
El Gobierno cedió en el capítulo más polémico de la Ley de Tierras y modificó el proyecto antes del debate en el Senado
RedacciónEn un intento por asegurar los votos necesarios para avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo que regulaba la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión fue adoptada en la previa de la sesión convocada para este jueves en el Senado, luego de que dos gobernadores alineados con la Casa Rosada, Rolando Figueroa y Osvaldo Jaldo, manifestaran públicamente su rechazo a ese punto de la iniciativa.
La modificación se definió tras una reunión entre referentes del oficialismo y sectores aliados vinculados políticamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de destrabar las negociaciones y garantizar el tratamiento del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La falta de votos obligó al oficialismo a reformular el proyecto
El cambio respondió a las dificultades que enfrentaba el Gobierno para reunir los 37 votos necesarios para aprobar la norma en la Cámara alta.
Durante la jornada, los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, adelantaron que no acompañarían el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales, una postura que terminó inclinando la balanza en favor de su eliminación.
La decisión permitió desactivar el principal foco de conflicto del proyecto y mejorar las posibilidades de que la iniciativa avance en el recinto.
Qué establecía el capítulo eliminado
La versión original del proyecto mantenía la prohibición para que Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en el país.
Sin embargo, contemplaba una excepción para que personas jurídicas, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración y otras figuras societarias con participación estatal extranjera, directa o indirecta, pudieran acceder a esos inmuebles siempre que obtuvieran una doble autorización: la del Poder Ejecutivo Nacional y la de la provincia donde estuviera ubicado el terreno.
El texto también establecía que esa facultad no podría ser delegada por el Gobierno nacional en funcionarios con un rango inferior al de secretario de Estado.
Asimismo, fijaba que la titularidad de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras no podría superar, en conjunto, el 25% de la superficie rural de cada provincia.
Como mecanismo de control, la iniciativa disponía que toda operación de compra debía inscribirse en el registro inmobiliario provincial correspondiente, incorporando la identidad y nacionalidad del adquirente y, en caso de empresas con participación estatal extranjera, las autorizaciones emitidas por la Nación y la provincia.
La ley seguirá su tratamiento con otros cambios de fondo
Más allá de la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene otras modificaciones relevantes que serán debatidas este jueves en el Senado.
Entre ellas, se destacan cambios vinculados a las expropiaciones, la implementación de desalojos más expeditivos y la derogación de aspectos de la denominada Ley de Manejo del Fuego, sancionada durante la gestión anterior, que impedía durante décadas determinados usos sobre tierras afectadas por incendios.
La sesión también tendrá un debate reglamentario
La convocatoria al Senado para este jueves, prevista desde las 14 horas, también comenzará con una discusión sobre la modalidad de participación de algunos legisladores.
La senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó intervenir de manera virtual debido a un embarazo avanzado y una recomendación médica de reposo, pedido que fue autorizado administrativamente por la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque su aprobación definitiva dependerá del voto del pleno.
En tanto, el senador radical Flavio Fama también pidió participar bajo la misma modalidad.
La sesión estará presidida por Victoria Villarruel, quien además asumirá interinamente el Poder Ejecutivo cuando el presidente Javier Milei viaje a Ecuador.
Con la eliminación del capítulo más controvertido, el oficialismo apuesta a reducir la resistencia política y asegurar la aprobación de una de las iniciativas consideradas estratégicas dentro de su agenda de reformas.


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