La “donación” de Starlink bajo la lupa: dos años gratis, uno a cargo del Estado y después pagan las provincias

El desembarco de Starlink en miles de escuelas rurales argentinas promete resolver uno de los problemas históricos del sistema educativo —llevar internet a lugares donde la fibra óptica y las redes terrestres no llegan—, pero detrás del objetivo aparece una discusión mucho más profunda sobre costos, transparencia, competencia, financiamiento público y el papel de ARSAT.

La Resolución 663/2026 del ENACOM, firmada el 24 de julio y publicada en el Boletín Oficial el 29, aprobó el proyecto denominado “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”. La norma asignó al programa un total de USD 21.876.000 provenientes del esquema del Fondo del Servicio Universal.

Ese número se divide en dos grandes componentes: USD 9.978.000 correspondientes a la donación con cargo de Starlink Argentina SRL y USD 11.898.000 financiados por el Fondo del Servicio Universal.

La palabra “donación”, por lo tanto, cuenta solamente una parte de la historia.

Qué aporta realmente Starlink

De acuerdo con la resolución oficial, el aporte de la empresa de Elon Musk deberá utilizarse exclusivamente para financiar los kits, sus accesorios y el servicio de internet satelital durante los primeros 24 meses.

La propuesta comprende unos 6.000 kits de conectividad, según la carta de intención y la documentación reconstruida por Letra P. El aporte privado está valuado en aproximadamente USD 9,978 millones.

Durante esos primeros dos años, entonces, el equipamiento y la conectividad estarán cubiertos por la contribución comprometida por Starlink.

Pero eso no significa que todo el programa sea gratuito para el Estado.

El Estado aporta otros USD 11,9 millones

El segundo componente asciende a USD 11.898.000 y proviene del Fondo del Servicio Universal.

Ese dinero financiará la instalación de los equipos, la gestión del servicio y de incidentes, la atención técnica, una plataforma API destinada al control y monitoreo y, además, los siguientes doce meses de conexión.

Es decir:

Meses 1 al 24: aporte de Starlink.

Meses 25 al 36: continuidad del servicio financiada dentro del componente público del programa.

Desde el mes 37: las provincias y municipios que hayan adherido deberán asumir el costo de continuar conectados.

Esta cronología corrige un punto importante: no corresponde afirmar que las jurisdicciones pagarán desde el tercer año. El tercer año está contemplado dentro del financiamiento del Fondo del Servicio Universal.

La factura local aparecerá, según el esquema difundido, desde el cuarto año.

El Fondo del Servicio Universal tampoco es dinero “sin dueño”

El Fondo del Servicio Universal se nutre fundamentalmente de los aportes obligatorios que realizan los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Ley Argentina Digital establece un aporte equivalente al 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de servicios TIC, netos de impuestos y tasas, destinado precisamente a garantizar conectividad y acceso a servicios en condiciones de calidad y asequibilidad independientemente del lugar donde viva el usuario.

El reglamento actualmente vigente también contempla que ese fondo pueda recibir donaciones y legados, mecanismo utilizado para estructurar la participación de Starlink.

Por eso, desde una perspectiva fiscal, conviene diferenciar: los USD 11,898 millones no provienen directamente del presupuesto educativo tradicional, pero sí pertenecen a un fondo regulado y administrado por el Estado para políticas públicas de telecomunicaciones.

¿Una donación que termina generando un cliente?

Aquí aparece el aspecto más discutido del mecanismo.

Starlink entrega los equipos y financia dos años de conectividad. El Estado sostiene el tercer año y las tareas de implementación. Después de ese período, las jurisdicciones que quieran conservar el servicio deberán asumir la contratación.

Esto significa que la donación inicial puede terminar generando miles de conexiones instaladas sobre infraestructura tecnológica de un único proveedor y potencialmente convertidas después en clientes pagos.

No es necesariamente una irregularidad: una donación con cargo es una figura admitida y el Fondo del Servicio Universal puede recibir aportes privados. Lo que sí abre es una discusión económica sobre dependencia tecnológica y costos futuros.

Una vez instaladas miles de antenas, capacitado el personal y organizada la gestión alrededor de una plataforma específica, cambiar de proveedor posteriormente podría demandar nuevo equipamiento, logística e implementación.

El verdadero costo del programa, por eso, no debería medirse solamente durante sus primeros 36 meses, sino también sobre lo que ocurrirá después.

Los USD 160 no están garantizados para el cuarto año

Letra P informó que el servicio corporativo de Starlink utilizado como referencia ronda actualmente los USD 160 mensuales por establecimiento. Sin embargo, el propio análisis advierte que no está definido cuál será el precio que regirá una vez finalizados los tres años del programa.

El especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier señaló justamente esa indefinición.

“Faltan algunas definiciones: cuál va a ser el precio a partir del cuarto año, cómo va a ser el esquema para la designación de las escuelas beneficiadas y quiénes se van a hacer cargo”, planteó.

Por esa razón, tampoco sería preciso afirmar que en 2029 cada escuela necesariamente pagará USD 160.

