que se suspendan los efectos de la condena mientras Casación analiza el fondo del planteo, incluyendo la pena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El nuevo informe abre una vía judicial extraordinaria, pero no resuelve por sí mismo la causa Vialidad. La defensa sostiene que los datos cuestionan un elemento central de la acusación; los tribunales deberán determinar ahora si esa información es verdaderamente nueva, cuál es su alcance frente al conjunto de pruebas utilizadas en el juicio y si tiene entidad suficiente para revisar una sentencia que quedó firme en 2025.
