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Fiscalía pidió 20 años de prisión para J.R., declarado culpable por abusos sexuales durante 19 años
El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena máxima prevista en la escala que considera aplicable al caso. Un jurado popular declaró por unanimidad a J.R. penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y corrupción de menores. La definición de la pena quedó ahora en manos del juez técnico Marco Lupica Cristo.
La Fiscalía pidió que J.R. sea condenado a 20 años de prisión de cumplimiento efectivo, luego de haber sido declarado culpable por un jurado popular por abusos sexuales cometidos durante un período de 19 años contra una mujer de su entorno familiar.
El pedido fue formulado este miércoles en la Ciudad Judicial durante el juicio de cesura, la etapa destinada exclusivamente a establecer la pena luego de que la responsabilidad penal ya fuera determinada.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, acompañado por la asistente letrada Cecilia Sabatte, sostuvo que la escala correspondiente al concurso ideal de los delitos acreditados va de 8 a 20 años de prisión y reclamó que se aplique el máximo.
El abogado particular Carlos Caroselli, quien representa a la víctima como querellante, adhirió al pedido de la Fiscalía.
Diecinueve años de abusos y graves consecuencias
Para fundamentar la solicitud de 20 años, la acusación destacó como uno de los principales agravantes la prolongación de los abusos durante casi dos décadas.
También señaló la marcada diferencia de edad y de poder entre el acusado y la víctima, el aprovechamiento de la convivencia y de su posición como encargado de la guarda.
Otro de los elementos considerados por la Fiscalía fue el impacto de los hechos sobre la salud de la víctima.
Durante el juicio se incorporaron pericias que, según la acusación, acreditaron una afección crónica y un cuadro de estrés postraumático complejo que requiere tratamiento y medicación.
Breide Obeid mencionó además las modalidades de control y manipulación ejercidas durante la infancia y adolescencia de la víctima, incluyendo aislamiento, imposición de reglas y determinadas creencias y el control sobre distintos aspectos de su vida.
Dentro de la prueba también tuvieron relevancia cuadernos secuestrados durante la investigación, cuyo contenido fue incorporado al debate mediante el testimonio de una integrante de la Policía provincial.
La Fiscalía valoró asimismo las consecuencias que el trauma puede proyectar sobre la vida adulta de la víctima y consideró como agravante determinadas conductas procesales que, de acuerdo con su postura, estuvieron destinadas a demorar o impedir el juzgamiento.
Como único atenuante, la acusación reconoció la ausencia de antecedentes penales computables, aunque sostuvo que esa circunstancia no alcanza para reducir la pena frente a la gravedad, duración y características de los hechos.
Un jurado lo declaró culpable por unanimidad
La responsabilidad penal de J.R. fue definida el 1 de julio, después de diez jornadas de juicio en la Ciudad Judicial.
Los 12 integrantes titulares del jurado popular resolvieron por unanimidad declararlo culpable.
El veredicto lo consideró autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño provocado en la salud física y mental de la víctima, por su condición de encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una convivencia preexistente, esta última agravante durante el período previo a que la víctima alcanzara la mayoría de edad.
La responsabilidad fue establecida además en concurso ideal con corrupción de menores.
De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, los abusos se extendieron durante 19 años y ocurrieron principalmente en la vivienda familiar, aunque también se registraron episodios en otros lugares utilizados durante actividades y viajes.
Entre las pruebas analizadas por el jurado estuvieron el relato de la víctima, declaraciones de profesionales de la psicología y elementos documentales incorporados a la investigación.
La pena todavía no está definida
El pedido de 20 años formulado por el Ministerio Público Fiscal no constituye todavía la pena impuesta.
El juicio de cesura debe completarse con la posición de la defensa y luego será el juez técnico Marco Lupica Cristo quien determine el monto de la condena dentro de la escala penal correspondiente.
J.R. permanece sometido a una medida de prisión preventiva mientras transcurre esta etapa del proceso.
Una vez que el magistrado comunique su resolución, las partes conservarán las vías procesales previstas para eventualmente cuestionar la decisión.
La discusión judicial ya no pasa por determinar si los hechos existieron o si J.R. fue responsable: ese punto quedó resuelto con el veredicto unánime del jurado. Lo que resta definir es cuántos años de prisión deberá imponer el juez por delitos que, según la decisión popular, se prolongaron durante 19 años y ocasionaron graves consecuencias en la víctima.
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