Los USD 160 son una referencia actual utilizada para comparar servicios, no un precio contractual futuro publicado para el mes 37.

Starlink versus ARSAT: una comparación que necesita contexto

El punto más polémico aparece cuando el precio atribuido a Starlink se compara con el servicio de la empresa estatal ARSAT.

Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT consultado por Letra P, sostuvo que una conexión satelital de la empresa pública cuesta aproximadamente USD 60 a USD 70 mensuales, frente a unos USD 160 de Starlink.

Matemáticamente, USD 160 representa:

2,67 veces un abono de USD 60, o

2,29 veces uno de USD 70.

Por eso, hablar de “casi el triple” solamente resulta razonable tomando como referencia el extremo inferior de USD 60.

Pero existe otra salvedad fundamental: no se trata necesariamente de prestaciones idénticas.

Mc Govern reconoció que las conexiones satelitales que ARSAT proporciona actualmente a escuelas muy aisladas mediante ARSAT-1 y ARSAT-2 se encuentran en velocidades de aproximadamente 3 a 5 Mbps. Al mismo tiempo, sostuvo que con el futuro SG-1 la empresa podría proporcionar hasta 50 Mbps y sin determinados límites de datos.

Starlink, por su arquitectura de satélites de órbita baja, ofrece un servicio de mayor velocidad y menor latencia que las conexiones geoestacionarias tradicionales.

Comparar únicamente USD 160 contra USD 60 puede ser políticamente impactante, pero para determinar cuál alternativa es realmente más conveniente deberían compararse también velocidad mínima garantizada, datos disponibles, latencia, disponibilidad, soporte, equipamiento e instalación.

El programa no publica esos parámetros esenciales

Allí aparece otro interrogante.

Según la documentación analizada por Letra P, el anexo no especifica públicamente una velocidad mínima garantizada, un volumen concreto de datos ni qué ocurre cuando una escuela supera eventualmente el tráfico contratado.

Eso vuelve más difícil una comparación técnica transparente entre Starlink y ARSAT.

Si una alternativa cuesta más del doble pero presta un servicio muy superior, la diferencia puede justificarse. Si ambas ofrecen capacidades equivalentes, el interrogante sobre la elección resulta mucho más fuerte.

Sin parámetros técnicos equivalentes, el debate del precio queda incompleto.

Carrier cuestionó la ausencia de una competencia abierta

El analista Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, puso el foco no tanto en la tecnología elegida sino en el procedimiento utilizado para llegar a ella.

Según explicó al medio que reveló el caso, no existió un mecanismo competitivo abierto como una licitación, concurso o subasta donde diferentes empresas pudieran presentar alternativas tecnológicas y económicas.

“No fue a través de ningún mecanismo como concurso o subasta, en el que distintas empresas pudieran participar y hacer su oferta”, cuestionó Carrier.

La resolución oficial confirma que el proyecto nació a partir de una propuesta de Starlink y que ENACOM aprobó posteriormente el programa y encomendó elaborar los instrumentos contractuales necesarios. La norma no describe una competencia previa entre distintos proveedores.

Esto no prueba por sí mismo una ilegalidad, pero sí justifica reclamar transparencia respecto de por qué esa solución fue considerada la más conveniente frente a otras alternativas disponibles.

ARSAT quedó fuera del nuevo esquema

La empresa estatal no forma parte de este programa específico, pese a que ya presta servicios satelitales y terrestres para escuelas.

De acuerdo con los datos brindados por Mc Govern, ARSAT conecta satelitalmente alrededor de 1.845 establecimientos: unos 1.500 mediante ARSAT-1 y el resto a través de SES-17. Además, coordina la conectividad terrestre de aproximadamente 11.000 escuelas mediante operadores relacionados con la Red Federal de Fibra Óptica.

El funcionario aseguró que la empresa pública podría prestar servicios similares y cuestionó que no haya sido incorporada al nuevo proyecto.

Desde ARSAT sostienen, además, que el Estado nacional mantiene una deuda superior a USD 60 millones por servicios previamente proporcionados en establecimientos educativos. Esa cifra fue expresada por Mc Govern y no aparece respaldada en la resolución de ENACOM, por lo que corresponde presentarla como una afirmación de la empresa estatal y no como un monto oficialmente reconocido por el Gobierno.

El futuro SG-1 aparece en el fondo de la discusión

Mc Govern también puso sobre la mesa el proyecto SG-1, la nueva plataforma satelital con la que ARSAT pretende ampliar las capacidades de conectividad.

Según sostuvo, esa tecnología permitiría alcanzar prestaciones de hasta aproximadamente 50 Mbps en lugares remotos y mejorar considerablemente las capacidades que hoy ofrecen ARSAT-1 y ARSAT-2 en las escuelas más aisladas.

La discusión adquiere entonces una dimensión estratégica.

El Estado puede contratar tecnología privada internacional cuando resulte más eficiente, competitiva o adecuada. Pero tratándose de un país que posee una empresa satelital propia, infraestructura terrestre y capacidades tecnológicas desarrolladas durante años, la exclusión de ARSAT de una política nacional de conectividad educativa debería estar respaldada por una comparación técnica y económica verificable.

Starlink también aporta al fondo que financiará parte del programa

Existe otro punto particular en la arquitectura económica.

Starlink es licenciataria de servicios TIC en Argentina y, como las demás compañías alcanzadas, está sometida al régimen de aportes al Servicio Universal. La legislación establece una contribución equivalente al 1% de los ingresos alcanzados.

Según el anexo citado por Letra P, determinados costos de instalación que serán abonados mediante el Fondo podrían eventualmente computarse contra obligaciones de aporte de la propia empresa dentro del mecanismo regulatorio.

El medio sintetizó el mecanismo con una fórmula provocadora: Starlink “dona, cobra y compensa”.

Periodísticamente conviene formularlo con mayor precisión: la compañía aporta una donación al programa, puede recibir recursos por tareas incluidas en su implementación y existe un régimen regulatorio que permite computar determinadas inversiones contra obligaciones del Servicio Universal cuando son debidamente aprobadas.

La normativa vigente contempla precisamente instrumentos como los certificados de crédito de aporte al Servicio Universal para inversiones reconocidas dentro de proyectos aprobados.

Todavía no se conocen las 6.000 escuelas

Otro interrogante es territorial.

El Gobierno aún no difundió públicamente el listado completo de los 6.000 establecimientos que recibirán los kits ni cómo se distribuirán entre las provincias. Según el programa, la selección deberá ser comunicada por la Secretaría de Educación.

Esto será particularmente relevante para provincias extensas y con alta ruralidad, como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Salta o Jujuy, donde la conectividad satelital puede resolver problemas concretos en establecimientos alejados de las redes terrestres.

También deberá conocerse qué criterio priorizará el Gobierno:

cantidad de estudiantes,

distancia de la infraestructura existente,

ausencia total de conectividad,

calidad del servicio actual,

ubicación geográfica

o necesidades pedagógicas.

Sin ese mapa, todavía no puede evaluarse si los recursos se dirigirán efectivamente hacia las escuelas con mayores dificultades de conexión.

Córdoba ya eligió Starlink por su cuenta

La utilización de la tecnología de Musk en establecimientos educativos argentinos no comienza con este programa.

La provincia de Córdoba había anunciado durante 2025 la adquisición e instalación de 825 antenas Starlink para escuelas rurales, mientras San Juan desarrolló iniciativas similares en una escala menor.

Estas experiencias muestran una ventaja clara de la plataforma: su velocidad de despliegue.

Una antena puede instalarse en una escuela extremadamente remota sin esperar el tendido de cientos de kilómetros de fibra o infraestructura terrestre.

Ese atributo convierte a los sistemas de órbita baja en herramientas particularmente valiosas para resolver la denominada “última milla” en territorios de muy baja densidad poblacional.

La pregunta no es entonces si Starlink puede resultar útil. Puede serlo y mucho. La pregunta es bajo qué condiciones económicas y contractuales conviene utilizarlo.

Conectar escuelas es necesario; comparar alternativas también

El objetivo de llevar internet a establecimientos rurales difícilmente pueda ser cuestionado.

La conectividad permite acceso a plataformas educativas, capacitación docente, videollamadas, bibliotecas digitales, trámites administrativos y recursos que reducen parte de las desigualdades existentes entre escuelas urbanas y rurales.

La discusión aparece en el mecanismo utilizado para conseguirlo.

La Resolución 663 establece con claridad cuánto aporta Starlink y cuánto financiará el Fondo durante los primeros tres años.

Lo que todavía queda abierto es:

cuáles serán las 6.000 escuelas;

qué prestaciones mínimas tendrán garantizadas;

cuánto costará exactamente continuar desde el cuarto año;

qué margen tendrán las provincias para cambiar de proveedor;

por qué no se realizó una compulsa entre diferentes alternativas;

y bajo qué evaluación económica ARSAT quedó fuera del programa.

La discusión no debería ser Musk contra ARSAT

Reducir el debate a una confrontación ideológica entre Elon Musk y una empresa estatal argentina sería demasiado simple.

Una política pública de conectividad debería elegir la combinación que entregue mejor servicio, mayor cobertura y menor costo total para el Estado y las provincias, independientemente de si la tecnología pertenece a una empresa privada extranjera, a ARSAT o a una combinación de ambas.

Pero para demostrar que esa decisión es eficiente hacen falta números comparables.

Una donación puede ser conveniente y una empresa estatal también puede resultar más cara o tecnológicamente insuficiente. Lo que no puede faltar es una comparación transparente que permita saber por qué se eligió una alternativa y no otra.

El Gobierno consiguió una oferta capaz de instalar conectividad rápidamente en miles de escuelas. Starlink obtiene, al mismo tiempo, una presencia masiva dentro del sistema educativo rural argentino.

Los primeros dos años tendrán financiamiento privado. El tercero será sostenido dentro del programa del Fondo del Servicio Universal. Desde el cuarto, comenzará otra historia.

Y será allí, cuando la donación se convierta en factura, donde podrá conocerse el verdadero costo de esta política.